Calatrava asegura que Camps autorizó el sobrecoste de su obra para Castellón.
Lorena Ortega
El arquitecto está imputado en el caso de la contratación del Centro de Convenciones
En su declaración, ha dicho que el expresidente validó un coste de 180 millones de euros
El contrato presupuestaba la obra en una tercera parte de este montante
Santiago Calatrava abandona los juzgados de Castellón acompañado por su abogado. / Ángel Sánchez
El arquitecto Santiago Calatrava
ha asegurado este martes en su declaración ante el juez que Francisco
Camps aseguró a los representantes de su despacho que el proyecto del
Centro de Convenciones de Castellón se realizaría en tres fases con un
coste total de 180 millones de euros, pese a que el contrato estipuló un
coste total aproximado de 60 millones.
Fuentes de la acción popular explican que el arquitecto ha declarado que la reunión en la que el expresidente validó este diseño se produjo a finales de 2009, poco después de que la sociedad de proyectos temáticos accediera a pagar los 2,7 millones de euros en honorarios a pesar de llevar casi un año pidiendo al arquitecto que se ajustara al proyecto de 60 millones.
Calatrava ha entrado este martes a las 9.40 en los juzgados de Castellón, acompañado por dos abogados, para ser interrogado en calidad de imputado por su proyecto para Castellón, encargado por la Generalitat (a través de su empresa pública Sociedad de Proyectos Temáticos, SPTCV). Este proyecto no llegó a ejecutarse pero el Consell pagó al proyectista 2,7 millones en concepto de honorarios por la redacción del plan maestro, el anteproyecto y el proyecto básico.
La declaración ha comenzado a las diez de la mañana.
El arquitecto, que no ha querido hacer declaraciones a su llegada a los juzgados, ha explicado en sede judicial que recibió una llamada de Francisco Camps poco antes de que presentara oficialmente la maqueta del proyecto, en un momento en que estaba en duda las dimensiones de la obra.
En esa llamada, Camps le pidió que hiciera algo muy emblemático para Castellón, que cambiara la imagen de la ciudad, y por eso él entendió que se optaba por el proyecto más grande.
El gabinete de prensa del arquitecto ha emitido un comunicado en el que explica que su trabajo se ciñó a lo establecido en el contrato.
El arquitecto, que solo ha respondido a las preguntas del juez, del fiscal y de su defensa, debía aclarar por qué presentó un proyecto que excedía los criterios que la Sociedad Proyectos Temáticos le fijó. Tras declarar durante una hora, Calatrava ha abandonado los juzgados sin querer tampoco hacer ningún comentario sobre su declaración.
Los técnicos y altos cargos de la Sociedad Proyectos Temáticos admitieron en varios escritos que el proyecto presentado no cumplía con los requisitos del contrato al sobrepasar en al menos 40 millones los 60 previstos para la primera fase.
El juez investiga, entre otros extremos que rodean este megaproyecto, por qué la Generalitat contrató al arquitecto a dedo y no mediante un concurso público.
El contrato, firmado en diciembre de 2007, recoge el interés del Consell para que el Centro de Convenciones sea realizado por Calatrava “por entender que la experiencia y prestigio nacional e internacional reconocidos dotará al edificio de características singulares propias, al tiempo que supondrá dotar a Castellón de un elemento arquitectónico de relevancia internacional”
. La Generalitat se acogió a un artículo de la ley de contrataciones en el sector público por el que se podía adjudicar directamente un proyecto en base a la “singularidad artística y arquitectónica” de la obra de Santiago Calatrava.
Pero el titular del juzgado ha reclamado a la empresa pública valenciana (en proceso de liquidación actualmente) que presente el informe técnico o la motivación que acredite la especificidad artística del proyecto que motivó esta contratación sin publicidad.
La acusación popular, que ejerce EU (grupo que llevó el caso a la fiscalía de Castellón en 2011, que lo archivó, pero que ha acabado siendo investigado por un tribunal por una carambola judicial) quiere aclarar por qué se hablaba ya en marzo de 2007, nueve meses antes, de que Calatrava iba a ser el encargado de la obra.
“Tiene que explicar por qué se le contrató a dedo y por qué modificó el proyecto unilateralmente, en contra de la SPTCV”, ha indicado este martes el diputado de EU Ignacio Blanco.
La principal incógnita es, de hecho, por qué el proyectista presentó un plan que excedía los 60 millones de euros “orientativos” que estableció el contrato. Calatrava achacó este aumento a la ampliación de la superficie.
De un solar de 17.000 metros cuadrados se pasó a otro de 60.000 primero y de 48.000 después, en base al programa de necesidades que habría establecido el Ayuntamiento de Castellón, según consta en varios documentos.
El arquitecto presentó la maqueta a mediados de 2008 en base al aumento de superficie
. Pocos meses después presentó el proyecto básico y fijó en cien millones de euros la construcción del Centro de Convenciones.
“Se expuso públicamente un proyecto grandioso que excedía todos los números citados anteriormente en cualquier declaración de intenciones o en cualquier listado de necesidades”, escribió Javier de Diego
. El técnico avisó de que Calatrava había asumido “unilateralmente” las características de la obra que llegó a estimar en 180 millones el proyecto completo.
A partir de entonces, los altos cargos y técnicos de la sociedad intercambiaron misivas con el despacho del proyectista para que éste corrigiera el proyecto y se ajustara a los 60 millones presupuestados
. Santiago Calatrava, por su parte, exigió el pago de los últimos 1,35 millones que faltaban para completar los 2,7 de honorarios y advirtió que presentaría una demanda por enriquecimiento injusto contra la Generalitat, que estaba haciendo uso de la maqueta.
Tras un cambio de la cúpula de la SPTCV, el arquitecto acabó cobrando a pesar de que la sociedad dejó constancia por escrito de que no aceptaba el proyecto básico y que el arquitecto debería ajustarse a los 60 millones una vez comenzara el proyecto de ejecución.
Los responsables de la sociedad advirtieron de que la ampliación de la superficie nunca fue aprobada oficialmente por el consejo de administración y, por ello, nunca debió sobrepasar los 17.000 metros (que tampoco se fijaron por contrato).
El Centro de Convenciones se paralizó a partir de entonces porque los tribunales anularon el proyecto urbanístico de Castellón que daba al Ayuntamiento la titularidad de los terrenos donde iba a ubicarse.
Fuentes de la acción popular explican que el arquitecto ha declarado que la reunión en la que el expresidente validó este diseño se produjo a finales de 2009, poco después de que la sociedad de proyectos temáticos accediera a pagar los 2,7 millones de euros en honorarios a pesar de llevar casi un año pidiendo al arquitecto que se ajustara al proyecto de 60 millones.
Calatrava ha entrado este martes a las 9.40 en los juzgados de Castellón, acompañado por dos abogados, para ser interrogado en calidad de imputado por su proyecto para Castellón, encargado por la Generalitat (a través de su empresa pública Sociedad de Proyectos Temáticos, SPTCV). Este proyecto no llegó a ejecutarse pero el Consell pagó al proyectista 2,7 millones en concepto de honorarios por la redacción del plan maestro, el anteproyecto y el proyecto básico.
La declaración ha comenzado a las diez de la mañana.
El arquitecto, que no ha querido hacer declaraciones a su llegada a los juzgados, ha explicado en sede judicial que recibió una llamada de Francisco Camps poco antes de que presentara oficialmente la maqueta del proyecto, en un momento en que estaba en duda las dimensiones de la obra.
En esa llamada, Camps le pidió que hiciera algo muy emblemático para Castellón, que cambiara la imagen de la ciudad, y por eso él entendió que se optaba por el proyecto más grande.
El gabinete de prensa del arquitecto ha emitido un comunicado en el que explica que su trabajo se ciñó a lo establecido en el contrato.
El arquitecto, que solo ha respondido a las preguntas del juez, del fiscal y de su defensa, debía aclarar por qué presentó un proyecto que excedía los criterios que la Sociedad Proyectos Temáticos le fijó. Tras declarar durante una hora, Calatrava ha abandonado los juzgados sin querer tampoco hacer ningún comentario sobre su declaración.
Los técnicos y altos cargos de la Sociedad Proyectos Temáticos admitieron en varios escritos que el proyecto presentado no cumplía con los requisitos del contrato al sobrepasar en al menos 40 millones los 60 previstos para la primera fase.
El juez investiga, entre otros extremos que rodean este megaproyecto, por qué la Generalitat contrató al arquitecto a dedo y no mediante un concurso público.
El contrato, firmado en diciembre de 2007, recoge el interés del Consell para que el Centro de Convenciones sea realizado por Calatrava “por entender que la experiencia y prestigio nacional e internacional reconocidos dotará al edificio de características singulares propias, al tiempo que supondrá dotar a Castellón de un elemento arquitectónico de relevancia internacional”
. La Generalitat se acogió a un artículo de la ley de contrataciones en el sector público por el que se podía adjudicar directamente un proyecto en base a la “singularidad artística y arquitectónica” de la obra de Santiago Calatrava.
Pero el titular del juzgado ha reclamado a la empresa pública valenciana (en proceso de liquidación actualmente) que presente el informe técnico o la motivación que acredite la especificidad artística del proyecto que motivó esta contratación sin publicidad.
La acusación popular, que ejerce EU (grupo que llevó el caso a la fiscalía de Castellón en 2011, que lo archivó, pero que ha acabado siendo investigado por un tribunal por una carambola judicial) quiere aclarar por qué se hablaba ya en marzo de 2007, nueve meses antes, de que Calatrava iba a ser el encargado de la obra.
“Tiene que explicar por qué se le contrató a dedo y por qué modificó el proyecto unilateralmente, en contra de la SPTCV”, ha indicado este martes el diputado de EU Ignacio Blanco.
La principal incógnita es, de hecho, por qué el proyectista presentó un plan que excedía los 60 millones de euros “orientativos” que estableció el contrato. Calatrava achacó este aumento a la ampliación de la superficie.
De un solar de 17.000 metros cuadrados se pasó a otro de 60.000 primero y de 48.000 después, en base al programa de necesidades que habría establecido el Ayuntamiento de Castellón, según consta en varios documentos.
El arquitecto presentó la maqueta a mediados de 2008 en base al aumento de superficie
. Pocos meses después presentó el proyecto básico y fijó en cien millones de euros la construcción del Centro de Convenciones.
“Se expuso públicamente un proyecto grandioso que excedía todos los números citados anteriormente en cualquier declaración de intenciones o en cualquier listado de necesidades”, escribió Javier de Diego
. El técnico avisó de que Calatrava había asumido “unilateralmente” las características de la obra que llegó a estimar en 180 millones el proyecto completo.
A partir de entonces, los altos cargos y técnicos de la sociedad intercambiaron misivas con el despacho del proyectista para que éste corrigiera el proyecto y se ajustara a los 60 millones presupuestados
. Santiago Calatrava, por su parte, exigió el pago de los últimos 1,35 millones que faltaban para completar los 2,7 de honorarios y advirtió que presentaría una demanda por enriquecimiento injusto contra la Generalitat, que estaba haciendo uso de la maqueta.
Tras un cambio de la cúpula de la SPTCV, el arquitecto acabó cobrando a pesar de que la sociedad dejó constancia por escrito de que no aceptaba el proyecto básico y que el arquitecto debería ajustarse a los 60 millones una vez comenzara el proyecto de ejecución.
Los responsables de la sociedad advirtieron de que la ampliación de la superficie nunca fue aprobada oficialmente por el consejo de administración y, por ello, nunca debió sobrepasar los 17.000 metros (que tampoco se fijaron por contrato).
El Centro de Convenciones se paralizó a partir de entonces porque los tribunales anularon el proyecto urbanístico de Castellón que daba al Ayuntamiento la titularidad de los terrenos donde iba a ubicarse.
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