Miguel Blesa, a su salida de la Audiencia Nacional el jueves. / bernardo pérez
El escándalo de las tarjetas opacas
de Caja Madrid y Bankia, que utilizaron sin control 82 consejeros y
directivos de ambas entidades entre 1999 y 2012, está salpicado de
episodios de oscurantismo interno y ocultación a las autoridades
externas, según los documentos incorporados al sumario abierto en la
Audiencia Nacional.
El despilfarro de fondos con cargo a esas tarjetas, creadas por el presidente Jaime Terceiro a finales de los años ochenta para “gastos de representación” de consejeros y directivos, se triplicó sin justificación aparente durante el mandato de Miguel Blesa (1996-2010), y se duplicó al llegar Rodrigo Rato (2010-2012).
En 1999, tres años después de la llegada de Blesa a la presidencia de Caja Madrid, los consejeros tenían un límite de gasto mensual de 900 euros que pasó un año después a 1.250.
En 2003, los consejeros firmaron nuevos contratos de sus tarjetas que limitaban el gasto a 2.500 euros.
Cuando Rato sucedió a Blesa, los nuevos consejeros que entraron en Caja Madrid firmaron sus correspondientes contratos de las visas con un límite de 6.000 euros al mes.
De todos estos gastos autorizados por los responsables de Caja Madrid no queda constancia en las actas del consejo de administración de la entidad incorporadas al sumario
. Exconsejeros señalan que al tratarse de un tema delicado no figuraba en el documento del consejo, aunque se hubiera tratado.
Hay una mínima referencia, sin establecer cuantías, en un consejo de administración celebrado a finales de 1995, con Jaime Terceiro de presidente.
En ese documento oficial se detalla que el presidente tomó la palabra para informar sobre las dietas de consejeros y los gastos en general. Terceiro comentó que la tarjeta visa de empresa que poseían los miembros de la comisión de control y los del consejo era “exclusivamente para los gastos de representación”
. Este criterio coincide con los Estatutos de la caja, que dicen que los gastos deben estar relacionados con la actividad empresarial y se deben documentar para cobrarlos.
Las actas de Caja Madrid fueron citadas en las declaraciones que realizó Miguel Blesa ante el juez Andreu como argumento principal de su defensa.
Según comentó en la Audiencia, hay una comisión ejecutiva en mayo de 1988 en la que se discute el problema de las retribuciones porque las dietas estaban limitadas por el Banco de España.
Blesa, explicó, según fuentes presentes en el interrogatorio, que el 24 de mayo de 1988, para resolver el problema de lo poco que cobraban los consejeros, se encontró una solución mediante la tarjeta de gastos.
También dijo que esto vuelve a aparecer en un acta de 1994 que distingue gastos de representación frente a otros gastos que podían tener los consejeros.
Los contratos de las tarjetas que firmaron los consejeros demuestran que fue la llegada de Blesa la que disparó los límites de gasto con las visas y la falta de control sobre los mismos.
La sospecha sobre los pagos a los consejeros está presente desde el principio en la querella presentada por UPyD por el caso Bankia en junio de 2012.
El 4 de julio de 2012, el magistrado solicitó a todas las cajas que se habían fusionado en Bankia, entre ellas Caja Madrid, información de las retribuciones cobradas por directivos y consejeros.
Lo hizo a través de un escrito en el que detallaba así su petición: “Desglose de las retribuciones de cualquier naturaleza abonadas a los miembros del consejo de administración, comité de dirección y personal de alta dirección de la entidad desde el 1 de enero de 2007 hasta la fecha, inclusive sueldo, obligaciones contraídas en materia de pensiones, primas de seguros y dietas”.
El 17 de agosto de 2012, apenas un mes y medio después de su petición, el juez Andreu recibió un informe de 63 páginas de Bankia en el que figuraban las retribuciones de consejeros y directivos de Caja Madrid y Bankia por múltiples conceptos.
En esa relación no figura en ningún caso el gasto en tarjetas que tanto Blesa como Rato han atribuido a una retribución complementaria que recibían a través de las visas.
Fuentes de Bankia indicaron a EL PAÍS que enviaron al juez toda la información que tenían entonces. “En aquella fecha desconocíamos todo lo referente a las tarjetas opacas, por eso no se incluyeron en la respuesta al juez, como tampoco se enviaron a la CNMV en el informe de gobierno corporativo ni aparecen en la memoria del ejercicio”, señalan estas fuentes
. El juez sólo tuvo conocimiento del despilfarro sin control con las tarjetas opacas en octubre de 2014, dos años después de que solicitase esa información
. Según Bankia, todo empezó en diciembre de 2013 cuando eldiario.es publicó un correo de Blesa (de los que había pedido el juez Elpidio Silva) en el que hablaba de unas tarjetas black a efectos fiscales para los consejeros.
Eran palabras de Enrique de la Torre, ex secretario general del consejo de Caja Madrid, lo que disparó las alarmas de Bankia.
La entidad encargó un informe a la auditora interna que contó con la ayuda de la firma norteamericana Herber Smith.
Se rastrearon todas las cuentas de gastos hasta encontrar el problema: por un lado, los gastos personales de los consejeros y miembros de la comisión de control se mezclaban con los de representación en la cuenta “Gastos de órganos de Gobierno”
. Por otro, las cuentas de las tarjetas de los directivos se apuntaban manualmente en la partida “Administración Circular 50/99”, prevista para problemas que tenían los clientes con los cajeros, así como hurtos y otros quebrantos.
Blesa y Rato sostuvieron que esto ya se hacía antes de su llegada y ellos lo mantuvieron.
En el “Informe anual de Gobierno Corporativo de Caja Madrid” correspondiente a 2008, la entidad asegura que la comisión de retribuciones se encarga de informar al consejo de administración de la política general de retribuciones e incentivos a los consejeros y directivos, además de “informar sobre cuantas cuestiones se sometan a la misma por el presidente de Caja Madrid en materia de sistema retributivo y compensativo, cuantías y actualizaciones”.
Unas páginas después ese informe da cuenta de las remuneraciones percibidas por “el personal clave de la dirección y los miembros del consejo de administración”.
Las cantidades que señala son la suma de todas las recibidas por consejeros y directivos como “sueldo”.
Pero tampoco dan cuenta en ese informe interno del dinero recibido a través del gasto que hacían de las tarjetas opacas.
El despilfarro de fondos con cargo a esas tarjetas, creadas por el presidente Jaime Terceiro a finales de los años ochenta para “gastos de representación” de consejeros y directivos, se triplicó sin justificación aparente durante el mandato de Miguel Blesa (1996-2010), y se duplicó al llegar Rodrigo Rato (2010-2012).
En 1999, tres años después de la llegada de Blesa a la presidencia de Caja Madrid, los consejeros tenían un límite de gasto mensual de 900 euros que pasó un año después a 1.250.
En 2003, los consejeros firmaron nuevos contratos de sus tarjetas que limitaban el gasto a 2.500 euros.
Cuando Rato sucedió a Blesa, los nuevos consejeros que entraron en Caja Madrid firmaron sus correspondientes contratos de las visas con un límite de 6.000 euros al mes.
De todos estos gastos autorizados por los responsables de Caja Madrid no queda constancia en las actas del consejo de administración de la entidad incorporadas al sumario
. Exconsejeros señalan que al tratarse de un tema delicado no figuraba en el documento del consejo, aunque se hubiera tratado.
Hay una mínima referencia, sin establecer cuantías, en un consejo de administración celebrado a finales de 1995, con Jaime Terceiro de presidente.
En ese documento oficial se detalla que el presidente tomó la palabra para informar sobre las dietas de consejeros y los gastos en general. Terceiro comentó que la tarjeta visa de empresa que poseían los miembros de la comisión de control y los del consejo era “exclusivamente para los gastos de representación”
. Este criterio coincide con los Estatutos de la caja, que dicen que los gastos deben estar relacionados con la actividad empresarial y se deben documentar para cobrarlos.
Las actas de Caja Madrid fueron citadas en las declaraciones que realizó Miguel Blesa ante el juez Andreu como argumento principal de su defensa.
Según comentó en la Audiencia, hay una comisión ejecutiva en mayo de 1988 en la que se discute el problema de las retribuciones porque las dietas estaban limitadas por el Banco de España.
Blesa, explicó, según fuentes presentes en el interrogatorio, que el 24 de mayo de 1988, para resolver el problema de lo poco que cobraban los consejeros, se encontró una solución mediante la tarjeta de gastos.
También dijo que esto vuelve a aparecer en un acta de 1994 que distingue gastos de representación frente a otros gastos que podían tener los consejeros.
Los contratos de las tarjetas que firmaron los consejeros demuestran que fue la llegada de Blesa la que disparó los límites de gasto con las visas y la falta de control sobre los mismos.
La sospecha sobre los pagos a los consejeros está presente desde el principio en la querella presentada por UPyD por el caso Bankia en junio de 2012.
El 4 de julio de 2012, el magistrado solicitó a todas las cajas que se habían fusionado en Bankia, entre ellas Caja Madrid, información de las retribuciones cobradas por directivos y consejeros.
Lo hizo a través de un escrito en el que detallaba así su petición: “Desglose de las retribuciones de cualquier naturaleza abonadas a los miembros del consejo de administración, comité de dirección y personal de alta dirección de la entidad desde el 1 de enero de 2007 hasta la fecha, inclusive sueldo, obligaciones contraídas en materia de pensiones, primas de seguros y dietas”.
El 17 de agosto de 2012, apenas un mes y medio después de su petición, el juez Andreu recibió un informe de 63 páginas de Bankia en el que figuraban las retribuciones de consejeros y directivos de Caja Madrid y Bankia por múltiples conceptos.
En esa relación no figura en ningún caso el gasto en tarjetas que tanto Blesa como Rato han atribuido a una retribución complementaria que recibían a través de las visas.
Fuentes de Bankia indicaron a EL PAÍS que enviaron al juez toda la información que tenían entonces. “En aquella fecha desconocíamos todo lo referente a las tarjetas opacas, por eso no se incluyeron en la respuesta al juez, como tampoco se enviaron a la CNMV en el informe de gobierno corporativo ni aparecen en la memoria del ejercicio”, señalan estas fuentes
. El juez sólo tuvo conocimiento del despilfarro sin control con las tarjetas opacas en octubre de 2014, dos años después de que solicitase esa información
. Según Bankia, todo empezó en diciembre de 2013 cuando eldiario.es publicó un correo de Blesa (de los que había pedido el juez Elpidio Silva) en el que hablaba de unas tarjetas black a efectos fiscales para los consejeros.
Eran palabras de Enrique de la Torre, ex secretario general del consejo de Caja Madrid, lo que disparó las alarmas de Bankia.
La entidad encargó un informe a la auditora interna que contó con la ayuda de la firma norteamericana Herber Smith.
Se rastrearon todas las cuentas de gastos hasta encontrar el problema: por un lado, los gastos personales de los consejeros y miembros de la comisión de control se mezclaban con los de representación en la cuenta “Gastos de órganos de Gobierno”
. Por otro, las cuentas de las tarjetas de los directivos se apuntaban manualmente en la partida “Administración Circular 50/99”, prevista para problemas que tenían los clientes con los cajeros, así como hurtos y otros quebrantos.
Blesa y Rato sostuvieron que esto ya se hacía antes de su llegada y ellos lo mantuvieron.
En el “Informe anual de Gobierno Corporativo de Caja Madrid” correspondiente a 2008, la entidad asegura que la comisión de retribuciones se encarga de informar al consejo de administración de la política general de retribuciones e incentivos a los consejeros y directivos, además de “informar sobre cuantas cuestiones se sometan a la misma por el presidente de Caja Madrid en materia de sistema retributivo y compensativo, cuantías y actualizaciones”.
Unas páginas después ese informe da cuenta de las remuneraciones percibidas por “el personal clave de la dirección y los miembros del consejo de administración”.
Las cantidades que señala son la suma de todas las recibidas por consejeros y directivos como “sueldo”.
Pero tampoco dan cuenta en ese informe interno del dinero recibido a través del gasto que hacían de las tarjetas opacas.
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