ATLAS
. La duquesa de Palma, según una investigación judicial que acumula 32.000 folios de documentación, se benefició de los negocios ilegales de su marido con las admistraciones públicas, cuyos beneficios iban a una empresa, Aizoon, cuya propiedad compartían ambos al 50%.
Así lo dice el juez, que ha hecho público esta mañana el auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado, paso previo a la apertura de la vista oral.
Castro imputa a Iñaki Urdangarin ocho delitos: malversación, prevaricación, falsedad documental, tráfico de influencias, falsificación, estafa, fraude a la Administración y dos delitos fiscales.
"Hay sobrados indicios de que doña Cristina de Borbón y Grecia ha intervenido, de una parte, lucrándose en su propio beneficio y, de otra, facilitando los medios para que lo hiciera su marido, mediante la colaboración silenciosa de su 50% del capital social, de los fondos ílíticamente ingresados en la entidad mercantil Aizóon", asegura el auto. Los delitos que se le imputan a la Infanta están tipificados en los artículos 301 y 305 del Código Penal. En el primer caso, si la deuda contraída con Hacienda supera los 120.000 euros pero es inferior a 600.000, la pena que recoge el Código Penal va de uno a cinco años de prisión. El delito de blanqueo está penado con cárcel de seis meses a seis años.
El juez, que quiere sentar en el banquillo a la infanta, mantiene la imputación sobre 16 de las 32 personas implicadas en la causa, muchos de ellos pertenecientes a la trama empresarial montada por Urdangarin y su socio, Diego Torres,y otros ex altos cargos de administraciones que adjudicaron a dedo los contratos al Instituto Nóos.
En los procedimientos abreviados no existe auto de procesamiento, que sólo está previsto para las causas que se llevan por el sistema de sumario –cuando las penas por los delitos cometidos superan los nueve años de cárcel-.
Pero los efectos del auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado, el comunicado hoy por el juez José Castro donde mantiene la imputación a Cristina de Bordón, son idénticos
. El juez, tras su investigación judicial, sostiene que hay suficientes indicios de delito en la actuación de la persona imputada para llevarla a juicio.
La lista de imputados incluye al expresidente del Gobierno balear, Jaume Matas y los exaltos cargos del Gobierno balear Pepote Ballester, Gonzalo Bernal, Juan Carlos Alía, Miguel Ángel Bonet. También están imputados el exsocio de Iñaki Urdangarin, su esposa Ana María Teijeiro y sus hermanos Miguel y Marco. De la Generalitat Valenciana han sido imputados los exaltos cargos Luis Lobón, José Miguel Aguilar, Jorge Vela y Elisa Maldonado
. La lista se completa con la exconsejera delegada de Madrid 2016, Mercedes Coghen.
Urdangarin y su socio cobraron más de seis millones de euros a los Gobiernos de Baleares y Comunidad Valenciana por organizar eventos en los que apenas gastaron dos millones de euros. Recibieron los contratos a través del Instituto Nóos, que se presentaba bajo la apariencia de una entidad sin ánimo de lucro.
Sin embargo, el Instituto Nóos desviaba el dinero público conseguido por esta vía hacia empresas privadas propiedad de Urdangarin y Diego Torres
. Una de esas empresas era Aizoon, cuyos propietarios eran Cristina de Borbón y su esposo
. A través de esta empresa, el matrimonio gastó dinero para cuestiones particulares que hacían pasar ante Hacienda como gastos propios de la actividad de la entidad mercantil.
La decisión del juez de sentar en el banquillo a los Duques de Palma será recurrida por la defensa de ambos, por la Fiscalía y por la Abogacía del Estado ante la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, que ya decidió hace más de un año anular la imputación de la infanta y pedir al juez que profundizase en sus investigaciones.
El caso Nóos arranca de un hallazgo casual durante la investigación del caso Palma Arena, abierto a raíz de una denuncia del Gobierno balear presidido por el socialista Francesc Antich ante el sobreprecio detectado en las obras de un polideportivo, que pasó de 48 millones, precio de licitación, a más de 110 millones de euros.
En uno de los registros ordenados por el juez, encontraron documentación que hacía referencia a los convenios que el Gobierno balear firmaba con el Instituto Nóos para la organización de eventos sobre turismo y deporte.
Al tirar de ese hilo, el juez Castro y el fiscal Pedro Horrach descubrieron la trama empresarial que montaron Urdangarín y Torres para defraudar, malversar caudales públicos, y apropiarse indebidamente del dinero de las administraciones, según la investigación judicial.
Tres años después de la investigación abierta a raíz de aquel hallazgo casual, que no tenía nada que ver con el objeto de las pesquisas sobre un polideportivo que se disparó de precio, los duques de Palma están a un paso del banquillo.
El daño a la imagen y el prestigio de la familia real ha sido enorme, hasta el punto que su nota en las encuestas del CIS ha caído hasta el 3,72 cuando llegó a superar el 7.
El rey saliente, Juan Carlos I, llegó a involucrarse en buscar una solución a los sospechosos negocios de su yerno al ordenarle abandonar el instituto Nóos en 2006, cuando los grupos de la oposición en el parlamento balear se empezaron a preocupar por los contratos a dedo que le adjudicaba el Gobierno de Jaume Matas (PP).
Tras conocerse la noticia este miércoles, la Casa del Rey ha expresado su "pleno respeto a la independencia del poder judicial".
El juez ve "sobrados indicios" de que doña Cristina se lucró
El auto del juez Castro no deja dudas sobre la intervención de la hermana del Rey: "Hay sobrados indicios de que doña Cristina de Borbón y Grecia ha intervenido, de una parte, lucrándose en su propio beneficio y, de otra, facilitando los medios para que lo hiciera su marido, mediante la colaboración silenciosa de su 50% del capital social, de los fondos ílíticamente ingresados en la entidad mercantil Aizóon, procedentes de los lucrados por la Asociación Instituto Nóos de InvestigaciónAplicada a costa de las arcas públicas de las comunidades Valenciana y de Les Illes Balears a través de las facturaciones que emitió contra la Asociación Instituto Nóos para el vaciado de sus fondos que, además de ilícitos, no podría explícitamente repartir por aparentar ser una entidad sin ánimo de lucro y que la propia Agencia Tributaria reputa falsas, ya que con posterioridad al 20 de marzo de 2006, ese dinero seguía estando en sus arcas".
El magistrado considera que "no queda ahí el origen de los fondos ilítitamente blanqueados", ya que, aunque "acabaran desterrándose", los indicios que pesan sobre la hermana del Rey sobre su participación en los supuestos delitos fiscales cometidos por su marido, "saldría entonces inevitablemente a escena el delito de blanqueo", que "sí podría haber cometido respecto del dinero que su marido habría obtenido".
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