James Daniel, responsable de la misión para España del FMI, y Paulo Medas, economistas del organismo / Álvaro García
Más recaudación a los impuestos que gravan el consumo, una rebaja a
los que pagan las empresas y pocas modificaciones en el IRPF
. Esa es la propuesta de reforma fiscal para España que los técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI) han hecho esta mañana en Madrid en el marco de la llamada Consulta del Capítulo IV, que es una suerte de revisión y batería de recomendaciones para las economías de cada país.
“Hay margen para aumentar los ingresos de la tributación indirecta.
Aumentar los impuestos especiales, los medioambientales y reducir gradualmente el tratamiento preferencial en el IVA (reclasificar productos con tipo reducido del 10% al general del 21%) permitiría alinear el esfuerzo recaudador de España con el de otros socios europeos.
Esto tiene que venir acompañado de medidas claramente identificadas para proteger a los más vulnerables”, señala el documento resumen de los hombres de negro.
“Hay margen para reducir gradualmente el tipo del impuesto de sociedades para fomentar el crecimiento (aunque no hasta el 20%, que está por debajo de la media de la UE).
Sin embargo, dada la necesidad de mantener el nivel de ingresos públicos y preservar la progresividad, hay menor margen para reducir significativamente los tipos máximos del IRPF (en el 52%, entre los más altos de Europa)”, añade después, si bien apunta la necesidad de reducir también las deducciones y las exenciones para aumentar la base de recaudación.
Paradójicamente, el Fondo pide más impuestos indirectos y menos directos —para las empresas— en un momento en el también está poniendo el foco en el aumento de las desigualdades.
También la semana pasada el organismo criticó el nuevo salario mínimo establecido en Alemania. Aunque en el caso de España, la recaudación de España por IVA por debajo de la media de la zona euro y no solo el FMI, sino también la Comisión Europea, han pedido al Gobierno de Mariano Rajoy que, aunque mantenga los tipos, cambie la clasificación de los tramos de algunos productos para aumentar su gravamen.
El Gobierno, en cambio, se ha mostrado claramente contrario a esta opción.
El organismo que dirige Christine Lagarde presenta sus recomendaciones para España dos días después de unas elecciones europeas que en España han supuesto fuerte varapalo a los dos grandes partidos, el Partido Popular y el PSOE, que en los últimos años han aplicado fuertes recortes bajo el mandato de la troika y con el fin de embridar las cuentas públicas.
Pero, si fue el Fondo uno de los principales defensores de que Bruselas diera al Gobierno de Rajoy más tiempo para reducir el déficit, de forma que la austeridad no lastrara tanto el crecimiento, también es una voz potente a favor de otra vuelta de tuerca a la reforma laboral.
. “Mejorar la capacidad de las empresas individuales para adaptar la remuneración de los trabajadores a sus condiciones específicas permitiría alinear mejor la productividad a los salarios y ayudaría a las empresas en dificultades”, dice el Fondo.
Además, los técnicos piden incentivos fiscales para que las empresas puedan contratar a empleados de baja cualificación, un gran problema en España debido a todos los descolgados del sector del ladrillo que no han encontrado un trabajo en otros sectores, así como medidas que mejoren si formación y capacidades y la creación de un portal único de empleo.
El Fondo también pide más medidas que faciliten la reestructuración de deudas de las empresas con viabilidad productiva, para evitar la suspensión de pagos, más allá de la última reforma del Gobierno en este sentido, al reclamar que Hacienda y la Seguridad Social también puedan condonar parte de las deudas.
“El Gobierno debería participar también, por ejemplo, permitiendo que las deudas tributarias y ante la seguridad social sean reestructuradas a niveles sostenibles si otros acreedores hacen lo mismo, sin dañar el cumplimiento de las obligaciones fiscales”, apuntan.
Sin embargo, fuentes del Ministerio de Economía explicaron en su momento, cuando se impulsó la reforma, que el hecho de no poder asumir los compromisos con Hacienda y la Seguridad Social era un buen indicio para determinar si la empresa era operativamente viable.
Hay peticiones en este terreno para las insolvencias personales, muchas derivadas de pequeños empresarios, para los que el Fondo pide un mecanismo de borrón y cuenta nueva. “Se podría considerar introducir un marco de insolvencia personal que permitiera a los deudores insolventes un “fresh-start” después de haber entregado sus activos embargables y tras un periodo considerable de esfuerzo de buena fe para hacer frente a sus deudas pendientes”, señala el documento de consulta.
“Para apoyar la recuperación, los bancos deberían continuar aumentando sus niveles de capital, entre otras medidas limitando los dividendos en efectivo y los bonus, así como reduciendo costes”, apunta el informe.
Hay otros riesgos además de la sequía crediticia. España es considerada por el FMI como el país con mayor riesgo de caer en deflación, es decir, de sufrir un descenso generalizado y persistente de los precios que frena las decisiones de compra y acaba por bloquear la economía. Se trata, para el Fondo, del único de la unión monetaria con un “riesgo alto” de sufrir este fenómenos, que podría dinamitar la ya de por sí lenta salida de la crisis, según el informe de primavera de la institución.
El Gobierno español lo rechazó de plano.
“Lo que hay es una situación de baja inflación, que todavía no ha afectado a las expectativas de los agentes económicos, que tiene ventajas”, señaló el ministro de Economía en el marco de las reuniones del FMI de abril. Las alertas del Fondo para la zona euro servían, en cualquier caso, para presionar al Banco Central Europeo (BCE) para que impulse políticas monetarias más expansivas.
Hoy lo ha reiterado abiertamente:
“El personal del FMI ha recomendado una mayor flexibilización monetaria por parte del BCE para lograr su objetivo de estabilidad de precios y para apoyar la demanda, al mismo tiempo que se reduce la fragmentación financiera”.
. Esa es la propuesta de reforma fiscal para España que los técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI) han hecho esta mañana en Madrid en el marco de la llamada Consulta del Capítulo IV, que es una suerte de revisión y batería de recomendaciones para las economías de cada país.
“Hay margen para aumentar los ingresos de la tributación indirecta.
Aumentar los impuestos especiales, los medioambientales y reducir gradualmente el tratamiento preferencial en el IVA (reclasificar productos con tipo reducido del 10% al general del 21%) permitiría alinear el esfuerzo recaudador de España con el de otros socios europeos.
Esto tiene que venir acompañado de medidas claramente identificadas para proteger a los más vulnerables”, señala el documento resumen de los hombres de negro.
“Hay margen para reducir gradualmente el tipo del impuesto de sociedades para fomentar el crecimiento (aunque no hasta el 20%, que está por debajo de la media de la UE).
Sin embargo, dada la necesidad de mantener el nivel de ingresos públicos y preservar la progresividad, hay menor margen para reducir significativamente los tipos máximos del IRPF (en el 52%, entre los más altos de Europa)”, añade después, si bien apunta la necesidad de reducir también las deducciones y las exenciones para aumentar la base de recaudación.
Paradójicamente, el Fondo pide más impuestos indirectos y menos directos —para las empresas— en un momento en el también está poniendo el foco en el aumento de las desigualdades.
También la semana pasada el organismo criticó el nuevo salario mínimo establecido en Alemania. Aunque en el caso de España, la recaudación de España por IVA por debajo de la media de la zona euro y no solo el FMI, sino también la Comisión Europea, han pedido al Gobierno de Mariano Rajoy que, aunque mantenga los tipos, cambie la clasificación de los tramos de algunos productos para aumentar su gravamen.
El Gobierno, en cambio, se ha mostrado claramente contrario a esta opción.
El organismo que dirige Christine Lagarde presenta sus recomendaciones para España dos días después de unas elecciones europeas que en España han supuesto fuerte varapalo a los dos grandes partidos, el Partido Popular y el PSOE, que en los últimos años han aplicado fuertes recortes bajo el mandato de la troika y con el fin de embridar las cuentas públicas.
Pero, si fue el Fondo uno de los principales defensores de que Bruselas diera al Gobierno de Rajoy más tiempo para reducir el déficit, de forma que la austeridad no lastrara tanto el crecimiento, también es una voz potente a favor de otra vuelta de tuerca a la reforma laboral.
Rebaja de salarios
Esta vez, de forma algo enrevesada, plantea que las empresas tengan más facilidades para rebajar los sueldos de su plantilla cuando afronte dificultades económicas, lo que significaría ir más allá en los cambios introducidos en la negociación colectiva. “Mejorar la capacidad de las empresas individuales para adaptar la remuneración de los trabajadores a sus condiciones específicas permitiría alinear mejor la productividad a los salarios y ayudaría a las empresas en dificultades”, dice el Fondo.
Además, los técnicos piden incentivos fiscales para que las empresas puedan contratar a empleados de baja cualificación, un gran problema en España debido a todos los descolgados del sector del ladrillo que no han encontrado un trabajo en otros sectores, así como medidas que mejoren si formación y capacidades y la creación de un portal único de empleo.
El Fondo también pide más medidas que faciliten la reestructuración de deudas de las empresas con viabilidad productiva, para evitar la suspensión de pagos, más allá de la última reforma del Gobierno en este sentido, al reclamar que Hacienda y la Seguridad Social también puedan condonar parte de las deudas.
“El Gobierno debería participar también, por ejemplo, permitiendo que las deudas tributarias y ante la seguridad social sean reestructuradas a niveles sostenibles si otros acreedores hacen lo mismo, sin dañar el cumplimiento de las obligaciones fiscales”, apuntan.
Sin embargo, fuentes del Ministerio de Economía explicaron en su momento, cuando se impulsó la reforma, que el hecho de no poder asumir los compromisos con Hacienda y la Seguridad Social era un buen indicio para determinar si la empresa era operativamente viable.
Hay peticiones en este terreno para las insolvencias personales, muchas derivadas de pequeños empresarios, para los que el Fondo pide un mecanismo de borrón y cuenta nueva. “Se podría considerar introducir un marco de insolvencia personal que permitiera a los deudores insolventes un “fresh-start” después de haber entregado sus activos embargables y tras un periodo considerable de esfuerzo de buena fe para hacer frente a sus deudas pendientes”, señala el documento de consulta.
Alto endeudamiento privado
El Fondo está muy preocupado por el alto endeudamiento privado –el de familias y empresas- y como este está lastrado la reactivación económica, por eso pide actuaciones que aceleren el proceso de despalancamiento y, al mismo tiempo, faciliten el crédito a los proyectos viables.“Para apoyar la recuperación, los bancos deberían continuar aumentando sus niveles de capital, entre otras medidas limitando los dividendos en efectivo y los bonus, así como reduciendo costes”, apunta el informe.
Hay otros riesgos además de la sequía crediticia. España es considerada por el FMI como el país con mayor riesgo de caer en deflación, es decir, de sufrir un descenso generalizado y persistente de los precios que frena las decisiones de compra y acaba por bloquear la economía. Se trata, para el Fondo, del único de la unión monetaria con un “riesgo alto” de sufrir este fenómenos, que podría dinamitar la ya de por sí lenta salida de la crisis, según el informe de primavera de la institución.
El Gobierno español lo rechazó de plano.
“Lo que hay es una situación de baja inflación, que todavía no ha afectado a las expectativas de los agentes económicos, que tiene ventajas”, señaló el ministro de Economía en el marco de las reuniones del FMI de abril. Las alertas del Fondo para la zona euro servían, en cualquier caso, para presionar al Banco Central Europeo (BCE) para que impulse políticas monetarias más expansivas.
Hoy lo ha reiterado abiertamente:
“El personal del FMI ha recomendado una mayor flexibilización monetaria por parte del BCE para lograr su objetivo de estabilidad de precios y para apoyar la demanda, al mismo tiempo que se reduce la fragmentación financiera”.
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