El Ejecutivo presenta los detalles de su plan para ahorrar 50.000 millones en tres años
Anuncia recortes en sanidad y se reducirán los efectivos de la mayoría de ministerios
“No podemos vivir por encima de nuestras posibilidades", advierte Manuel Valls.
Valls, tercero por la izquierda, junto a los miembros de su gabinete tras el consejo de ministros. / PHILIPPE WOJAZER (REUTERS)
Presionado por Bruselas y por Berlín para cumplir con los plazos de reducción del déficit, el flamante primer ministro francés, Manuel Valls,
ha salido este miércoles a la palestra para avanzar algunos detalles
del plan de ahorro de 50.000 millones de euros en tres años anunciado
por el presidente François Hollande.
El Gobierno, que validará el reajuste la semana que viene en Consejo de Ministros, congelará las pensiones y las prestaciones sociales y no revalorizará el sueldo de los funcionarios, sin cambios desde 2010.
En total, el Estado asumirá 18.000 millones del ahorro, las colectividades locales 11.000 millones, la sanidad 10.000 millones y la gestión del sistema social otros 11.000 millones de euros.
“Le debemos la verdad a los franceses, no es Europa la que nos impone sus elecciones, pero nuestro gasto público supone el 57% de la producción de riqueza”, aseguró el primer ministro, que, algo inédito en la historia de la V República, se sustituyó al portavoz del Gobierno en la habitual conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros.
“No podemos vivir por encima de nuestras posibilidades y debemos romper esa lógica de la deuda que nos tiene atados de manos”, continuó y reafirmó el compromiso del Gobierno en cumplir con las reducciones del déficit y de la deuda en nombre de una mayor “soberanía”.
El país cerró 2013 con un desfase entre ingresos y gastos equivalentes al 4,3% del PIB, dos décimas por encima de lo previsto.
Para ello detalló el plan de ahorro de 50.000 millones de euros “repartido entre todos”, al cual ya se refirió la semana pasada en su discurso de presentación de política general.
Una de las principales novedades consiste en el anuncio de la congelación de las pensiones y prestaciones sociales.
“En este contexto excepcional, no se revalorizarán hasta octubre de 2015”, indicó. La medida se aplicará al régimen de pensiones básico, a excepción de la más modestas, y podría ampliarse a las complementarias
. Sumada a la congelación del resto de las prestaciones, de las que quedan excluidas las mínimas como la ayuda a las personas sin recursos, supondrá un ahorro de entre 2.000 y 4.000 millones de euros.
Estas se superponen a las reformas ya decididas, como el retraso de la edad de jubilación.
El Estado asumirá su parte en el recorte, del orden de 18.000 millones de euros (mil millones de menos que el anunciado la semana pasada)
. A los funcionarios les mantiene la congelación del índice a partir del cual se calcula su remuneración, una medida en rigor desde 2010.
Junto a ello y además de una reducción de los gastos inmobiliarios, reducirá los efectivos de los ministerios, salvo en educación, seguridad y justicia
. Las agencias públicas estatales, a excepción de las oficinas de desempleo y la universidades, deberán reducir igualmente sus gastos de funcionamiento.
El Ejecutivo mantiene, sin embargo, su compromiso en creación de empleos en la educación nacional.
La administraciones locales por su parte deberán ahorrar unos 11.000 millones de euros en estos tres años.
Otros 10.000 millones procederán del ámbito sanitario, que no debería afectar al nivel de asistencia de la seguridad social
. Sin entrar en mucho detalle, Valls evocó el seguimiento de medidas ya en marcha, como potenciar los medicamentos genéricos y un mayor eficiencia del sistema, como la promoción de la cirugía ambulatoria, que permite el alta hospitalaria el mismo día de le operación.
Valls descartó también reducir el salario mínimo para los jóvenes y las personas en el paro, una propuesta del presidente de la patronal Pierre Gattaz de la víspera, que había puesto en pie de guerra a los sindicatos y provocado una minipolémica.
Este ahorro debería permitir financiar el gran Pacto de Responsabilidad y de Solidaridad anunciado por el presidente François Hollande, por el que el ejecutivo reducirá las cotizaciones que pagan las empresas para aumentar su competitividad y a cambio de que creen más empleo.
Las medidas anunciadas este miércoles serán aprobadas la semana que viene en Consejo de Ministros y se debatirán en el parlamento a partir de la siguiente.
El Gobierno, que validará el reajuste la semana que viene en Consejo de Ministros, congelará las pensiones y las prestaciones sociales y no revalorizará el sueldo de los funcionarios, sin cambios desde 2010.
En total, el Estado asumirá 18.000 millones del ahorro, las colectividades locales 11.000 millones, la sanidad 10.000 millones y la gestión del sistema social otros 11.000 millones de euros.
“Le debemos la verdad a los franceses, no es Europa la que nos impone sus elecciones, pero nuestro gasto público supone el 57% de la producción de riqueza”, aseguró el primer ministro, que, algo inédito en la historia de la V República, se sustituyó al portavoz del Gobierno en la habitual conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros.
“No podemos vivir por encima de nuestras posibilidades y debemos romper esa lógica de la deuda que nos tiene atados de manos”, continuó y reafirmó el compromiso del Gobierno en cumplir con las reducciones del déficit y de la deuda en nombre de una mayor “soberanía”.
El país cerró 2013 con un desfase entre ingresos y gastos equivalentes al 4,3% del PIB, dos décimas por encima de lo previsto.
Para ello detalló el plan de ahorro de 50.000 millones de euros “repartido entre todos”, al cual ya se refirió la semana pasada en su discurso de presentación de política general.
Una de las principales novedades consiste en el anuncio de la congelación de las pensiones y prestaciones sociales.
“En este contexto excepcional, no se revalorizarán hasta octubre de 2015”, indicó. La medida se aplicará al régimen de pensiones básico, a excepción de la más modestas, y podría ampliarse a las complementarias
. Sumada a la congelación del resto de las prestaciones, de las que quedan excluidas las mínimas como la ayuda a las personas sin recursos, supondrá un ahorro de entre 2.000 y 4.000 millones de euros.
Estas se superponen a las reformas ya decididas, como el retraso de la edad de jubilación.
El Estado asumirá su parte en el recorte, del orden de 18.000 millones de euros (mil millones de menos que el anunciado la semana pasada)
. A los funcionarios les mantiene la congelación del índice a partir del cual se calcula su remuneración, una medida en rigor desde 2010.
Junto a ello y además de una reducción de los gastos inmobiliarios, reducirá los efectivos de los ministerios, salvo en educación, seguridad y justicia
. Las agencias públicas estatales, a excepción de las oficinas de desempleo y la universidades, deberán reducir igualmente sus gastos de funcionamiento.
El Ejecutivo mantiene, sin embargo, su compromiso en creación de empleos en la educación nacional.
La administraciones locales por su parte deberán ahorrar unos 11.000 millones de euros en estos tres años.
Otros 10.000 millones procederán del ámbito sanitario, que no debería afectar al nivel de asistencia de la seguridad social
. Sin entrar en mucho detalle, Valls evocó el seguimiento de medidas ya en marcha, como potenciar los medicamentos genéricos y un mayor eficiencia del sistema, como la promoción de la cirugía ambulatoria, que permite el alta hospitalaria el mismo día de le operación.
Cambios en impuestos
En contrapunto, el Gobierno se compromete a adoptar en junio “una medida para los contribuyentes más modestos”, en un esfuerzo por reforzar el poder adquisitivo para “reactivar la economía y ser más justos”.Valls descartó también reducir el salario mínimo para los jóvenes y las personas en el paro, una propuesta del presidente de la patronal Pierre Gattaz de la víspera, que había puesto en pie de guerra a los sindicatos y provocado una minipolémica.
Este ahorro debería permitir financiar el gran Pacto de Responsabilidad y de Solidaridad anunciado por el presidente François Hollande, por el que el ejecutivo reducirá las cotizaciones que pagan las empresas para aumentar su competitividad y a cambio de que creen más empleo.
Las medidas anunciadas este miércoles serán aprobadas la semana que viene en Consejo de Ministros y se debatirán en el parlamento a partir de la siguiente.
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