La organización terrorista ETA ha escenificado ante la denominada Comisión Internacional de Verificación
que pone "fuera de uso operativo una cantidad de armas" que forman
parte del arsenal del que dispone.
Así lo han anunciado en un acto en Bilbao los seis miembros de la comisión, que han leído un comunicado anunciando este supuesto paso de la banda, que ellos tildan de "creíble y significativo".
"La intención es poner fuera de uso las armas y operativos como paso decisivo para dejar las armas", ha indicado Ram Manikkalingam, el portavoz de la comisión, que ha mostrado un documento con el inventario del armamento entregado por ETA.
La comisión de verificadores es una entidad no reconocida por el Gobierno español a la que la banda solicitó unilateralmente el año pasado su intervención como mediador en el proceso de paz.
"Tenemos un inventario de las armas decomisadas y catalogadas", ha agregado el portavoz, que ha anunciado que además habían grabado imágenes de esta parte del arsenal. Minutos después la BBC ha difundido el vídeo en el que se ve a dos supuestos miembros de ETA encapuchados y a dos miembros de la Comisión Internacional de Verificación (CIV). Los cuatro están detrás de una mesa en la que se expone parte del arsenal que supuestamente ha sido luego inutilizado. Además, uno de los encapuchados les entrega un documento, que se supone que es el comunicado de la banda.
En concreto, según el inventario realizado, que se resume en dos folios, ETA deja fuera de uso cuatro armas de fuego, 16,5 kilos de material para fabricar explosivos, 300 cartuchos SP y dos granadas de carga hueca Hepat, además de nueve temporizadores y 190 metros de cordón detonante.
Las armas son un fusil G3 largo; una pistola y un revólver Smith&Wesson, y otro revólver Arminius HW 1G. El material para fabricar explosivos se reparte en 4,5 kilos de pentrita, ocho kilos de cloratita, cuatro kilos de clorato de sodio molido y diez gramos de nitromanita. El cordón detonante se divide en 70 metros de doce gramos y 120 metros de 15 gramos. Los nueve temporizadores incluyen dos cuenta-atrás, tres de 24 horas, uno con sensor electrónico de movimiento y tres con sensor de movimiento de mercurio.
Este material es, presumiblemente, el que se puede ver en un vídeo difundido hoy en la página web de BBC Mundo poco después del acto celebrado en Bilbao.
Manikklalingham ha leído, primero en castellano y luego en inglés, el
comunicado con las reflexiones de los etarras y de los comisionados, en
un acto en el hotel Carlton de Bilbao. "Hace un año la CIV constató los
avances significativos en el País Vasco y manifestó su intención de que
se intensificaran los esfuerzos", ha señalado el portavoz, que ha
recordado que en 2013 la banda le manifestó su intención de dar paso al
fin del terrorismo.
La actividad terrorista de la banda ha dejado su historial negro con 831 muertos y miles de heridos. En sus 46 años de vida, apenas ha cesado en la actividad criminal en tres periodos muy cortos (1970-1971; 1999 y 2004-2005).
"Este comunicado va a ser más de lo mismo y entiendo que es una etapa en la escenificación de ETA", ha señalado el ministro del Interior, Jorge Fernández, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, antes de que se conociera el contenido del comunicado. "Con la Guardia Civil y la policía nos basta para verificar si de verdad se desprenden de las armas", ha zanjado.
El 20 de octubre de 2011, la organización terrorista hizo público un comunicado en el que anunciaba que había decidido “el cese definitivo de su actividad armada”. Desde entonces, ETA ha dejado de atentar. En su último comunicado, de este mismo de febrero, la banda anunció su intención de hacer “aportaciones significativas para alimentar el proceso, sin tardar”, lo que muchos interpretaron como el preámbulo del inicio del desarme definitivo. Los etarras insisten en reclamar el diálogo con los Gobiernos español y francés para alcanzar lo que denominan “una resolución integral” al conflicto, donde pretenden tratar asuntos relacionados con su desarme, con los presos que continúan en las cárceles y con los huidos.
Hace sólo dos meses, el colectivo de presos etarras hizo público un comunicado en el que, tras el cese de la lucha armada de ETA, se comprometen a “utilizar vías y método democráticos”, reclaman un cambio de la política penitenciaria para “priorizar el fin de la dispersión” de reclusos. El comunicado concluía: “Por todo ello, podríamos aceptar que nuestro proceso de vuelta a casa –nuestra excarcelación y de manera prioritaria nuestro traslado a Euskal Herria- se efectuasen utilizando cauces legales, aun cuando ello, para nosotros, implícitamente conlleve la aceptación de nuestra condena. Compartimos que tanto la ley como su aplicación cumple una función esencial de cara al futuro, ya que han de ser utilizadas para fortalecer los pasos que hayan de darse”.
Los presos etarras se declaraban dispuestos “a estudiar y tratar la posibilidad de que el proceso que culmine” con su vuelta a casa “se efectúe de manera escalonada, mediante compromisos individuales y en tiempo prudencial”. A la vez, asumían “toda” su “responsabilidad sobre las consecuencias derivadas de la actividad política en el conflicto político” y se mostraban dispuestos a analizar la responsabilidad” de cada uno de ellos “dentro de un proceso acordado que reúna las condiciones y garantías suficientes”.
El comunicado de los presos no hizo cambiar la política penitenciaria del Gobierno español respecto al acercamiento de reclusos al País Vasco, una medida que reclama el lehendakari Iñigo Urkullu en nombre del Gobierno vasco sin que de momento haya tenido aceptación.
La izquierda abertzale renunció en 2011 a apoyar la violencia terrorista como instrumento de acción política y se presentó a las distintas elecciones celebradas desde 2011, logrando casi un centenar de alcaldías en Euskadi y Navarra y del Gobierno de la Diputación foral de Guipúzcoa.
Así lo han anunciado en un acto en Bilbao los seis miembros de la comisión, que han leído un comunicado anunciando este supuesto paso de la banda, que ellos tildan de "creíble y significativo".
"La intención es poner fuera de uso las armas y operativos como paso decisivo para dejar las armas", ha indicado Ram Manikkalingam, el portavoz de la comisión, que ha mostrado un documento con el inventario del armamento entregado por ETA.
La comisión de verificadores es una entidad no reconocida por el Gobierno español a la que la banda solicitó unilateralmente el año pasado su intervención como mediador en el proceso de paz.
"Tenemos un inventario de las armas decomisadas y catalogadas", ha agregado el portavoz, que ha anunciado que además habían grabado imágenes de esta parte del arsenal. Minutos después la BBC ha difundido el vídeo en el que se ve a dos supuestos miembros de ETA encapuchados y a dos miembros de la Comisión Internacional de Verificación (CIV). Los cuatro están detrás de una mesa en la que se expone parte del arsenal que supuestamente ha sido luego inutilizado. Además, uno de los encapuchados les entrega un documento, que se supone que es el comunicado de la banda.
En concreto, según el inventario realizado, que se resume en dos folios, ETA deja fuera de uso cuatro armas de fuego, 16,5 kilos de material para fabricar explosivos, 300 cartuchos SP y dos granadas de carga hueca Hepat, además de nueve temporizadores y 190 metros de cordón detonante.
Las armas son un fusil G3 largo; una pistola y un revólver Smith&Wesson, y otro revólver Arminius HW 1G. El material para fabricar explosivos se reparte en 4,5 kilos de pentrita, ocho kilos de cloratita, cuatro kilos de clorato de sodio molido y diez gramos de nitromanita. El cordón detonante se divide en 70 metros de doce gramos y 120 metros de 15 gramos. Los nueve temporizadores incluyen dos cuenta-atrás, tres de 24 horas, uno con sensor electrónico de movimiento y tres con sensor de movimiento de mercurio.
Este material es, presumiblemente, el que se puede ver en un vídeo difundido hoy en la página web de BBC Mundo poco después del acto celebrado en Bilbao.
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"Este comunicado va a ser más de lo mismo y entiendo que es una etapa en la escenificación de ETA", ha señalado el ministro del Interior, Jorge Fernández, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, antes de que se conociera el contenido del comunicado. "Con la Guardia Civil y la policía nos basta para verificar si de verdad se desprenden de las armas", ha zanjado.
El 20 de octubre de 2011, la organización terrorista hizo público un comunicado en el que anunciaba que había decidido “el cese definitivo de su actividad armada”. Desde entonces, ETA ha dejado de atentar. En su último comunicado, de este mismo de febrero, la banda anunció su intención de hacer “aportaciones significativas para alimentar el proceso, sin tardar”, lo que muchos interpretaron como el preámbulo del inicio del desarme definitivo. Los etarras insisten en reclamar el diálogo con los Gobiernos español y francés para alcanzar lo que denominan “una resolución integral” al conflicto, donde pretenden tratar asuntos relacionados con su desarme, con los presos que continúan en las cárceles y con los huidos.
Hace sólo dos meses, el colectivo de presos etarras hizo público un comunicado en el que, tras el cese de la lucha armada de ETA, se comprometen a “utilizar vías y método democráticos”, reclaman un cambio de la política penitenciaria para “priorizar el fin de la dispersión” de reclusos. El comunicado concluía: “Por todo ello, podríamos aceptar que nuestro proceso de vuelta a casa –nuestra excarcelación y de manera prioritaria nuestro traslado a Euskal Herria- se efectuasen utilizando cauces legales, aun cuando ello, para nosotros, implícitamente conlleve la aceptación de nuestra condena. Compartimos que tanto la ley como su aplicación cumple una función esencial de cara al futuro, ya que han de ser utilizadas para fortalecer los pasos que hayan de darse”.
Los presos etarras se declaraban dispuestos “a estudiar y tratar la posibilidad de que el proceso que culmine” con su vuelta a casa “se efectúe de manera escalonada, mediante compromisos individuales y en tiempo prudencial”. A la vez, asumían “toda” su “responsabilidad sobre las consecuencias derivadas de la actividad política en el conflicto político” y se mostraban dispuestos a analizar la responsabilidad” de cada uno de ellos “dentro de un proceso acordado que reúna las condiciones y garantías suficientes”.
El comunicado de los presos no hizo cambiar la política penitenciaria del Gobierno español respecto al acercamiento de reclusos al País Vasco, una medida que reclama el lehendakari Iñigo Urkullu en nombre del Gobierno vasco sin que de momento haya tenido aceptación.
La izquierda abertzale renunció en 2011 a apoyar la violencia terrorista como instrumento de acción política y se presentó a las distintas elecciones celebradas desde 2011, logrando casi un centenar de alcaldías en Euskadi y Navarra y del Gobierno de la Diputación foral de Guipúzcoa.
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