El Parlamento Europeo abordará las consecuencias sociales de los rescates.
Un hombre come en un albergue de Cáritas en Roma en 2009. / Stefano Montesi (© Stefano Montesi/Demotix/Corbis)
El estado de excepción económica impuesto en Europa en los últimos
años ha hecho que Gobiernos elegidos democráticamente fueran sustituidos
por tecnócratas; ha impulsado cambios constitucionales a la velocidad
del rayo dictados por el Banco Central Europeo
(BCE); ha logrado, en fin, que cualquier consideración política quedara
supeditada a la respuesta de los todopoderosos mercados. Tras más de un
lustro de crisis, estos tiempos parecen estar llegando a su fin.
Y es justo ahora cuando instituciones como el Parlamento Europeo —presionado por unas elecciones inminentes de resultado incierto— tratan de tomar la iniciativa política y hacer recuento de daños.
La Comisión de Economía de la Eurocámara ya prepara un informe sobre la legitimidad democrática con la que actuó la troika (Comisión Europea, BCE y Fondo Monetario Internacional) en los cuatro rescates en la eurozona.
Los responsables del informe sobre la troika viajarán este mes a los cuatro países rescatados y recibirán en Estrasburgo las explicaciones del comisario europeo Olli Rehn, del expresidente del BCE Jean-Claude Trichet, y del director del fondo de rescate, Klaus Regling.
Otra iniciativa, de la Comisión de Empleo, se centrará en los daños sociales que ocasionaron los programas de ayuda en Grecia, Irlanda, Portugal y Chipre.
España queda fuera porque su rescate se circunscribió a la banca.
Un informe redactado por el eurodiputado socialista español Alejandro Cercas, que confía en llevar al pleno de Estrasburgo en marzo, se centrará en los efectos que las políticas impuestas por la troika han tenido en esos países sobre el empleo, la pobreza, el abandono escolar prematuro y el diálogo social.
“En tres años se ha triplicado el desempleo, se han destruido millones de puestos de trabajo y se han superado los registros históricos de pobreza. Se ha aprovechado la crisis para destruir el modelo social nacional”, resume Cercas.
El informe no solo responsabiliza al BCE, la Comisión y al Eurogrupo —los ministros de Economía de la zona euro— de las consecuencias de las políticas impuestas, también critica que estos programas se diseñaron sin una estimación de sus efectos perniciosos.
El texto de Cercas reclama a la Comisión un informe que recoja “los daños a medio y a largo plazo en los sistemas de protección social, especialmente en lo relacionado con la lucha contra la pobreza, el mantenimiento de un diálogo social fluido y el equilibrio entre flexibilidad y seguridad en las relaciones laborales”
. Si Estrasburgo aprueba ese informe de Cercas, se reclamará a la UE que diseñe planes de impulso para “apoyar con los recursos financieros necesarios la recuperación de los niveles de protección social”.
Recuerda además que en Grecia más de la mitad de los jóvenes están desempleados, mientras que el porcentaje en Irlanda y Portugal supera el 30%; y alerta de la situación de desventaja que sufren los parados de larga duración, las mujeres, los inmigrantes y los discapacitados.
“A lo largo de los últimos cuatro años se han destruido en los cuatro países dos millones de empleos, lo que supone un 15% de los puestos de trabajo existentes”, añade.
“Denunciamos que la población en riesgo de pobreza o exclusión social ha aumentado.
Solo durante los últimos tres años, este colectivo ha aumentado un 26% en Portugal y un 15% en Irlanda, aunque estas estadísticas esconden una realidad aún más dura”, prosigue
. Además, los préstamos de la troika incluían recomendaciones para recortar elementos fundamentales en la lucha contra la pobreza como pensiones, servicios sanitarios y farmacéuticos para las capas más vulnerables de la población.
Y es justo ahora cuando instituciones como el Parlamento Europeo —presionado por unas elecciones inminentes de resultado incierto— tratan de tomar la iniciativa política y hacer recuento de daños.
La Comisión de Economía de la Eurocámara ya prepara un informe sobre la legitimidad democrática con la que actuó la troika (Comisión Europea, BCE y Fondo Monetario Internacional) en los cuatro rescates en la eurozona.
Los responsables del informe sobre la troika viajarán este mes a los cuatro países rescatados y recibirán en Estrasburgo las explicaciones del comisario europeo Olli Rehn, del expresidente del BCE Jean-Claude Trichet, y del director del fondo de rescate, Klaus Regling.
Otra iniciativa, de la Comisión de Empleo, se centrará en los daños sociales que ocasionaron los programas de ayuda en Grecia, Irlanda, Portugal y Chipre.
España queda fuera porque su rescate se circunscribió a la banca.
Un informe redactado por el eurodiputado socialista español Alejandro Cercas, que confía en llevar al pleno de Estrasburgo en marzo, se centrará en los efectos que las políticas impuestas por la troika han tenido en esos países sobre el empleo, la pobreza, el abandono escolar prematuro y el diálogo social.
“En tres años se ha triplicado el desempleo, se han destruido millones de puestos de trabajo y se han superado los registros históricos de pobreza. Se ha aprovechado la crisis para destruir el modelo social nacional”, resume Cercas.
El informe no solo responsabiliza al BCE, la Comisión y al Eurogrupo —los ministros de Economía de la zona euro— de las consecuencias de las políticas impuestas, también critica que estos programas se diseñaron sin una estimación de sus efectos perniciosos.
El texto de Cercas reclama a la Comisión un informe que recoja “los daños a medio y a largo plazo en los sistemas de protección social, especialmente en lo relacionado con la lucha contra la pobreza, el mantenimiento de un diálogo social fluido y el equilibrio entre flexibilidad y seguridad en las relaciones laborales”
. Si Estrasburgo aprueba ese informe de Cercas, se reclamará a la UE que diseñe planes de impulso para “apoyar con los recursos financieros necesarios la recuperación de los niveles de protección social”.
Recuerda además que en Grecia más de la mitad de los jóvenes están desempleados, mientras que el porcentaje en Irlanda y Portugal supera el 30%; y alerta de la situación de desventaja que sufren los parados de larga duración, las mujeres, los inmigrantes y los discapacitados.
“A lo largo de los últimos cuatro años se han destruido en los cuatro países dos millones de empleos, lo que supone un 15% de los puestos de trabajo existentes”, añade.
“Denunciamos que la población en riesgo de pobreza o exclusión social ha aumentado.
Solo durante los últimos tres años, este colectivo ha aumentado un 26% en Portugal y un 15% en Irlanda, aunque estas estadísticas esconden una realidad aún más dura”, prosigue
. Además, los préstamos de la troika incluían recomendaciones para recortar elementos fundamentales en la lucha contra la pobreza como pensiones, servicios sanitarios y farmacéuticos para las capas más vulnerables de la población.
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