. La magistrada cursó ayer mismo la causa a la Audiencia Nacional al tratarse de delitos que se han podido cometer en el extranjero, según confirmaron fuentes del Gobierno madrileño
. La juez también ha imputado por el mismo asunto al empresario mexicano Rudy Valner, quien compró dicha vivienda en nombre de la empresa Coast Investors.
La juez de Estepona inició la investigación a comienzos del presente año y reclamó “toda la información fiscal” disponible sobre la empresa Coast Investor LLC, una sociedad del paraíso fiscal de Delaware (Estados Unidos) propietaria del piso, de 500 metros cuadrados —entre vivienda y solarium— y ubicado en la lujosa urbanización Alhambra del Golf.
En un auto fechado el pasado 9 de enero, la juez también daba por incorporado a la causa un informe de 141 folios sobre el ático, elaborado por la Fiscalía Anticorrupción.
Un pisazo en el paraíso
Según la escritura de su compraventa, facilitada en enero por la Comunidad de Madrid, el ático se compone de un recibidor, salón-comedor, cocina, lavadero, pasillo, tres dormitorios, tres baños, un aseo y terrazas con una superficie de 112 metros cuadrados.
A la vivienda le pertenece la terraza solarium, “ubicada en la planta ático del edificio, a la que se accede a través de una escalera que parte desde una de las terrazas de esta vivienda, tiene una superficie de 238 metros cuadrados, siendo sus linderos los mismos que los de la vivienda a la que pertenece, haciéndolo además en parte con cubiertas del edificio y con cuarto de máquinas de aire acondicionado”.
La residencia dispone de tres plazas de garaje con una superficie de entre 22 y 24 metros cuadrados y de tres trasteros, cuyo tamaño va de los seis a los nueve metros cuadrados. El precio de cada plaza de garaje ascendió a 13.000 euros, por los 3.000 que se abonaron por cada trastero, cantidades incluidas dentro de los 770.000 euros que González y su esposa, Lourdes Cavero, pagaron por la casa.
La denuncia sostiene que el piso fue comprado en 2008 “por un fiduciario habitual llamado Rudy Valner, en nombre de la sociedad offshore Coast Inverstors” por un millón de euros.
La denuncia añade que Lourdes Cavero, esposa del presidente de la Comunidad de Madrid, alquiló el piso mediante un contrato de larga duración por 2.000 euros al mes. Ese precio es considerado una ganga para una zona donde el precio medio de los alquileres para casas de esa calidad es de 6.000 euros al mes. Además, el SUP sostiene que González ni siquiera paga ese alquiler.
Poco después de la apertura de la causa judicial, el presidente de la Comunidad de Madrid admitió que a finales de 2012 compró, por 770.000 euros, el ático de Guadalmina, cercano a Marbella y en el que veranea desde hace años.
El dúplex de lujo cuenta con piscina propia, spa y jacuzzi. La Sociedad de Tasación SA tasó en julio de 2012 el apartamento en 769.611 euros.
El 80% de la vivienda (equivalente a 616.000 euros de los 770.000) está a nombre de la esposa de González, que actualmente ocupa una de las vicepresidencias de la patronal madrileña.
El 20% restante supuestamente sería propiedad de González tras pagar 154.000 euros.
En su respectivo patrimonio a él le corresponde un 20% indiviso y a ella, un 80%.
En su día, fuentes cercanas al matrimonio atribuyeron el desembolso al cobro por parte de Cavero de una indemnización de 700.000 euros tras 26 años en Unesa, la patronal eléctrica, en julio de 2011
El sueldo del presidente madrileño asciende a 103.000 euros brutos al año.
La investigación del caso del ático ha sido procelosa y controvertida.
En julio del año pasado, le costó el puesto nada más y nada menos que a Enrique Rodríguez Ulla, flamante comisario general de Policía Judicial, nombrado por el Gobierno del PP.
Este mando policial perdió la confianza de sus jefes por abrir una investigación secreta y oficial sobre el ático de lujo, sin conocimiento ni autorización del director general de la Policía, Ignacio Cosidó.
Pero sobre todo porque Rodríguez Ulla ordenó tales pesquisas después de que el Sindicato Unificado Policial (SUP) le advirtiera por carta con llevarle a los tribunales si no lo hacía
. En la misiva, el sindicato policial amagaba con denunciar a aquellos mandos policiales que dejaban de hacer su labor por lograr un puesto de trabajo para un pariente.
Cuatro meses antes, en abril de 2012, el director de la Policía destituyó al comisario de Marbella, Agapito Hermes de Dios, por investigar el ático a petición de quien fue número dos de la Policía, Miguel Ángel Fernández-Chico (ahora ya fallecido).
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