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Cospedal sigue la declaración de Luis Bárcenas, que declara por videconferencia desde la cárcel. / uly martín
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz considera que “se puede
confirmar a nivel indiciario” la existencia en el Partido Popular de una
contabilidad b al margen de la oficial.
En un auto –resolución razonada- emitido esta mañana, el magistrado habla de la “presunta existencia de una cierta corriente financiera de cobros y pagos continua en el tiempo al margen de la contabilidad oficial remitida al Tribunal de Cuentas”
. Ruz sostiene que este dinero negro sirvió para atender determinados pagos del arquitecto Gonzalo Urquijo, que realizó las obras de reforma de la sede central de la formación conservadora, en la calle Génova 13 de Madrid.
El magistrado ha recibido ya el informe reclamado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía sobre los resultados del registro en la sociedad Unifica, de Gonzalo Urquijo. De este informe se desprende que los pagos de la remodelación de la sede de Génova 13, “no se habrían reflejado ni en la facturación ni en contabilidad oficial sino en la contabilidad paralela o b llevada en el seno de la citada formación”.
Este estudio cruza los datos contenidos en la contabilidad secreta de Bárcenas publicada por EL PAÍS el pasado 31 de enero con la documentación intervenida en las oficinas de Urquijo.
El magistrado habla de una “identidad cuantitativa, temporal y subjetiva” entre la contabilidad de Bárcenas y las facturas intervenidas en el despacho profesional del interiorista en el registro del pasado 27 de septiembre.
Las obras de reforma de Génova 13 se realizaron entre 2005 y 2011
. Los pagos en dinero negro en 2008 ascendieron a 888.000 euros, lo que supone, según Ruz, uno o varios delitos contra la Hacienda Pública.
De estos delitos el autor es supuestamente autor el propio Urquijo mientras que el extesorero Luis Bárcenas y el exgerente del PP Cristóbal Páez, hasta ahora testigo en la causa, son supuestos cómplices o cooperadores necesarios.
El magistrado ha citado como imputados el próximo 16 de diciembre a Urquijo y Páez, y como testigos a dos empleadas de Unifica que contactaron por correo electrónico con el PP por las obras de Génova 13. Ruz apunta que, además del delito fiscal, el pago en negro de la reforma de la sede popular puede acarrear “presuntos delitos de falsedad documental o contable”.
En un auto –resolución razonada- emitido esta mañana, el magistrado habla de la “presunta existencia de una cierta corriente financiera de cobros y pagos continua en el tiempo al margen de la contabilidad oficial remitida al Tribunal de Cuentas”
. Ruz sostiene que este dinero negro sirvió para atender determinados pagos del arquitecto Gonzalo Urquijo, que realizó las obras de reforma de la sede central de la formación conservadora, en la calle Génova 13 de Madrid.
El magistrado ha recibido ya el informe reclamado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía sobre los resultados del registro en la sociedad Unifica, de Gonzalo Urquijo. De este informe se desprende que los pagos de la remodelación de la sede de Génova 13, “no se habrían reflejado ni en la facturación ni en contabilidad oficial sino en la contabilidad paralela o b llevada en el seno de la citada formación”.
Este estudio cruza los datos contenidos en la contabilidad secreta de Bárcenas publicada por EL PAÍS el pasado 31 de enero con la documentación intervenida en las oficinas de Urquijo.
El magistrado habla de una “identidad cuantitativa, temporal y subjetiva” entre la contabilidad de Bárcenas y las facturas intervenidas en el despacho profesional del interiorista en el registro del pasado 27 de septiembre.
Las obras de reforma de Génova 13 se realizaron entre 2005 y 2011
. Los pagos en dinero negro en 2008 ascendieron a 888.000 euros, lo que supone, según Ruz, uno o varios delitos contra la Hacienda Pública.
De estos delitos el autor es supuestamente autor el propio Urquijo mientras que el extesorero Luis Bárcenas y el exgerente del PP Cristóbal Páez, hasta ahora testigo en la causa, son supuestos cómplices o cooperadores necesarios.
El magistrado ha citado como imputados el próximo 16 de diciembre a Urquijo y Páez, y como testigos a dos empleadas de Unifica que contactaron por correo electrónico con el PP por las obras de Génova 13. Ruz apunta que, además del delito fiscal, el pago en negro de la reforma de la sede popular puede acarrear “presuntos delitos de falsedad documental o contable”.
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