VÍDEO: EL PAÍS-LIVE | FOTO: ULY MARTIN
La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ha dado a las empresas
concesionarias del servicio de limpieza un ultimátum de 48 horas para
que cumplan los servicios mínimos pactados el pasado mes de octubre y
para que lleguen a un acuerdo con los sindicatos. En una conferencia de
prensa extraordinaria, Botella ha asegurado que "Madrid no puede esperar
más a que se pongan de acuerdo" las partes enfrentadas en el conflicto
desatado tras el anuncio de las empresas concesionarias de despedir a 1.134 trabajadores.
Botella ha anunciado que la empresa pública Tragsa se hará cargo de los servicios mínimos una vez que sean denunciados a la Fiscalía. Según el Ayuntamiento, los mínimos no se han cumplido desde el comienzo de las movilizaciones, que hoy llegan a su noveno día.
La alcaldesa ha explicado que los costes de esta decisión serán directamente imputados a las empresas que realizan la prestación del servicio.
Según Botella, la actuación de los piquetes durante los días de protestas ha "agravado los efectos de una huelga salvaje en la que no se han respetado los cauces legales" y "ha puesto a la ciudad en una situación que los madrileños no tienen que tolerar más tiempo".
Sobre las críticas por la inacción municipal y los posibles riesgos sanitarios, la regidora ha explicado que "no existe riesgo del salud pública y vamos a trabajar para que no exista ese riesgo"
. "Hemos considerado que era un plazo razonable para que empresas y sindicatos llegarán a un acuerdo y hemos actuado de acuerdo con el plan del primer día", ha añadido.
Servicios incumplidos
Cuatro de cada 10 barrenderos están destinados desde hace nueve días a limpiar Madrid durante la huelga indefinida para cubrir los servicios mínimos.
Y el 25% de la plantilla de jardineros deben hacer lo propio en los parques.
Pero, según señalan tanto el Ayuntamiento como las empresas, los servicios mínimos no se han cubierto al completo ni una sola jornada desde el primer día, con una media de entre un 30 y un 40% de plantilla menos.
Agentes de la Policía Municipal y también efectivos del Cuerpo Nacional de Policía escoltan a los trabajadores y custodian los cantones (centros de trabajo).
Ni por esas. Las concesionarias acusan a los piquetes violentos de impedir la salida de los mínimos mientras los sindicatos señalan que los que no salen es porque no tienen el uniforme reglamentario.
La media de incumplimiento ronda entre el 30 y el 40% diario, según los datos que ha ido facilitando el Consistorio.
Tras advertir de que aplicará descuentos millonarios a las empresas por los trabajadores en huelga, la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, señaló el lunes que también se sancionará por los servicios mínimos incumplidos.
El Ayuntamiento envió ayer un requerimiento a las empresas “ante la constatación del no cumplimiento efectivo de las prestaciones establecidas” en el decreto de servicios mínimos publicado el pasado 4 de noviembre.
En ese requerimiento recuerda a las concesionarias “que incumbe a su ámbito de responsabilidad dicho cumplimiento” y le insta a adoptar “todas las medidas oportunas a través de cualquiera de los medios admitidos en derecho”.
El portavoz de tres de las cuatro nuevas concesionarias inmersas en un expediente de regulación de empleo de parte de la plantilla (OHL, FCC y Valoriza) ha declinado hacer ninguna valoración al respecto.
El paro indefinido ha sido convocado por los sindicatos UGT, CC.OO y CGT para exigir la retirada de los expedientes de regulación de empleo (ERE) que plantean tres de las cuatro empresas concesionarias y que en principio afectarían a 1.134 trabajadores, aunque la última oferta lo rebaja a 625 con descuentos generalizados al resto de la plantilla.
Botella ha anunciado que la empresa pública Tragsa se hará cargo de los servicios mínimos una vez que sean denunciados a la Fiscalía. Según el Ayuntamiento, los mínimos no se han cumplido desde el comienzo de las movilizaciones, que hoy llegan a su noveno día.
La alcaldesa ha explicado que los costes de esta decisión serán directamente imputados a las empresas que realizan la prestación del servicio.
Según Botella, la actuación de los piquetes durante los días de protestas ha "agravado los efectos de una huelga salvaje en la que no se han respetado los cauces legales" y "ha puesto a la ciudad en una situación que los madrileños no tienen que tolerar más tiempo".
Sobre las críticas por la inacción municipal y los posibles riesgos sanitarios, la regidora ha explicado que "no existe riesgo del salud pública y vamos a trabajar para que no exista ese riesgo"
. "Hemos considerado que era un plazo razonable para que empresas y sindicatos llegarán a un acuerdo y hemos actuado de acuerdo con el plan del primer día", ha añadido.
Servicios incumplidos
Cuatro de cada 10 barrenderos están destinados desde hace nueve días a limpiar Madrid durante la huelga indefinida para cubrir los servicios mínimos.
Y el 25% de la plantilla de jardineros deben hacer lo propio en los parques.
Pero, según señalan tanto el Ayuntamiento como las empresas, los servicios mínimos no se han cubierto al completo ni una sola jornada desde el primer día, con una media de entre un 30 y un 40% de plantilla menos.
Agentes de la Policía Municipal y también efectivos del Cuerpo Nacional de Policía escoltan a los trabajadores y custodian los cantones (centros de trabajo).
Ni por esas. Las concesionarias acusan a los piquetes violentos de impedir la salida de los mínimos mientras los sindicatos señalan que los que no salen es porque no tienen el uniforme reglamentario.
La media de incumplimiento ronda entre el 30 y el 40% diario, según los datos que ha ido facilitando el Consistorio.
Tras advertir de que aplicará descuentos millonarios a las empresas por los trabajadores en huelga, la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, señaló el lunes que también se sancionará por los servicios mínimos incumplidos.
El Ayuntamiento envió ayer un requerimiento a las empresas “ante la constatación del no cumplimiento efectivo de las prestaciones establecidas” en el decreto de servicios mínimos publicado el pasado 4 de noviembre.
En ese requerimiento recuerda a las concesionarias “que incumbe a su ámbito de responsabilidad dicho cumplimiento” y le insta a adoptar “todas las medidas oportunas a través de cualquiera de los medios admitidos en derecho”.
El portavoz de tres de las cuatro nuevas concesionarias inmersas en un expediente de regulación de empleo de parte de la plantilla (OHL, FCC y Valoriza) ha declinado hacer ninguna valoración al respecto.
El paro indefinido ha sido convocado por los sindicatos UGT, CC.OO y CGT para exigir la retirada de los expedientes de regulación de empleo (ERE) que plantean tres de las cuatro empresas concesionarias y que en principio afectarían a 1.134 trabajadores, aunque la última oferta lo rebaja a 625 con descuentos generalizados al resto de la plantilla.
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