La fiscalía pedía 30 años de cárcel para el cerebro de la trama, que ha sido condenado a 11
La Audiencia impone una condena de dos años a Julián Muñoz; el ministerio público pedía 10.
José Antonio Roca Nicolás (Cartagena, 1953), el gran corruptor del
Ayuntamiento marbellí y creador de un inmenso sistema de urbanismo venal
a la sombra del fallecido alcalde Jesús Gil -que le dio plenos poderes-
y de sus sucesores -a los que manejó como marionetas-, ha sido
condenado a 11 años de prisión y 240 millones de euros de multa.
La Audiencia Provincial de Málaga lo considera culpable de delitos continuados de cohecho y blanqueo, prevaricación y fraude. La fiscalía pedía 30 años para él.
"El Tribunal ha llegado a la firme convicción de la realidad del sistema de corrupción generalizada que se había instaurado en el Ayuntamiento de Marbella por parte de los procesados y bajo el poder de hecho ejercido por el señor Roca", señala la sentencia. "Frente al cúmulo de datos, de prueba documental, pericial, registros, intervenciones telefónicas, testifical y de confesión de hechos practicadas durante el juicio oral no puede prevalecer, en modo alguno, la negación de los hechos", apunta el fallo.
El tribunal ha aplicado en el caso de Roca la atenuante de confesión, ya que durante el juicio reconoció la propiedad de todo el entramado societario en el que ocultaba sus bienes, las anotaciones de su contabilidad secreta y la entrega de sobornos por parte de empresarios que luego él repartía entre los ediles.
Durante más de 40 minutos, el presidente de la Sección Segunda de la Audiencia de Málaga, José Godino, ha leído las condenas a los procesados en el mayor juicio contra la corrupción política en España
. Los principales acusados han sido condenados a penas de hasta 11 años de prisión
. En el caso de los principales acusados, las condenas han sido inferiores a lo que pedía el ministerio público. Un total de 43 de los 95 procesados iniciales han resultado absueltos.
Sobre nueve de ellos, el fiscal retiró la acusación durante la fase del juicio, y otros dos han fallecido.
La Audiencia también ha condenado a la mano derecha de Gil, Pedro Román, a cuatro años y multa de 2,5 millones y a Montserrat Corulla, asesora de Roca, a cuatro años y una multa de 30 millones
. Sobre la exalcaldesa Marisol Yagüe ha recaído una pena de seis años y nueve meses de prisión (el ministerio público había reclamado 16) y una multa de más de dos millones.
Al exconcejal de Deportes, el exjugador de fútbol Tomás Reñones, la Audiencia le ha impuesto una pena de cuatro años de cárcel y 300.000 euros de multa.
Tras conocer el fallo, Marisol Yagüe ha afirmado que "ha sido un palo duro e injusto", mientras que la exteniente de alcalde Isabel García Marcos, ha señalado con ironía que está encantada: "Hay que seguir luchando", ha añadido.
La Audiencia Provincial de Málaga ha notificado este viernes los 5.774 folios que sentencian el caso Malaya, la mayor trama de corrupción municipal destapada en España, con 84 procesados (dos personas han fallecido desde el inicio de la vista oral y Anticorrupción retiró los cargos contra nueve imputados). El tribunal habla de la "absoluta dejación de funciones que realizaron los concejales procesados, aquietándose a los tejemanejes del señor Roca y sus amigos Carlos Sánchez y Andrés Liétor"
. El tribunal ve probado que las licencias urbanísticas se concedían y autorizaban en reuniones previas de Roca con los cabeza del gobierno municipal tripartito a los que se entregaban los sobres con dinero a repartir entre los restantes concejales".
El tribunal rechaza de raíz la teoría apuntada por Roca de que los sobornos que cobraba a los empresarios tenían por objeto la financiación de los partidos que conformaban el tripartito -GIL, PSOE y PA-
. Los pagos "no tenían como finalidad la de financiar una inexistente campaña electoral, sino simplemente la de comprar voluntades de políticos para garantizar resoluciones administrativas afines a los intereses de los aportantes", señala la sentencia.
Los magistrados han dado validez a los principales elementos de prueba aportados por el fiscal para corroborar la existencia de la trama criminal. Los archivos informáticos hallados en la oficina de Roca con la contabilidad b del gerente de urbanismo han sido la principal prueba de cargo, acreditada además por la declaración del contable de Roca, Salvador Gardoqui.
También avalan los jueces las escuchas telefónicas ordenadas por el juez instructor del caso, Miguel Ángel Torres
. Consideran "sumemente significativas" las que se intervinieron a Isabel García Marcos, en la que esta manifestó: "Para trabajar necesito dinero, en la primera plusvalía que se genere necesito dinero, y si se le da el pase, quiero dinero de mi pase, y si se desarrolla, quiero dinero de la construcción".
Sin embargo, el tribunal da un varapalo al instructor al considerar irregulares las detenciones de varios de los procesados, lo que ha derivado en atenuantes en sus condenas.
"Algunos de los autos que se dictaron eran estereotipados con escasa fundamentación. Se acordó la detención directa, sin citación previa al juzgado (...)
La detención fue excesivamente mediática, con cámaras de televisión retransmitiendo en directo y en algunos casos las estancias en calabozos policiales fueron por un tiempo superior al legalmente establecido", afirman los tres magistrados.
Es posiblemente el proceso más voluminoso de la historia judicial española, y aunque no se trata del gran juicio al expolio de las arcas de Marbella, examinado en sendos sumarios en la Audiencia Nacional, ha profundizado en un aspecto tan vital de la corrupción como el enriquecimiento ilícito de quienes se dedican a la actividad pública a través de sobornos.
Continuados en el tiempo y como hábito en la Administración local, según la fiscalía.
Destapado en marzo de 2006, el caso Malaya fue pionero en la detención de concejales de una gran ciudad.
El escándalo fue de tal magnitud que derivó en la disolución de la corporación municipal.
Entre septiembre de 2010 y julio de 2012, a lo largo de 22 meses y 199 sesiones, se juzgó a una veintena de exediles (incluidos los exalcaldes Julián Muñoz, Marisol Yagüe y Tomás Reñones), a otros tantos empresarios (entre ellos, algunos de los promotores más reconocidos de Andalucía), a testaferros y abogados, joyeros, marchantes de arte y empleados de banca.
Y en la cúspide de la red corrupta se situaría Juan Antonio Roca, un hombre que llegó a Marbella de la mano de Jesús Gil a principios de la década de los noventa.
Discreto, huidizo y autoritario, el exgerente de Urbanismo de Marbella, en prisión desde que fue arrestado, estuvo siempre en la sombra hasta que el juez Miguel Ángel Torres lo señaló como la persona que ostentaba todo el poder en el Ayuntamiento.
La fiscalía lo acusa directamente de crear “una organización criminal” para enriquecerse con el dinero público y de amasar una fortuna ilícita de 200 millones de euros gracias a las mordidas de convenios urbanísticos y contratos amañados.
Los empresarios pagaban y Roca recaudaba y repartía entre los concejales para obtener resoluciones administrativas favorables a quienes consentían el soborno.
Y él se habría quedado con la mayor parte del dinero, supuestamente blanqueado a través de una tupida red de testaferros con tentáculos por todo el país.
A todo esto se dará respuesta en la sentencia de Malaya, que tiene como principal prueba de cargo la contabilidad B con las anotaciones de las supuestas entregas de fondos intervenida durante la instrucción.
Ha sido un juicio difícil de barajar dividido en bloques para facilitar su manejo.
Por un lado se enjuició el presunto blanqueo de capitales y, por otro, los cohechos
. Roca, que se enfrenta a una petición fiscal de 30 años de cárcel y a una multa de 810 millones de euros, ha pasado en este tiempo de no reconocer nada a admitirlo casi todo, aunque con matices y precisando siempre que se movió dentro de la legalidad. Se presentó ante el tribunal como un avispado hombre de negocios, con un importante patrimonio antes de recalar en Marbella, y tan audaz que fue capaz de multiplicar su fortuna con los años.
El juicio dio un giro tras el pacto que la fiscalía cerró con el empresario Ismael Pérez Peña.
El hombre que alquilaba los coches al Ayuntamiento de Marbella y tenía la concesión de la grúa reconoció haber pagado sobornos a Roca y Marisol Yagüe.
Su testimonio obligó a cambiar la estrategia de defensa de Roca, que a partir de ese momento reconoció haber dado “gratificaciones” a los portavoces de los grupos municipales, aunque solo con el ánimo de sustentar el tripartito que encabezaba Yagüe
. Solo excluyó de estos pagos a Julián Muñoz, que se expone a 10 años de cárcel.
Los concejales negaron los cohechos.
El propio presidente del tribunal, José Godino, ha comentado lo “complicado” que ha sido dictar sentencia en un caso de estas características.
Alrededor de 300 profesionales de medios de comunicación están acreditados para seguir la lectura del fallo que sentenciará la política del GIL en Marbella.
La Audiencia Provincial de Málaga lo considera culpable de delitos continuados de cohecho y blanqueo, prevaricación y fraude. La fiscalía pedía 30 años para él.
"El Tribunal ha llegado a la firme convicción de la realidad del sistema de corrupción generalizada que se había instaurado en el Ayuntamiento de Marbella por parte de los procesados y bajo el poder de hecho ejercido por el señor Roca", señala la sentencia. "Frente al cúmulo de datos, de prueba documental, pericial, registros, intervenciones telefónicas, testifical y de confesión de hechos practicadas durante el juicio oral no puede prevalecer, en modo alguno, la negación de los hechos", apunta el fallo.
El tribunal ha aplicado en el caso de Roca la atenuante de confesión, ya que durante el juicio reconoció la propiedad de todo el entramado societario en el que ocultaba sus bienes, las anotaciones de su contabilidad secreta y la entrega de sobornos por parte de empresarios que luego él repartía entre los ediles.
Durante más de 40 minutos, el presidente de la Sección Segunda de la Audiencia de Málaga, José Godino, ha leído las condenas a los procesados en el mayor juicio contra la corrupción política en España
. Los principales acusados han sido condenados a penas de hasta 11 años de prisión
. En el caso de los principales acusados, las condenas han sido inferiores a lo que pedía el ministerio público. Un total de 43 de los 95 procesados iniciales han resultado absueltos.
Sobre nueve de ellos, el fiscal retiró la acusación durante la fase del juicio, y otros dos han fallecido.
La Audiencia también ha condenado a la mano derecha de Gil, Pedro Román, a cuatro años y multa de 2,5 millones y a Montserrat Corulla, asesora de Roca, a cuatro años y una multa de 30 millones
. Sobre la exalcaldesa Marisol Yagüe ha recaído una pena de seis años y nueve meses de prisión (el ministerio público había reclamado 16) y una multa de más de dos millones.
Al exconcejal de Deportes, el exjugador de fútbol Tomás Reñones, la Audiencia le ha impuesto una pena de cuatro años de cárcel y 300.000 euros de multa.
Tras conocer el fallo, Marisol Yagüe ha afirmado que "ha sido un palo duro e injusto", mientras que la exteniente de alcalde Isabel García Marcos, ha señalado con ironía que está encantada: "Hay que seguir luchando", ha añadido.
La Audiencia Provincial de Málaga ha notificado este viernes los 5.774 folios que sentencian el caso Malaya, la mayor trama de corrupción municipal destapada en España, con 84 procesados (dos personas han fallecido desde el inicio de la vista oral y Anticorrupción retiró los cargos contra nueve imputados). El tribunal habla de la "absoluta dejación de funciones que realizaron los concejales procesados, aquietándose a los tejemanejes del señor Roca y sus amigos Carlos Sánchez y Andrés Liétor"
. El tribunal ve probado que las licencias urbanísticas se concedían y autorizaban en reuniones previas de Roca con los cabeza del gobierno municipal tripartito a los que se entregaban los sobres con dinero a repartir entre los restantes concejales".
El tribunal rechaza de raíz la teoría apuntada por Roca de que los sobornos que cobraba a los empresarios tenían por objeto la financiación de los partidos que conformaban el tripartito -GIL, PSOE y PA-
. Los pagos "no tenían como finalidad la de financiar una inexistente campaña electoral, sino simplemente la de comprar voluntades de políticos para garantizar resoluciones administrativas afines a los intereses de los aportantes", señala la sentencia.
Los magistrados han dado validez a los principales elementos de prueba aportados por el fiscal para corroborar la existencia de la trama criminal. Los archivos informáticos hallados en la oficina de Roca con la contabilidad b del gerente de urbanismo han sido la principal prueba de cargo, acreditada además por la declaración del contable de Roca, Salvador Gardoqui.
También avalan los jueces las escuchas telefónicas ordenadas por el juez instructor del caso, Miguel Ángel Torres
. Consideran "sumemente significativas" las que se intervinieron a Isabel García Marcos, en la que esta manifestó: "Para trabajar necesito dinero, en la primera plusvalía que se genere necesito dinero, y si se le da el pase, quiero dinero de mi pase, y si se desarrolla, quiero dinero de la construcción".
Sin embargo, el tribunal da un varapalo al instructor al considerar irregulares las detenciones de varios de los procesados, lo que ha derivado en atenuantes en sus condenas.
"Algunos de los autos que se dictaron eran estereotipados con escasa fundamentación. Se acordó la detención directa, sin citación previa al juzgado (...)
La detención fue excesivamente mediática, con cámaras de televisión retransmitiendo en directo y en algunos casos las estancias en calabozos policiales fueron por un tiempo superior al legalmente establecido", afirman los tres magistrados.
Es posiblemente el proceso más voluminoso de la historia judicial española, y aunque no se trata del gran juicio al expolio de las arcas de Marbella, examinado en sendos sumarios en la Audiencia Nacional, ha profundizado en un aspecto tan vital de la corrupción como el enriquecimiento ilícito de quienes se dedican a la actividad pública a través de sobornos.
Continuados en el tiempo y como hábito en la Administración local, según la fiscalía.
Destapado en marzo de 2006, el caso Malaya fue pionero en la detención de concejales de una gran ciudad.
El escándalo fue de tal magnitud que derivó en la disolución de la corporación municipal.
Entre septiembre de 2010 y julio de 2012, a lo largo de 22 meses y 199 sesiones, se juzgó a una veintena de exediles (incluidos los exalcaldes Julián Muñoz, Marisol Yagüe y Tomás Reñones), a otros tantos empresarios (entre ellos, algunos de los promotores más reconocidos de Andalucía), a testaferros y abogados, joyeros, marchantes de arte y empleados de banca.
Y en la cúspide de la red corrupta se situaría Juan Antonio Roca, un hombre que llegó a Marbella de la mano de Jesús Gil a principios de la década de los noventa.
Discreto, huidizo y autoritario, el exgerente de Urbanismo de Marbella, en prisión desde que fue arrestado, estuvo siempre en la sombra hasta que el juez Miguel Ángel Torres lo señaló como la persona que ostentaba todo el poder en el Ayuntamiento.
La fiscalía lo acusa directamente de crear “una organización criminal” para enriquecerse con el dinero público y de amasar una fortuna ilícita de 200 millones de euros gracias a las mordidas de convenios urbanísticos y contratos amañados.
Los empresarios pagaban y Roca recaudaba y repartía entre los concejales para obtener resoluciones administrativas favorables a quienes consentían el soborno.
Y él se habría quedado con la mayor parte del dinero, supuestamente blanqueado a través de una tupida red de testaferros con tentáculos por todo el país.
A todo esto se dará respuesta en la sentencia de Malaya, que tiene como principal prueba de cargo la contabilidad B con las anotaciones de las supuestas entregas de fondos intervenida durante la instrucción.
Ha sido un juicio difícil de barajar dividido en bloques para facilitar su manejo.
Por un lado se enjuició el presunto blanqueo de capitales y, por otro, los cohechos
. Roca, que se enfrenta a una petición fiscal de 30 años de cárcel y a una multa de 810 millones de euros, ha pasado en este tiempo de no reconocer nada a admitirlo casi todo, aunque con matices y precisando siempre que se movió dentro de la legalidad. Se presentó ante el tribunal como un avispado hombre de negocios, con un importante patrimonio antes de recalar en Marbella, y tan audaz que fue capaz de multiplicar su fortuna con los años.
El juicio dio un giro tras el pacto que la fiscalía cerró con el empresario Ismael Pérez Peña.
El hombre que alquilaba los coches al Ayuntamiento de Marbella y tenía la concesión de la grúa reconoció haber pagado sobornos a Roca y Marisol Yagüe.
Su testimonio obligó a cambiar la estrategia de defensa de Roca, que a partir de ese momento reconoció haber dado “gratificaciones” a los portavoces de los grupos municipales, aunque solo con el ánimo de sustentar el tripartito que encabezaba Yagüe
. Solo excluyó de estos pagos a Julián Muñoz, que se expone a 10 años de cárcel.
Los concejales negaron los cohechos.
El propio presidente del tribunal, José Godino, ha comentado lo “complicado” que ha sido dictar sentencia en un caso de estas características.
Alrededor de 300 profesionales de medios de comunicación están acreditados para seguir la lectura del fallo que sentenciará la política del GIL en Marbella.
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