Culebrón habemus: Esperando a Parot

Oigo decir a un alto cargo del Gobierno que la sentencia del Tribunal de Estrasburgo sobre la llamada doctrina Parot (redención de condena sobre las penas impuestas, no sobre el máximo de 30 años de cárcel legalmente permitidos) viene contaminada.
 El fallo le quita la razón al Gobierno de España.
Y la contaminación detectada en Moncloa apunta al supuesto autor intelectual de la sentencia.
 Uno de los 17 magistrados de la Gran Sala, el español Luis López Guerra, exdiputado socialista en la asamblea de Madrid (2003) y exsecretario de Estado de Justicia (2004-2007 en el Gobierno de Rodríguez Zapatero).
En esas condiciones tenemos asegurado el culebrón
. Quizás se haya desencadenado ya con la lectura de este comentario, o estará a punto de hacerlo, pues la difusión de la sentencia está prevista para las primeras horas de este lunes.
Un culebrón de naturaleza similar a los habituales en nuestros debates de cercanías cada vez que el Supremo o el Constitucional fallan a gusto o a disgusto de la derecha o de la izquierda, según el sesgo político adjudicado con mayor o menor fundamento a tal o cual componente de los altos tribunales.
No estamos ante una cuestión ideológica o de partido, sino de aplicación del Estado de Derecho.
 Y de cumplimiento de los compromisos internacionales firmados por España, como el de “acatar y ejecutar” las sentencias del Tribunal de los Derechos Humanos de Estrasburgo (47 países europeos lo reconocen).
 Pero los españoles hemos vivido y sufrido muy de cerca el carácter particularmente odioso de los crímenes terroristas.
 Y es duro que, por encima de los respectivos pronunciamientos del Tribunal Supremo, que alumbró la doctrina Parot en 2006, y del Tribunal Constitucional, que la respaldó con ciertas condiciones en 2012, la instancia europea encargada nos diga ahora que los presos etarras están siendo tratados de una forma ilegal o injusta en materia de redención de penas. ¿Todos los presos o sólo la interesada en esta causa, Inés del Río? Es la incógnita por despejar.
Los juristas no se han puesto de acuerdo sobre si la sentencia europea que hoy tumbará la doctrina Parot es o no extensible a todos los presos en el mismo caso (juzgados por el Código Penal de 1973), en una especie de efecto dominó (54 etarras, 7 del Grapo, 1 del Gal y 14 comunes). La posición del Gobierno, defendida por un abogado del Estado, Isaac Salama, está cargada de sentido común: ¿es igual asesinar a un ser humano que asesinar a 100? La opinión pública no va a entender esta sentencia, salvo que opte por una generosa lectura en favor del olvido y la reconciliación.
En nuestra memoria herida está demasiado reciente el rastro de sangre y miseria moral que ha dejado ETA. Así que va a ser inútil apelar a la sensatez cuando la sentencia, leída esta mañana por el secretario general de la gran sala del Tribunal, Michael O'Boyle, ha vuelto a dar la razón a la etarra Inés del Rio, condenada a más de 3.000 años de cárcel (“debe ser puesta en libertad a la mayor brevedad posible”) y se la ha vuelto a quitar al Estado español, en cuyo nombre su Gobierno presentó recurso.
Si a todo eso añadimos la sospecha de estar ante una sentencia contaminada por la parcialidad del magistrado español, como me temo que va a ser inevitable, el culebrón está servido.