Varios ancianos de Olmeda de la Cuesta (Cuenca). / EFE
El Gobierno no tiene fácil lograr un pacto para reformar las
pensiones.
Lo pudo comprobar la semana pasada, cuando el Consejo Económico y Social rechazó su propuesta y le pidió que empezara de cero.
Y lo ha certificado esta semana, cuando se dio de frente con todos los grupos de la oposición.
Pero si no tiene éxito, desde luego, no será una excepción en Europa. Desde 2008 hasta ahora 22 países han reformado sus sistemas de pensiones, y en la mayor parte de ocasiones, el pacto entre Gobierno y agentes sociales ha sido imposible.
“La fuerte presión para hacer reformas, debido a la crisis económica y la necesidad de reducir el gasto público, ha limitado la posibilidad de que los sindicatos lleguen a influir y, en muchos países, ha acabado con el fracaso de las negociaciones y la ruptura del diálogo social”, analiza un informe de Eurofound, una fundación de la Unión Europea integrada por sindicatos, empresarios y la propia UE, que está en consonancia con imágenes como la de hace un par de semanas en Polonia, donde el Gobierno de Donald Tusk se encontró manifestaciones multitudinarias encabezadas por Solidaridad por su plan de reforma.
Y el rechazo no solo se da en los representantes de los trabajadores, antes de la CEOE, ya en 2009 los empresarios suecos se disgustaron por varios ajustes que hizo el Gobierno del país escandinavo.
“Es la orientación general”, explica José María Zufiaur, del Consejo Económico y Social europeo (CES), “los Gobiernos siguen las orientaciones de Bruselas en temas que no son de su competencia. Da lugar a reformas impuestas sin consenso social”. Los mayores desencuentros se han dado en países rescatados, excepto en Portugal, donde la reforma hecha cuatro años antes del rescate evitó que la troika —el FMI, el BCE y la UE— impusiera una nueva, aunque eso no le evitó una congelación de pensiones de 2011 a 2013. Entonces se retrasó la edad de jubilación hasta los 65 años y se creó un factor de sostenibilidad ligado a la esperanza de vida.
Portugal se adelantó en cinco años al Libro Blanco de la Comisión Europea.
En este informe, como en el Ageing Report 2012 también de la Comisión, se apunta el problema demográfico al que Europa enfrentará en las próximas décadas por su envejecimiento que puede elevar el gasto medio en pensiones en la UE para 2060 hasta el 12,5% del PIB (Italia se sitúa ya en torno al 15%). Para contener ese gasto, el Libro Blanco aconseja reformas que “vinculen la edad de jubilación a los aumentos de la esperanza de vida”, “restrinjan el acceso a la jubilación anticipada”, “iguale la edad de jubilación de hombres y mujeres” o se “fomente la constitución de planes de ahorro privado”. La crítica que hace Zufiaur, del CES europeo, a este planteamiento es que “se está aprovechando la crisis” para hacer reformas que él considera “ideológicas”.
Esos consejos se siguieron en Grecia, donde hasta el rescate existía uno de los sistemas más generosos del continente.
A pesar del rechazo social, entre 2010 y 2012, los diferentes Gobiernos helenos han ido implementando las condiciones de la troika que suponen elevar de 60 a 65 años o aumentar las carreras de cotización para cobrar el 100% de la pensión hasta los 40 años.
Tampoco fue posible el pacto en Irlanda, donde el año que viene la edad de jubilación se elevará a 66 años, en 2021 subirá hasta los 67 y en 2028 se llegará a los 68 años.
“En Irlanda, la consulta tripartita ha sido un instrumento fuerte en el pasado, pero la crisis económica ha traído la ruptura del vínculo de acuerdos de nivel nacional en políticas clave”, expone Eurofound.
Pero el choque entre Gobiernos y agentes sociales por las reformas de pensiones no se han quedado solo en los países rescatados.
También en los grandes países de la Unión con reformas recientes —algunas de ellas abortadas en parte, como la de 2010 en Francia— ha sido posible llegar a una entente.
En Italia, como en Suecia o Bélgica, lo que hizo imposible el acuerdo social fueron las prisas.
“La adopción de medidas ha tenido un ritmo muy rápido y los agentes sociales no han tenido suficiente tiempo para expresar su opinión”, lamenta Eurofound.
Una de las reformas de mayor calado del Gobierno de Mario Monti fue la de pensiones, en línea con muchas de las peticiones de su patronal, Confindustria, pero lejos de los sindicatos. Italia es uno de los países en los que la edad de jubilación de hombre y mujer es distinta ahora y donde se prevé igualarla, concretamente en 2018, donde ambos sexos se retirarán los 66 años.
Además, siguiendo el modelo sueco, se cambió sustancialmente la naturaleza del sistema al adoptar las cuentas nacionales: un modelo en el que el trabajador tiene una cuenta personal en la que se anotan sus aportaciones al sistema, a través de las cotizaciones, y se le aplica un coeficiente de rentabilidad.
Llegado el momento de jubilarse, la pensión se calcula según lo acumulado en esa cuenta.
La contestación social en Francia, probablemente el país de Europa donde hay ahora un sistema más generoso, contra los cambios en las pensiones se agotó en 2010, cuando Sarkozy sacó adelante el retraso gradual de la edad de jubilación de 60 a 62 años en 2018. François Hollande llegó al poder prometiendo una derogación de esta reforma, pero solo lo hizo en parte.
Ahora el presidente francés, siguiendo el dictado de la UE, está tramitando un aumento del periodo de cotización exigido que está encontrando un débil rechazo en la calle.
Las opciones de acuerdo o choque en Europa no acabarán cuando se acabe la tramitación de la reforma que en España ha comenzado su andadura en el Congreso u Hollande saque adelante la suya.
El envejecimiento de la población en Europa va para largo y, como recuerda Eurofound, “las reformas de pensiones se mantendrán en la agenda de muchos países”.
Lo pudo comprobar la semana pasada, cuando el Consejo Económico y Social rechazó su propuesta y le pidió que empezara de cero.
Y lo ha certificado esta semana, cuando se dio de frente con todos los grupos de la oposición.
Pero si no tiene éxito, desde luego, no será una excepción en Europa. Desde 2008 hasta ahora 22 países han reformado sus sistemas de pensiones, y en la mayor parte de ocasiones, el pacto entre Gobierno y agentes sociales ha sido imposible.
“La fuerte presión para hacer reformas, debido a la crisis económica y la necesidad de reducir el gasto público, ha limitado la posibilidad de que los sindicatos lleguen a influir y, en muchos países, ha acabado con el fracaso de las negociaciones y la ruptura del diálogo social”, analiza un informe de Eurofound, una fundación de la Unión Europea integrada por sindicatos, empresarios y la propia UE, que está en consonancia con imágenes como la de hace un par de semanas en Polonia, donde el Gobierno de Donald Tusk se encontró manifestaciones multitudinarias encabezadas por Solidaridad por su plan de reforma.
Y el rechazo no solo se da en los representantes de los trabajadores, antes de la CEOE, ya en 2009 los empresarios suecos se disgustaron por varios ajustes que hizo el Gobierno del país escandinavo.
“Es la orientación general”, explica José María Zufiaur, del Consejo Económico y Social europeo (CES), “los Gobiernos siguen las orientaciones de Bruselas en temas que no son de su competencia. Da lugar a reformas impuestas sin consenso social”. Los mayores desencuentros se han dado en países rescatados, excepto en Portugal, donde la reforma hecha cuatro años antes del rescate evitó que la troika —el FMI, el BCE y la UE— impusiera una nueva, aunque eso no le evitó una congelación de pensiones de 2011 a 2013. Entonces se retrasó la edad de jubilación hasta los 65 años y se creó un factor de sostenibilidad ligado a la esperanza de vida.
Portugal se adelantó en cinco años al Libro Blanco de la Comisión Europea.
En este informe, como en el Ageing Report 2012 también de la Comisión, se apunta el problema demográfico al que Europa enfrentará en las próximas décadas por su envejecimiento que puede elevar el gasto medio en pensiones en la UE para 2060 hasta el 12,5% del PIB (Italia se sitúa ya en torno al 15%). Para contener ese gasto, el Libro Blanco aconseja reformas que “vinculen la edad de jubilación a los aumentos de la esperanza de vida”, “restrinjan el acceso a la jubilación anticipada”, “iguale la edad de jubilación de hombres y mujeres” o se “fomente la constitución de planes de ahorro privado”. La crítica que hace Zufiaur, del CES europeo, a este planteamiento es que “se está aprovechando la crisis” para hacer reformas que él considera “ideológicas”.
Esos consejos se siguieron en Grecia, donde hasta el rescate existía uno de los sistemas más generosos del continente.
A pesar del rechazo social, entre 2010 y 2012, los diferentes Gobiernos helenos han ido implementando las condiciones de la troika que suponen elevar de 60 a 65 años o aumentar las carreras de cotización para cobrar el 100% de la pensión hasta los 40 años.
Tampoco fue posible el pacto en Irlanda, donde el año que viene la edad de jubilación se elevará a 66 años, en 2021 subirá hasta los 67 y en 2028 se llegará a los 68 años.
“En Irlanda, la consulta tripartita ha sido un instrumento fuerte en el pasado, pero la crisis económica ha traído la ruptura del vínculo de acuerdos de nivel nacional en políticas clave”, expone Eurofound.
Pero el choque entre Gobiernos y agentes sociales por las reformas de pensiones no se han quedado solo en los países rescatados.
También en los grandes países de la Unión con reformas recientes —algunas de ellas abortadas en parte, como la de 2010 en Francia— ha sido posible llegar a una entente.
En Italia, como en Suecia o Bélgica, lo que hizo imposible el acuerdo social fueron las prisas.
“La adopción de medidas ha tenido un ritmo muy rápido y los agentes sociales no han tenido suficiente tiempo para expresar su opinión”, lamenta Eurofound.
Una de las reformas de mayor calado del Gobierno de Mario Monti fue la de pensiones, en línea con muchas de las peticiones de su patronal, Confindustria, pero lejos de los sindicatos. Italia es uno de los países en los que la edad de jubilación de hombre y mujer es distinta ahora y donde se prevé igualarla, concretamente en 2018, donde ambos sexos se retirarán los 66 años.
Además, siguiendo el modelo sueco, se cambió sustancialmente la naturaleza del sistema al adoptar las cuentas nacionales: un modelo en el que el trabajador tiene una cuenta personal en la que se anotan sus aportaciones al sistema, a través de las cotizaciones, y se le aplica un coeficiente de rentabilidad.
Llegado el momento de jubilarse, la pensión se calcula según lo acumulado en esa cuenta.
La contestación social en Francia, probablemente el país de Europa donde hay ahora un sistema más generoso, contra los cambios en las pensiones se agotó en 2010, cuando Sarkozy sacó adelante el retraso gradual de la edad de jubilación de 60 a 62 años en 2018. François Hollande llegó al poder prometiendo una derogación de esta reforma, pero solo lo hizo en parte.
Ahora el presidente francés, siguiendo el dictado de la UE, está tramitando un aumento del periodo de cotización exigido que está encontrando un débil rechazo en la calle.
Las opciones de acuerdo o choque en Europa no acabarán cuando se acabe la tramitación de la reforma que en España ha comenzado su andadura en el Congreso u Hollande saque adelante la suya.
El envejecimiento de la población en Europa va para largo y, como recuerda Eurofound, “las reformas de pensiones se mantendrán en la agenda de muchos países”.
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