La orden de embargo corresponde a una finca inexistente.
La jubilada Encarna Pérez no puede contener las lágrimas.
Sufre achaques de ansiedad desde que el pasado año se enteró de que el juzgado de Primera Instancia número 5 de Llíria (Valencia) sacó a subasta su vivienda.
Su piso de 75 metros en Valencia donde reside desde hace dos décadas se precipita al desahucio por un error.
El inmueble carece de cargas y fue comprado al contado en 1989.
Pero la lenta maquinaria judicial se empecina en ignorarlo, según su familia. “Sufro una pesadilla. ¿Por qué me hacen esto?”, se queja entre sollozos la víctima, de 75 años, que teme quedarse en la calle en los próximos días por un inexplicable embrollo burocrático.
La esperpéntica historia de Encarna arrancó en septiembre del pasado año.
La jubilada recibió entonces la carta de un subastero interesado en ver su vivienda para pujar por ella.
Tras la sorpresa, la familia confirmó en el Servicio Común de Notificaciones y Embargos de Valencia, un órgano que depende del Juzgado Decano, que el inmueble había salido a subasta.
La orden se refería a un piso situado en el inexistente número 34 de la avenida Doctor Waksman (Encarna vive en el 36). “Acreditamos con las escrituras y los recibos del Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI) el error, y así se transmitió al juzgado de Llíria.
Nos dijeron que estaba claro que todo era fruto de una confusión”, recuerda el abogado de la familia, Manuel Morales.
El segundo capítulo de la “pesadilla” asomó el sábado pasado
. Una carta fechada el 20 de agosto apareció en el buzón de Encarna
. Fue encontrada “por casualidad” por su hija que visitó la vivienda para regar las plantas.
Su madre pasaba unos días de vacaciones en Zaragoza.
La misiva recogía una notificación del juzgado que avisaba del desahucio de la vivienda a las 10.45 horas de ayer.
Acudirían la policía y el cerrajero.
La carta reposaba en el buzón de la jubilada pero se dirigía al verdadero deudor, un constructor de Alberic. La familia, asustada, activó la maquinaria para no perder en tres días un piso valorado en 150.000 euros. Contactaron con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y su abogado volvió a acreditar el error ante el Registro de la Propiedad de Valencia y el juzgado de Llíria.
De nuevo, esgrimieron las escrituras y los recibos del IBI.
Los funcionarios no desahuciaron este miércoles a Encarna, que fue arropada durante toda la mañana por su familia para evitar el posible shock.
Su hija no descarta nuevos episodios de este “kafkiano” asunto.
La jubilada, que cobra una pensión de 500 euros, ya se ha gastado 300 en notarios y registros para acreditar que la casa que reclama el Banco Financiero y de Ahorros (BFA), matriz de Bankia, no es la suya. La mujer da por perdido el dinero. Y confía en que el trance del que su hija le informó hace unos meses finalice pronto.
“No hay derecho. ¿Por qué a mí?”, afirma desconcertada.
Su familia insiste en que el embrollo responde a la falta de verificación del número de la calle. “¿Por qué cuesta tanto hacer bien el trabajo cuando se trata de echar de su casa a una persona?”, se queja el abogado Morales, que sugiere otra pregunta: “¿Cómo realizó el perito el informe previo a la subasta? ¿A través de Google?”
El letrado dice no haber conocido nunca “un caso tan sangrante” como el de Encarna. “Hay presuntos profesionales que con este error ya han ganado 6.000 euros en honorarios”, remarca.
La hija de la propietaria, Mari Luz Sepúlveda, se planteaba ayer el peor de los escenarios.
“¿Qué pasa si no llegamos a ver la última carta? ¿Y si viene un señor que dice que ya ha comprado la casa”.
La oficial del juzgado de Primera Instancia número 5 de Llíria aseguró a este periódico que el caso 693/2008, que es como se denomina el expediente de la subasta de Encarna Pérez, era responsabilidad de su compañero, el secretario del juzgado, que se incorporará de sus vacaciones el próximo lune.
Entretanto, Encarna sigue llorando.
Sufre achaques de ansiedad desde que el pasado año se enteró de que el juzgado de Primera Instancia número 5 de Llíria (Valencia) sacó a subasta su vivienda.
Su piso de 75 metros en Valencia donde reside desde hace dos décadas se precipita al desahucio por un error.
El inmueble carece de cargas y fue comprado al contado en 1989.
Pero la lenta maquinaria judicial se empecina en ignorarlo, según su familia. “Sufro una pesadilla. ¿Por qué me hacen esto?”, se queja entre sollozos la víctima, de 75 años, que teme quedarse en la calle en los próximos días por un inexplicable embrollo burocrático.
La esperpéntica historia de Encarna arrancó en septiembre del pasado año.
La jubilada recibió entonces la carta de un subastero interesado en ver su vivienda para pujar por ella.
Tras la sorpresa, la familia confirmó en el Servicio Común de Notificaciones y Embargos de Valencia, un órgano que depende del Juzgado Decano, que el inmueble había salido a subasta.
La orden se refería a un piso situado en el inexistente número 34 de la avenida Doctor Waksman (Encarna vive en el 36). “Acreditamos con las escrituras y los recibos del Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI) el error, y así se transmitió al juzgado de Llíria.
Nos dijeron que estaba claro que todo era fruto de una confusión”, recuerda el abogado de la familia, Manuel Morales.
El segundo capítulo de la “pesadilla” asomó el sábado pasado
. Una carta fechada el 20 de agosto apareció en el buzón de Encarna
. Fue encontrada “por casualidad” por su hija que visitó la vivienda para regar las plantas.
Su madre pasaba unos días de vacaciones en Zaragoza.
La misiva recogía una notificación del juzgado que avisaba del desahucio de la vivienda a las 10.45 horas de ayer.
Acudirían la policía y el cerrajero.
La carta reposaba en el buzón de la jubilada pero se dirigía al verdadero deudor, un constructor de Alberic. La familia, asustada, activó la maquinaria para no perder en tres días un piso valorado en 150.000 euros. Contactaron con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y su abogado volvió a acreditar el error ante el Registro de la Propiedad de Valencia y el juzgado de Llíria.
De nuevo, esgrimieron las escrituras y los recibos del IBI.
Los funcionarios no desahuciaron este miércoles a Encarna, que fue arropada durante toda la mañana por su familia para evitar el posible shock.
Su hija no descarta nuevos episodios de este “kafkiano” asunto.
La jubilada, que cobra una pensión de 500 euros, ya se ha gastado 300 en notarios y registros para acreditar que la casa que reclama el Banco Financiero y de Ahorros (BFA), matriz de Bankia, no es la suya. La mujer da por perdido el dinero. Y confía en que el trance del que su hija le informó hace unos meses finalice pronto.
“No hay derecho. ¿Por qué a mí?”, afirma desconcertada.
Su familia insiste en que el embrollo responde a la falta de verificación del número de la calle. “¿Por qué cuesta tanto hacer bien el trabajo cuando se trata de echar de su casa a una persona?”, se queja el abogado Morales, que sugiere otra pregunta: “¿Cómo realizó el perito el informe previo a la subasta? ¿A través de Google?”
El letrado dice no haber conocido nunca “un caso tan sangrante” como el de Encarna. “Hay presuntos profesionales que con este error ya han ganado 6.000 euros en honorarios”, remarca.
La hija de la propietaria, Mari Luz Sepúlveda, se planteaba ayer el peor de los escenarios.
“¿Qué pasa si no llegamos a ver la última carta? ¿Y si viene un señor que dice que ya ha comprado la casa”.
La oficial del juzgado de Primera Instancia número 5 de Llíria aseguró a este periódico que el caso 693/2008, que es como se denomina el expediente de la subasta de Encarna Pérez, era responsabilidad de su compañero, el secretario del juzgado, que se incorporará de sus vacaciones el próximo lune.
Entretanto, Encarna sigue llorando.
No hay comentarios:
Publicar un comentario