“¡Soraya, Soraya, tu casa quién la paga!”. Unas 200 personas se concentraron el pasado 5 de abril ante la puerta del domicilio de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría,
convocados por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).Era el arranque de la campaña de escraches que la asociación organizó para tratar de atraer a los diputados en favor de la iniciativa legislativa por la dación en pago que planteó al Congreso. Esa tarde, algunos de los asistentes fueron identificados por los agentes de policía que protegían la vivienda, con la excusa de que era una “concentración no autorizada” por no haber sido comunicada con anterioridad. Entre ellos, Jorge Verstrynge, secretario general de Alianza Popular (AP) entre 1979 y 1986, hoy militante socialista y marido de una activista de la PAH.
Este celo policial a la hora de identificar y denunciar a quienes protestaban por el problema de la vivienda, a los que se llegó a calificar de "acosadores" y de "nazismo puro", en palabras de Dolores de Cospedal, contrasta con la impunidad con la que, desde hace años, se permite a las asociaciones antiabortistas llevar sus campañas ante las clínicas que permiten la interrupción del embarazo.
Como si protestar ante conocidos políticos fuera peor que molestar a anónimas mujeres cuando acuden a abortar.
Algo que, como mínimo, debería considerarse igual de grave y tratarse de la misma manera.
Días después del escrache ante la casa de la vicepresidenta, la Delegación del Gobieno en Madrid anunció la sanción con multas de hasta 1.500 euros a 19 de los identificados en aquel acto.
Y, en las sucesivas semanas, se irían sumando hasta una treintena de expedientes abiertos a otras tantas personas por diferentes escraches ante los domicilios en la capital de las diputadas Belén Bajo, Eva Durán o el presidente del Congreso, Jesús Posada.
Las razones de estas medidas las puso también sobre la mesa el jefe superior de Policía de Madrid, Alfonso José Fernández Díez, que informó de que los agentes a sus órdenes identificaron a los participantes en dicha protesta en cumplimiento de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley Corcuera. Quienes han intervenido en esas actividades “han sido identificados y denunciados en virtud de la ley 1/92 [de Seguridad Ciudadana] y se ha dado cuenta de ello al Ministerio Fiscal y a las autoridades judiciales”, afirmó el comisario.
En cambio, no hay ley Corcuera que dé paz a las clínicas del aborto.
La prueba la ha puesto sobre la mesa el propio Gobierno, que ayer remitió la respuesta a una pregunta de la diputada socialista Ángeles Álvarez, que quiso saber cuántas identificaciones había realizado la policía "ante los escraches que se producen de manera habitual ante las clínicas autorizadas para la interrupción voluntaria del embarazo".
Si bien la diputada pidió datos entre 2009 y 2012, el Ejecutivo solo ha respondido con información de 2012. En ese año, según el Ejecutivo, la policía no identificó a ninguna de las personas que protestaban a las puertas de las clínicas de Madrid, pese a que admite que en el mismo periodo se produjeron nueve intervenciones policiales ante los recintos.
"Hay dos varas de medir", protesta la diputada socialista, que recuerda que los escraches a las mujeres en las clínicas son "bastante más tensos". "Yo no pido que se identifique a quienes practican escraches en las puertas de las clínicas. Pero, al menos, que si no se pide a uno, no se pida a los otros".
Y, en las sucesivas semanas, se irían sumando hasta una treintena de expedientes abiertos a otras tantas personas por diferentes escraches ante los domicilios en la capital de las diputadas Belén Bajo, Eva Durán o el presidente del Congreso, Jesús Posada.
Las razones de estas medidas las puso también sobre la mesa el jefe superior de Policía de Madrid, Alfonso José Fernández Díez, que informó de que los agentes a sus órdenes identificaron a los participantes en dicha protesta en cumplimiento de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley Corcuera. Quienes han intervenido en esas actividades “han sido identificados y denunciados en virtud de la ley 1/92 [de Seguridad Ciudadana] y se ha dado cuenta de ello al Ministerio Fiscal y a las autoridades judiciales”, afirmó el comisario.
En cambio, no hay ley Corcuera que dé paz a las clínicas del aborto.
La prueba la ha puesto sobre la mesa el propio Gobierno, que ayer remitió la respuesta a una pregunta de la diputada socialista Ángeles Álvarez, que quiso saber cuántas identificaciones había realizado la policía "ante los escraches que se producen de manera habitual ante las clínicas autorizadas para la interrupción voluntaria del embarazo".
Si bien la diputada pidió datos entre 2009 y 2012, el Ejecutivo solo ha respondido con información de 2012. En ese año, según el Ejecutivo, la policía no identificó a ninguna de las personas que protestaban a las puertas de las clínicas de Madrid, pese a que admite que en el mismo periodo se produjeron nueve intervenciones policiales ante los recintos.
"Hay dos varas de medir", protesta la diputada socialista, que recuerda que los escraches a las mujeres en las clínicas son "bastante más tensos". "Yo no pido que se identifique a quienes practican escraches en las puertas de las clínicas. Pero, al menos, que si no se pide a uno, no se pida a los otros".
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