El extesorero del PP,
Luis Bárcenas, ha admitido ante el juez Pablo Ruz la autoría de
los papeles que EL PAÍS publicó el 31 de enero.
En su cuarta comparecencia en los juzgados con motivo de la publicación
de la contabilidad manuscrita, el responsable de las cuentas del PP
durante 20 años ha reconocido que los documentos fueron elaborados por
él.
Además, según fuentes del caso, el extesorero está aportando decenas
de documentos contra el PP, en un soporte informático, con un
pendrive,
y el resto de la contabilidad manuscrita.
Bárcenas está cargando, según
las mismas fuentes, especialmente contra el presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, la secretaria general, María Dolores de Cospedal, y su
antecesor, Álvaro Lapuerta, al que acusa de diseñar la estrategia de
pagos y cobros.
Una de las partes ha asegurado que las acusaciones contra el
presidente del Gobierno ha llegado al punto de que el extesorero ha
afirmado. "A Rajoy y Cospedal les hice entregas en efectivo en 2008,
2009 y 2010".
La contabilidad manuscrita recoge entradas de dinero (donativos de empresarios) y salidas (pagos periódicos
a miembros de la cúpula del partido
y otros gastos de funcionamiento). Hasta ahora Luis Bárcenas ha negado,
con palabras muy medidas, que los manuscritos fueran suyos. Incluso, en
la prueba caligráfica ante el juez,
forzó su letra con el fin de tratar de evitar
que los peritos certificaran que se trataba de su caligrafía. Este
lunes ha modificado esta declaración y ha admitido que sí elaboró la
contabilidad paralela.
Los documentos que publicó EL PAÍS recogen el periodo comprendido
entre 1990 y 2008, con la excepción de los años 1993, 1994, 1995 y 1996,
y registran pagos al actual presidente del Gobierno y del partido, por
entonces vicesecretario general,
Mariano Rajoy; los también vicesecretarios
Rodrigo Rato y
Jaime Mayor Oreja, así como los secretarios generales
Francisco Álvarez-Cascos,
Javier Arenas,
Ángel Acebes y
Dolores de Cospedal.
Entre las aportaciones, la mayoría de los ingresos registrados en la
contabilidad manuscrita
vulneran la ley de financiación de partidos políticos porque su importe
superaba el tope legal fijado para una misma persona física o jurídica o
bien porque procedían de personas o empresas a las que les estaba
prohibido hacer aportaciones a los partidos.
Hay ingresos de una sola
vez hasta de 250.000 euros (cuando el límite era de 60.000) y de una
misma persona en un año de hasta 400.000 euros.
En más de 30 ocasiones
se superó el límite legal.
Los pagos figuran
principalmente a nombre de empresas y empresarios
del sector de la construcción, que suelen contratar habitualmente con
la Administración. Ocho de estos empresarios están imputados en la misma
causa.
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