El Gobierno ha creado un grupo de expertos para que le ayude a
definir la gran reforma de pensiones que se avecina: la creación del
factor de sostenibilidad. Pero más allá de lo que digan esta docena de
sabios, el Ejecutivo tiene claros varios conceptos. Primero pretende que
afecte a todos los jubilados, presentes y futuros; segundo, sabe los
cambios que quiere y su dirección: aumentar la edad de jubilación
—plantea la posibilidad de que vaya más allá de los 67 años después de
2027—, desligar la marcha de las pensiones del IPC y exigir más tiempo
cotizado para cobrar la totalidad de la pensión. Pocas opciones más
caben cuando se habla de crear una fórmula automática que ajuste los
parámetros básicos de un sistema de pensiones, el llamado factor de
sostenibilidad. Tal vez una, subir los ingresos, es decir, más
cotizaciones. Pero el mismo documento de la Seguridad Social que apunta
las líneas a seguir descarta esta última.
El grupo de 12 expertos se reunió por primera vez el pasado
miércoles. Dos días después sus componentes recibieron una memoria, de
51 páginas, titulada
Informe sobre el factor de sostenibilidad,
en el que la Seguridad Social señala la dirección partiendo de lo que
han hecho otros países de la Unión Europea. El informe no plantea un
catálogo de reforma cerrado. Pone sobre la mesa los parámetros a
modificar y señala diversas opciones para cada caso. Pero sí deja un
punto muy claro: quiere que esta vez la reforma afecte a pensionistas
presentes y futuros. “El factor de sostenibilidad debería afectar a las
pensiones iniciales y a las existentes”, apunta en la página 14.
Esta frase no es baladí. Si la reforma afectara solo a los jubilados
futuros, el ahorro que procediera de ella se notaría muy poco al
comienzo. En cambio, si ya lo notan los jubilados actuales aumenta su
potencial de ahorro desde el principio.
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En la misma oración, el documento matiza: “Las modificaciones
aprobadas hasta la fecha en la UE inciden de manera más específica sobre
las pensiones iniciales”. Pero no cierra el párrafo sin dejar claro
incluso por donde puede afectar la reforma a los pensionistas actuales:
“Existen mecanismos de modificación de los sistemas de indexación”. Es
decir, que el Gobierno quiere acabar con la relación directa que hay
entre la marcha del IPC y la actualización anual de las pensiones.
“La revalorización de pensiones supone un coste muy importante para
los sistemas de Seguridad Social”, continúa el documento. Para
demostrarlo, pone cifras: de los casi 100.000 millones de euros que se
gastaron en pensiones contributivas en 2011, 26.860 procedían de las
revalorizaciones anuales.
¿Y qué propone el Ejecutivo para aliviar la carga? Apunta dos
posibilidades.
La primera toma como ejemplo lo que sucede en Alemania,
donde además de los precios se tiene en cuenta la relación entre
cotizantes y pensiones
. La segunda plantea que se tenga en consideración
la marcha del PIB, los ingresos y la ratio cotizantes/pensiones, lo que
se traduce en “una posible propuesta” de usar una relación entre
ingresos y gastos de la Seguridad Social. En el ejercicio de simulación
que hace el documento, se muestra que cualquiera de las dos fórmulas se
hubiera traducido en los últimos años en incrementos menores que el IPC.
Cambiar el mecanismo de actualización anual atañe solo a un
parámetro.
Pero hay dos más que probablemente acabarán cambiándose con
el factor de sostenibilidad.
Uno de ellos es la edad de jubilación, que
el Ejecutivo plantea que vaya más allá de la edad legal de jubilación a
los 67 años después de 2027, cuando acaba el periodo transitorio que ha
comenzado este año y que irá elevando la edad de retiro paulatinamente
de 65 años a 67.
Sería ya en 2028, cinco años antes de lo que
contemplaba la reforma de pensiones de 2011.
En ella se recogía la
obligación de crear el factor de sostenibilidad en 2027, que actuaría
por primera vez en 2032.
No es la única posibilidad que plantea este documento sobre cambios
en la edad de jubilación. El Gobierno también abre la puerta a no mover
los 67 años como edad legal, pero compensándolo con la opción de acabar
con la excepción que permite retirarse a los 65 años cuando un
trabajador acumula una carrera de cotización larga (38,5 años).
Por último, la Seguridad Social propone exigir más de 37 años para
tener derecho a cobrar la pensión completa.
De hecho, el informe hace
referencia a que en Europa el listón suele estar en 40 años.
Todas estas propuestas acabarán se van a analizar por el comité de
expertos, que elaborará su propio informe a finales de mayo.
De ahí
pasará al Congreso, donde el Gobierno puede sacar adelante sus
propuestas asentado en su mayoría parlamentaria.
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