La Junta encarga a sus ingenieros informes para preparar la desamortización
Los funcionarios recogen firmas contra la privatización y los ecologistas critican el "daño irreparable".
Dehesón Encinar (Toledo), una de las fincas susceptibles de ser vendidas / ECOLOGISTAS EN ACCIÓN
Increible, es como si en Canarias vendemos el Monte de La Esperanza, o el Pinar de Vilaflor,o el Roque Nublo, o el Dedo de Dios de Agaete, etc, etc.
La Junta de Castilla-La Mancha planea vender montes de utilidad
pública selectos a propietarios cinegéticos. El Gobierno que preside
Dolores de Cospedal ha pedido a sus ingenieros de Montes informes sobre
unos 50 montes de utilidad pública que sería interesante privatizar,
según fuentes de la Junta. Ecologistas en Acción y SEO/Birdlife
confirman que el director general de Montes de la comunidad les confirmó
el jueves que está en estudio.
La desamortización, realizada en España en el siglo XIX con ruinoso rendimiento para el Estado, se ha topado con la oposición de los funcionarios, que han comenzado a recoger firmas para proteger la naturaleza. Hasta ahora, las comunidades habían vendido parcelas rústicas y agrícolas, pero no montes de utilidad pública. La Junta de Castilla-La Mancha afirmó anoche que no tiene ningún documento de trabajo y que son otras autonomías las que lo han planteado.
Hace unas dos semanas, según fuentes de la Junta, las delegaciones provinciales de Medio Ambiente recibieron el encargo de realizar un informe sobre una serie de montes selectos que suman decenas de miles de hectáreas. Aunque son montes de utilidad pública, y su venta tiene difícil encaje jurídico, la Junta pedía que se detallara si incluían alguna construcción que pudiera servir como chalé o la posibilidad de instalar un vallado cinegético.
El texto que estos días firman los funcionarios señala que “la exclusión de montes del catálogo de montes de utilidad pública solo procede si estos hubieran perdido las características por las que fueron catalogados y fuera irreversible la recuperación de las mismas, o hubieran desaparecido las causas para su afectación al uso o servicio público que motivó su declaración [...] Ninguno de los montes que se pretenden excluir del catálogo para su venta se encuentra en alguno de estos supuestos”.
Los ingenieros de Montes y agentes forestales recuerdan que “los efectos de las desamortizaciones forestales pasadas fueron desastrosos para la economía, la sociedad y la naturaleza españolas.
Miles de hectáreas de montes públicos vendidas a particulares fueron deforestadas sufriendo erosión y perdiendo su papel protector frente a las inundaciones”. Y concluyen:
“Los montes que se consiguieron salvar de la desamortización y se incluyeron en el catálogo de montes de utilidad pública en el siglo XIX han sido y siguen siendo la base de la conservación de la naturaleza de este país”.
Los montes de utilidad pública no son pocos. Según el Ministerio de Medio Ambiente, ocupan 6,57 millones de hectáreas, el 13% de la superficie de España. El catálogo fue creado en 1859. Por ley, los montes del dominio público forestal son “inalienables, imprescriptibles e inembargables y no están sujetos a tributo alguno que grave su titularidad”.
Venderlos requeriría un cambio legal —y ahora el Gobierno prepara una reforma de la Ley de Montes—, o la desafectación al considerar que han perdido sus características.
Miguel Ángel Hernández, responsable de Conservación de Ecologistas en Acción, señala que ayer se reunió con el director general de Montes y Espacios Naturales, Javier Gómez:
“Nos confirmó que está en estudio la venta de los montes de utilidad pública de la Junta dentro de un plan de Hacienda de obtener fondos a partir de la venta de bienes de titularidad de la Junta”. Castilla-La Mancha fue la comunidad con más déficit en 2011, un 7,3%. En septiembre, acumulaba una deuda de 394 millones, un 1,06% del PIB y la consejería de Hacienda ha pedido a todos los departamentos que vendan todo lo posible.
Según Hernández, entre los montes susceptibles de salir a la venta están los tres refugios de fauna que Castilla-La Mancha desprotegió en octubre para permitir la caza en Toledo. Se trata de Quinto de Don Pedro y Cardeñosa, Nava de Don Diego y el Dehesón del Encinar, en el Valle del Tiétar, de 714 hectáreas. Toledo y Ciudad Real son dos de las provincias con mayor dependencia de la caza y con enormes fincas de millonarios, que serían los que podrían comprar.
La Junta de Castilla-La Mancha es titular de 228 montes que ocupan 171.228 hectáreas
. Según Ecologistas en Acción, serían susceptibles de ser vendidos entre el 20% y el 30%, por lo que “se ofertarían entre 46 y 68 montes y una superficie entre 34.000 y 51.000 hectáreas de propiedad pública”.
El precio es enormemente variable según la zona y el uso del monte
. Entre 1.500 y 6.000 euros por hectárea.
Según Hernández, “su venta sería la destrucción sin reparación posible de una labor que lleva décadas, cuando no siglos, llevándose a cabo”, además de “un mal negocio”. La Asociación de Propietarios Rurales para la gestión cinegética y la Conservación del Medio Ambiente (Aproca) afirmó desconocer el plan.
Margarita Hernández, técnico del Colegio de Ingenieros de Montes, señala que legalmente no es sencillo vender un monte de utilidad pública: “Si son montes patrimoniales de la comunidad no tiene mayor problema.
Pero si están incluidos en el catálogo de utilidad pública hay un expediente que justifica su inclusión, por su interés ecológico, protector, la fauna...
En ese caso, la comunidad debería hacer un expediente para desafectarlo con una justificación técnica”. En Castilla-La Mancha todos los montes de la comunidad se inscribieron como bienes demaniales, con lo que la venta es legalmente complicada.
La idea de emprender una desamortización para combatir el déficit público la lanzó en 2010 Jaime Lamo de Espinosa, exministro de Agricultura con la UCD, catedrático y presidente de una asociación de constructores.
Entonces el Gobierno la desestimó. Lamo afirmó en una conferencia en diciembre de 2011 que vender un tercio de las tierras públicas “supondría unos ingresos de entre 1.400 y 4.200 millones de euros para las comunidades y otros 6.000-18.000 millones para Ayuntamientos”.
“Si el Estado en los años anteriores ha ido liquidando sus activos, sus propiedades industriales (siderurgias, navales, energía, aviación...), financieras (banca oficial), inmobiliarias... ¿qué sentido tiene hoy mantener propiedad agraria en manos públicas si suponen costes y no rendimientos?”, justificó.
La venta de propiedades públicas ha sido una herramienta común para combatir la crisis.
La Generalitat de Cataluña (CiU) vendió en 2012 una finca de 90 hectáreas del parque natural de los Aiguamolls de l’Empordà (Girona) y la Junta de Andalucía (PSOE) pudo en venta 20.000 hectáreas de terreno agrícola que pertenecieron al antiguo Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA). Los montes de utilidad pública se habían mantenido, hasta ahora, al margen de la ola privatizadora.
La desamortización, realizada en España en el siglo XIX con ruinoso rendimiento para el Estado, se ha topado con la oposición de los funcionarios, que han comenzado a recoger firmas para proteger la naturaleza. Hasta ahora, las comunidades habían vendido parcelas rústicas y agrícolas, pero no montes de utilidad pública. La Junta de Castilla-La Mancha afirmó anoche que no tiene ningún documento de trabajo y que son otras autonomías las que lo han planteado.
Hace unas dos semanas, según fuentes de la Junta, las delegaciones provinciales de Medio Ambiente recibieron el encargo de realizar un informe sobre una serie de montes selectos que suman decenas de miles de hectáreas. Aunque son montes de utilidad pública, y su venta tiene difícil encaje jurídico, la Junta pedía que se detallara si incluían alguna construcción que pudiera servir como chalé o la posibilidad de instalar un vallado cinegético.
El texto que estos días firman los funcionarios señala que “la exclusión de montes del catálogo de montes de utilidad pública solo procede si estos hubieran perdido las características por las que fueron catalogados y fuera irreversible la recuperación de las mismas, o hubieran desaparecido las causas para su afectación al uso o servicio público que motivó su declaración [...] Ninguno de los montes que se pretenden excluir del catálogo para su venta se encuentra en alguno de estos supuestos”.
Los ingenieros de Montes y agentes forestales recuerdan que “los efectos de las desamortizaciones forestales pasadas fueron desastrosos para la economía, la sociedad y la naturaleza españolas.
Miles de hectáreas de montes públicos vendidas a particulares fueron deforestadas sufriendo erosión y perdiendo su papel protector frente a las inundaciones”. Y concluyen:
“Los montes que se consiguieron salvar de la desamortización y se incluyeron en el catálogo de montes de utilidad pública en el siglo XIX han sido y siguen siendo la base de la conservación de la naturaleza de este país”.
Los montes de utilidad pública no son pocos. Según el Ministerio de Medio Ambiente, ocupan 6,57 millones de hectáreas, el 13% de la superficie de España. El catálogo fue creado en 1859. Por ley, los montes del dominio público forestal son “inalienables, imprescriptibles e inembargables y no están sujetos a tributo alguno que grave su titularidad”.
Venderlos requeriría un cambio legal —y ahora el Gobierno prepara una reforma de la Ley de Montes—, o la desafectación al considerar que han perdido sus características.
Miguel Ángel Hernández, responsable de Conservación de Ecologistas en Acción, señala que ayer se reunió con el director general de Montes y Espacios Naturales, Javier Gómez:
“Nos confirmó que está en estudio la venta de los montes de utilidad pública de la Junta dentro de un plan de Hacienda de obtener fondos a partir de la venta de bienes de titularidad de la Junta”. Castilla-La Mancha fue la comunidad con más déficit en 2011, un 7,3%. En septiembre, acumulaba una deuda de 394 millones, un 1,06% del PIB y la consejería de Hacienda ha pedido a todos los departamentos que vendan todo lo posible.
Según Hernández, entre los montes susceptibles de salir a la venta están los tres refugios de fauna que Castilla-La Mancha desprotegió en octubre para permitir la caza en Toledo. Se trata de Quinto de Don Pedro y Cardeñosa, Nava de Don Diego y el Dehesón del Encinar, en el Valle del Tiétar, de 714 hectáreas. Toledo y Ciudad Real son dos de las provincias con mayor dependencia de la caza y con enormes fincas de millonarios, que serían los que podrían comprar.
La Junta de Castilla-La Mancha es titular de 228 montes que ocupan 171.228 hectáreas
. Según Ecologistas en Acción, serían susceptibles de ser vendidos entre el 20% y el 30%, por lo que “se ofertarían entre 46 y 68 montes y una superficie entre 34.000 y 51.000 hectáreas de propiedad pública”.
El precio es enormemente variable según la zona y el uso del monte
. Entre 1.500 y 6.000 euros por hectárea.
Según Hernández, “su venta sería la destrucción sin reparación posible de una labor que lleva décadas, cuando no siglos, llevándose a cabo”, además de “un mal negocio”. La Asociación de Propietarios Rurales para la gestión cinegética y la Conservación del Medio Ambiente (Aproca) afirmó desconocer el plan.
Margarita Hernández, técnico del Colegio de Ingenieros de Montes, señala que legalmente no es sencillo vender un monte de utilidad pública: “Si son montes patrimoniales de la comunidad no tiene mayor problema.
Pero si están incluidos en el catálogo de utilidad pública hay un expediente que justifica su inclusión, por su interés ecológico, protector, la fauna...
En ese caso, la comunidad debería hacer un expediente para desafectarlo con una justificación técnica”. En Castilla-La Mancha todos los montes de la comunidad se inscribieron como bienes demaniales, con lo que la venta es legalmente complicada.
La idea de emprender una desamortización para combatir el déficit público la lanzó en 2010 Jaime Lamo de Espinosa, exministro de Agricultura con la UCD, catedrático y presidente de una asociación de constructores.
Entonces el Gobierno la desestimó. Lamo afirmó en una conferencia en diciembre de 2011 que vender un tercio de las tierras públicas “supondría unos ingresos de entre 1.400 y 4.200 millones de euros para las comunidades y otros 6.000-18.000 millones para Ayuntamientos”.
“Si el Estado en los años anteriores ha ido liquidando sus activos, sus propiedades industriales (siderurgias, navales, energía, aviación...), financieras (banca oficial), inmobiliarias... ¿qué sentido tiene hoy mantener propiedad agraria en manos públicas si suponen costes y no rendimientos?”, justificó.
La venta de propiedades públicas ha sido una herramienta común para combatir la crisis.
La Generalitat de Cataluña (CiU) vendió en 2012 una finca de 90 hectáreas del parque natural de los Aiguamolls de l’Empordà (Girona) y la Junta de Andalucía (PSOE) pudo en venta 20.000 hectáreas de terreno agrícola que pertenecieron al antiguo Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA). Los montes de utilidad pública se habían mantenido, hasta ahora, al margen de la ola privatizadora.
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