Diego Torres revela una reunión en Zarzuela con Camps y Barberá

• El exsocio de Urdangarin vincula a la Casa del Rey con la gestión de Nóos
• Torres asegura que tanto la infanta Cristina y su asesor, Carlos García Revenga, tenían un papel de control en la institución.
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  La declaración del ex socio de Iñaki Urdangarin, Diego Torres, ante el juez se ha centrado en el funcionamiento de la Fundación Nóos.
   Durante el interrogatorio, ha asegurado que tanto la infanta Cristina como el asesor de esta, Carlos García Revenga, tenían un papel de control en la institución.
   Torres no se ha cebado especialmente en la implicación de ambos, según las fuentes consultadas, pero sí ha sido explícito y meticuloso a la hora de exponer el funcionamiento de la fundación.
   Ha declarado que ambos eran miembros de la junta directiva de la entidad y que tenían un papel tan activo como el del resto de integrantes.
   Además, ha asegurado que José Manuel Romero Moreno, conde de Fontao, les requirió para que "cubrieran las apariencias" sobre el papel del duque.
  Diego Torres ha declarado durante más de dos horas ante el juez Castro, en Palma, donde se instruye el caso Nóos, en el que ambos están imputados por supuesta corrupción con caudales públicos. Torres ha hecho entrega al juez Castro de un sobre con nueva documentación que, según las fuentes consultadas, no contenía información "trascendental".
  El antiguo profesor en la escuela de negocios ESADE de Urdangarin ha desvelado la celebración, en 2004, de una reunión en el Palacio de la Zarzuela a la que asistió él mismo, el duque de Palma, el entonces presiente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá
  . Las administraciones valencianas contrataron varios eventos con el duque y, en aquella ocasión, se negoció la celebración del celebración del foro deportivo Valencia Summit.
  Además, Diego Torres ha sido preguntado por 960.000 euros localizados en una cuenta en Suiza, ante lo que ha contestado que responden a negocios anteriores.
  Hoy, el caso entra en la recta final de la instrucción, abierta en julio de 2010
  . El ex socio del duque de Palma, con quien se asoció a través del instituto Nóos, está siendo ya interrogado después de que su esposa, Ana Maria Tejeiro, haya pedido declarar tras su marido y no antes.
  Las calles de alrededor de los juzgados han amanecido cortadas.
   Hay interferencias con los teléfono móviles alrededor de los juzgados de Palma, que están blindados por la policía. El esposo de la infanta será interrogado el próximo sábado día 23.
  La entidad Nóos, que se declaraba sin ánimo de lucro, altruista, captó contratos por más de diez millones de euros de la mano de Urdangarin y Torres.
   Sus clientes principales fueron las administraciones de Baleares y Valencia y, en menor medida, de Madrid y Barcelona. Además obtuvo acuerdos de asesoría con grandes empresas privadas, aunque ningún empresario privado ha denunciado su caso.
  El juez sostiene que “ilícitamente” los dos socios “se desentienden de las reglas que rigen la contratación pública con tal de conseguir su objetivo, que no es otro que el de desviar fondos públicos en beneficio propio o ajeno”. Por ello les impuso una fianza civil de 8,1 millones, solidaria, para garantizar que, en el caso de ser condenados puedan reponer el daño causado a las arcas públicas.
   El juez Castro lanza un reproche a las administraciones por su falta de control y esmero en la gestión del dinero de los ciudadanos.
  Urdangarin y Torres están imputados por la supuesta comisión de los delitos de malversación de caudales públicos, fraude a la Administración, falsedad en documento público y falsedad en documento mercantil, tráfico de influencias, prevaricación, delito fiscal y posible blanqueo de capitalesç
  ç. El yerno del Rey carga con una acusación concreta por tres delitos fiscales (dos por dos ejercicios del IRPF y otro por el impuesto de sociedades) y Torres está implicado en un supuesto delito fiscal por las declaraciones societarias.
   Los fraudes fiscales han sido documentados por la Agencia Tributaria en las última semanas y son el motivo de la nueva cita judicial.
  La esposa de Torres y también gestora en Nóos, Ana María Tejeiro, está imputada y este sábado debe declarar también. Están imputados –entre otros muchos excargos públicos y profesionales-
   los hermanos de Ana María Tejeiro, Miguel y Marco, así como el secretario de las infantas, Carlos García Revenga –que fue tesorero del Instituto Nóos- citado para el día 23 de febrero, en la misma jornada que el duque de Palma.
   La trama de una docena de sociedades y fundaciones desplegada desde Nóos se usó, según el juez, para "derivar los fondos ilícitamente obtenidos hacia las sociedades de su entorno".
  Urdangarin, con Torres, cerró acuerdos para preparar grandes eventos deportivos gracias a sus relaciones directas con el Gobierno de Baleares de Jaume Matas quien le contrató por 2,3 millones para dos Forum IB y, al margen, el patrocinio el equipo ciclista Illes Balears Banesto.
  Con la Generalitat Valenciana que presidía Francisco Camps y el Ayuntamiento de Valencia regido por  Rita Barberá, el tándem logró cerrar acuerdos por 3,5 millones por tres ediciones de los Valencia Summit y los nunca disputados Juegos Europeos.
   Además existen los pagos de 144.000 euros de Madrid 16 del Ayuntamiento en la etapa de Alberto Ruiz Gallardón y otras partidas menores de entidades catalanas.
  Torres y Urdangarin rompieron sus relaciones por cuestiones económicas aún antes del estallido público del escándalo.
   Están enfrentados pese a que cargan idénticas acusaciones en la misma causa. En los últimos meses, a través de los escritos presentados ante el juez por el abogado de Torres, ha existido una posición combativa del antiguo profesor con el duque de Palma.
  Urdangarin, al declarar por primera y única vez ante el juez, en febrero de 2012, derivó en Torres toda la responsabilidad en la gestión económica y el día a día de Nóos y reclamó para sí un mero rol en las relaciones institucionales y los contactos comerciales.
  Torres afirma, por el contrario, que él no conocía a ninguna de las autoridades y “quien siempre disponía, decidía y ordenaba (...) era Urdangarin”
  . El abogado del exsocio del duque, Manuel González Peeters, libró al juez, en tres remesas, correos electrónicos internos de Nóos, no intervenidos en su día por la policía, en los que se intenta negar las tesis de la defensa del yerno del Rey, además de evidenciar la continuidad en la gestión del duque y desvelar correos con detalles personales.
  Por el contenido de uno de esos correos quedó implicado el secretario de las infantas, Carlos García Revenga, al reseñarse su rol de "controlador" de la actividad de Urdangarin desde Nóos.
  Otros correos, anecdóticos para la causa, divulgaron la participación de la amiga íntima del rey, la princesa Corinna, en un Valencia Summit, invitada por Nóos.
  El exprofesor del esposo de la infanta Cristina ejerció de esa forma presión exterior sobre la Casa del Rey, supuestamente para intentar forzar un acuerdo de defensa con el duque de Palma. Entre representantes de ambos imputados sí han existido durante meses posibles puentes y vías de negociación.
  Los dos antiguos aliados comerciales de Nóos sondearon lograr un posible acuerdo de conformidad con la fiscalía, con el abono de la partida de fondos públicos cuyo desvío se dirime.
   Nada cuajó
  . Las relaciones personales están rotas y, hasta ahora, no ha habido coordinación de las dos defensas penales
  En julio de 2011 Torres declaró ante el juez en los primeros compases de la causa pero se negó a hacerlo en otras dos ocasiones: en febrero de 2012 -cuando acudió Urdangarin- y posteriormente en mayo del año pasado, al evitar la comparecencia judicial pese a haberla solicitado.
  Diego Torres sostiene que todos los eventos se celebraron, de acuerdo con los convenios y compromisos cerrados y resalta que las administraciones contratantes no reclamaron. Indica que no existió delito alguno.
   El juez constata, por el contrario, que existió “utilización fraudulenta y deliberadamente de la figura del convenio para eludir la aplicación de la Ley de contratos del sector público”.
   Así Torres y Urdangarin se beneficiaron de decisiones arbitrarias, adoptadas en "un ejercicio abusivo de poder, cuya finalidad era únicamente beneficiar a una determinada entidad, al margen de cualquier consideración de utilidad o necesidad pública”.