El duque de Palma y su socio tienen un plazo de cinco días para depositar el dinero
El instructor del caso justifica su decisión en un auto de unos 500 folios.
El duque de Palma, Iñaki Urdangarin. / JOSEP LAGO (AFP)
El juez que investiga la supuesta apropiación indebida de fondos públicos del duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y de su socio, Diego Torres,
a través del Instituto Nóos ha impuesto una fianza de 8,1 millones de
euros a ambos imputados.
La mayoría del dinero logrado para organizar eventos relacionados con el deporte y el turismo acabó en la caja de empresas privadas de Urdangarin, de Torres o de ambos.
Torres y Urdangarin tienen un plazo de cinco días para reunir el dinero.
Ambos deben responder solidariamente, es decir, ponerse de acuerdo, ya que no se establece qué cantidad debe aportar cada uno. En caso de no hacerse efectiva la fianza acarrearía el embargo de sus propiedades.
El instructor José Castro, que justifica su decisión en un auto de 500 folios, ha decidido aceptar la petición fiscal para imponer una fianza de responsabilidad civil a ambos para responder del supuesto daño patrimonial causado a las arcas públicas.
Los imputados presuntamente usaron Nóos, una entidad sin ánimo de lucro, para lograr contratos millonarios de los Gobiernos de Baleares, y la Comunidad Valenciana, ambos del PP, sin que mediara concurso alguno.
Torres y Urdangarin montaron un negocio en 2003 basado en la posición privilegiada del yerno del Rey,
que se encargaba de las relaciones públicas para lograr contratos de
distintas administraciones. Durante los tres primeros años, su negocio,
articulado bajo el paraguas de una supuesta entidad sin ánimo de lucro
llamada Instituto Nóos, logró más de siete millones de euros de los
Gobiernos de Baleares y de la Comunidad Valenciana, en este caso con la
colaboración del Ayuntamiento de Valencia.
La mayor parte de ese dinero no se dedicaba a organizar los eventos para los que habían sido contratados sino que formaba parte de los beneficios de Torres y Urdangarin, que simulaban supuestos contratos de prestación de servicios suscritos por el Instituto Nóos con empresas privadas con ánimo de lucro que eran de su propiedad, según la investigación judicial y policial.
Una de las empresas privadas más beneficiadas por el negocio de Urdangarin y Torres a través del Instituto Nóos se llama Aizoon y es propiedad del duque de Palma y de su esposa, la infanta Cristina. Pese a este hecho y a que la infanta formaba parte de la Junta Directiva de Nóos, el juez José Luis Castro, que instruye esta causa, no ha visto indicios suficientes para imputar de momento a la hija del Rey, al considerar que su participación en la trama fue nula.
Sin embargo, en los últimos meses se han conocido correos electrónicos que implicarían a la infanta Cristina en alguna mediación a favor de los negocios de su marido y el socio de Urdangarin, Diego Torres, amenaza con hacer públicos nuevos correos electrónicos para involucrar todavía más a la esposa del duque de Palma en los irregulares negocios de Nóos.
El caso Nóos arrancó tras descubrir el juez en unos registros relacionados con el caso Palma Arena —la construcción de un polideportivo con un 100% de sobrecoste sobre el precio de licitación de la obra— unos documentos sobre los contratos del Gobierno balear que presidía Jaume Matas con el Instituto Nóos para organizar en Palma de Mallorca unos eventos relacionados con el turismo y el deporte.
Tras más de un año de investigación, la fiscalía y el juez han descubierto numerosas ilegalidades en la forma de actuar de Nóos, por lo que imputó a sus dos principales responsables por considerar que hay indicios suficientes de que han podido cometer los delitos de malversación de fondos públicos, falsedad documental y fraude a la administración.
La investigación también ha destapado dos supuestos delitos fiscales cometidos por el duque de Palma a través de la empresa Aizoon cuya propiedad comparte con su mujer.
El PP se había opuesto hasta ahora a la petición de la izquierda y los nacionalistas. La Casa Real ha sido ya informada de la rectificación del callejero de la capital balear.
La mayoría del dinero logrado para organizar eventos relacionados con el deporte y el turismo acabó en la caja de empresas privadas de Urdangarin, de Torres o de ambos.
Torres y Urdangarin tienen un plazo de cinco días para reunir el dinero.
Ambos deben responder solidariamente, es decir, ponerse de acuerdo, ya que no se establece qué cantidad debe aportar cada uno. En caso de no hacerse efectiva la fianza acarrearía el embargo de sus propiedades.
El instructor José Castro, que justifica su decisión en un auto de 500 folios, ha decidido aceptar la petición fiscal para imponer una fianza de responsabilidad civil a ambos para responder del supuesto daño patrimonial causado a las arcas públicas.
Los imputados presuntamente usaron Nóos, una entidad sin ánimo de lucro, para lograr contratos millonarios de los Gobiernos de Baleares, y la Comunidad Valenciana, ambos del PP, sin que mediara concurso alguno.
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La mayor parte de ese dinero no se dedicaba a organizar los eventos para los que habían sido contratados sino que formaba parte de los beneficios de Torres y Urdangarin, que simulaban supuestos contratos de prestación de servicios suscritos por el Instituto Nóos con empresas privadas con ánimo de lucro que eran de su propiedad, según la investigación judicial y policial.
Una de las empresas privadas más beneficiadas por el negocio de Urdangarin y Torres a través del Instituto Nóos se llama Aizoon y es propiedad del duque de Palma y de su esposa, la infanta Cristina. Pese a este hecho y a que la infanta formaba parte de la Junta Directiva de Nóos, el juez José Luis Castro, que instruye esta causa, no ha visto indicios suficientes para imputar de momento a la hija del Rey, al considerar que su participación en la trama fue nula.
Sin embargo, en los últimos meses se han conocido correos electrónicos que implicarían a la infanta Cristina en alguna mediación a favor de los negocios de su marido y el socio de Urdangarin, Diego Torres, amenaza con hacer públicos nuevos correos electrónicos para involucrar todavía más a la esposa del duque de Palma en los irregulares negocios de Nóos.
El caso Nóos arrancó tras descubrir el juez en unos registros relacionados con el caso Palma Arena —la construcción de un polideportivo con un 100% de sobrecoste sobre el precio de licitación de la obra— unos documentos sobre los contratos del Gobierno balear que presidía Jaume Matas con el Instituto Nóos para organizar en Palma de Mallorca unos eventos relacionados con el turismo y el deporte.
Tras más de un año de investigación, la fiscalía y el juez han descubierto numerosas ilegalidades en la forma de actuar de Nóos, por lo que imputó a sus dos principales responsables por considerar que hay indicios suficientes de que han podido cometer los delitos de malversación de fondos públicos, falsedad documental y fraude a la administración.
La investigación también ha destapado dos supuestos delitos fiscales cometidos por el duque de Palma a través de la empresa Aizoon cuya propiedad comparte con su mujer.
Palma deja sin calle al duque de Palma
El Ayuntamiento de Palma de Mallorca ha decidido retirar la denominación de Rambla de los duques de Palma a la calle que hasta ahora la llevaba. La razón esgrimida ha sido "la indignación popular" ante escándalo de corrupción del caso Urdangarin.El PP se había opuesto hasta ahora a la petición de la izquierda y los nacionalistas. La Casa Real ha sido ya informada de la rectificación del callejero de la capital balear.
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