Una gestión poco transparente y despilfarradora lleva al abismo al canal autonómico
Aguirre conocía desde 2004 el descontrol de sus cuentas.
El ERE de Telemadrid afecta al 80% de los trabajadores. / juan carlos hidalgo (efe)
El camino hacia el abismo se veía venir.
El Gobierno de Esperanza Aguirre conocía desde 2004 la desastrosa gestión que se estaba llevando a cabo en Telemadrid. Sin embargo, la comunidad no tomó medidas para cambiar el rumbo de la televisión autonómica, que ocho años después lucha por sobrevivir.
Un informe de la consultora Alfa Solutions, encargado por el Consejo de Administración de RTV-Madrid (con mayoría del PP), alertaba ya en octubre de 2004 de graves deficiencias en los sistemas de contratación de servicios e inversiones.
Este informe, que según fuentes del ente fue entregado en mano a la entonces presidenta regional, exponía “una falta de optimización económica del presupuesto anual y una ausencia de un plan a medio plazo” en la televisión pública y revelaba una “escasa eficiencia en la coordinación entre direcciones responsables de ejecutar los gastos y la dirección encargada de suministrar los recursos”, una “falta de evidencia en el proceso de selección y evaluación de programas” y una “ejecución de presupuestos sin aprobación definitiva”.
El entonces presidente del Consejo de Administración, Álvaro Renedo, dirigió en septiembre de 2004 una carta a Aguirre en la que le exponía su preocupación por la contratación de varios programas (la serie Capital, el concurso Metro a metro y el musical Alcalá Club) y de la campaña publicitaria para el lanzamiento de la programación de otoño. Exponía que se había vulnerado la ley de creación del ente porque tanto los tres programas como la campaña deberían haber sido aprobados por el Consejo.
Para conocer los mecanismos de contratación, este organismo encomendó también a la consultora Alfa Solutions un estudio específico.
En una carta-informe remitida en marzo de 2005 al subdirector general de Telemadrid, Ángel Martín Vizcaíno (que sigue en el cargo), ponía de manifiesto anomalías en la contratación de algunos programas de alto presupuesto puestos en marcha en la etapa de Manuel Soriano como director general.
De nuevo aparecían Capital, Metro a metro y Alcalá Club, además de Gran Vía de Madrid y Abierto por la mañana. La autorización del Consejo (o de su comisión delegada) era necesaria en los contratos que sobrepasaban los 601.000 euros.
Pero el director general firmó con la productora Fábrica Visual por 1,2 millones de euros y con La Granota Groga, por 910.000 euros.
En muchos casos, los contratos se rubricaban antes de que fueran aprobados por el órgano competente. “La fecha datada en el contrato”, precisaban los auditores, “es anterior a la fecha de autorización del gasto o inversión por parte de la comisión delegada” del Consejo.
En otros, solo se mencionaban los costes unitarios de los programas, sin precisar el número de ediciones pactadas.
Y, a menudo, en las actas de las reuniones de la comisión delegada y/o del Consejo de Administración se especifican datos esenciales haciendo referencia a anexos que no quedaban firmados por el presidente y por el secretario.
Telemadrid resta importancia a las “irregularidades de forma” que pudieran haberse producido.
“Nos preocuparían más si fueran de fondo”, dice un portavoz, según el cual existen mecanismos para controlar la gestión, tanto por el Consejo de Administración como por la Asamblea. “Estamos monitorizados constantemente por los órganos competentes”.
En su diagnóstico de la situación (la de 2004), los auditores exponían que en Telemadrid no existía “una mentalidad de ahorro de costes”.
Llamaban especialmente la atención sobre una falta de capacidad en la gestión del gasto “al acabar todo siendo urgente”, la tendencia a tomar decisiones sin la transparencia adecuada, la dilución de responsabilidades y la toma de decisiones sin la competencia adecuada.
Ocho años después, la cadena apela a problemas financieros para justificar un ERE colosal. Deloitte-Cuatrecasas hace referencia al “cada vez más menguante” presupuesto público, la prohibición de endeudamiento y las dificultades para acceder a créditos bancarios.
Al cierre de 2011 la deuda financiera era de 262 millones, según el documento, que exculpa a los gestores del deterioro de la situación económica del ente.
El servicio público “en los últimos años se ha visto fuertemente afectado por factores negativos, fuera del control de sus directivos, y que pone en serio peligro su continuidad”, expone el texto.
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