ONG critican que se exigen condiciones imposibles para acceder a la prestación.
Las pateras llegan a Canarias por su proximidad con la costa africana. / Gelmert Finol (EFE)
El Gobierno de Canarias (CC-PSOE) rectificará el decreto emitido por el Gobierno de España
que excluía de la cobertura sanitaria completa a los extranjeros
indocumentados
. Inicialmente, el ejecutivo canario dijo que iba a cumplir la ley a pesar de la objeción de decenas de médicos que argumentaron de forma contraria a su cumplimiento “por una cuestión de Derechos Humanos”. Meses después, parece haber reculado, aunque parcialmente, porque aunque recupera la cobertura completa para algunos de estos extranjeros, lo hace exigiendo la demostración de cobrar menos de 532 euros al mes y obligando a estar empadronado en Canarias desde hace más de un año.
En Euskadi también se expide una tarjeta que garantiza la universalidad de la sanidad para los extranjeros indocumentados y cuyo uso el Gobierno de España, tras un auto del Tribunal Constitucional favorable a la misma, ha circunscrito a este territorio
. En Andalucía, por su parte, han ido más allá y mantienen el protocolo de actuación sanitario, el mismo que antes de entrar en vigor el decreto impulsado por el Gobierno que dirige Mariano Rajoy. Otras comunidades, como Cataluña, Galicia y Castilla y León también mantienen la atención.
“Hay que recuperar la universalidad de la Sanidad”, dijo la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Brígida Mendoza. Desde el Gobierno autónomo, tras cruzar cifras de varias Administraciones, estiman que los extranjeros sin documentación son alrededor de 52.000.
Mendoza aseguró que “a aquellos que no tienen recursos económicos y que no tienen tarjeta sanitaria, y han quedado excluidos, no los podemos dejar fuera” y mantiene que la orden está destinada a personas con dificultades económicas.
Sin embargo, esta nueva regulación para los inmigrantes en Canarias tiene importantes limitaciones. La primera, que cierra los centros sanitarios a los que no puedan acreditar que ganan menos de 532 euros al mes. Sanidad considera que a partir de esa cantidad la necesidad de cobertura sanitaria gratuita no es tan perentoria.
La segunda es el tiempo que llevan residiendo en Canarias.
Para poder asistir al médico tendrán que demostrar que han estado empadronados, aunque sea en distintos municipios canarios, desde hace más de un año. Pero hay más: tampoco tendrán asistencia sanitaria aquellos que no puedan aportar una serie de documentos que todas las asociaciones de inmigrantes coinciden en destacar.
“Tienen que presentar un certificado de bienes de su país de origen, un certificado de renta de su país de origen, copia del pasaporte, un certificado de bienes de la dirección general del catastro de la comunidad autónoma y un certificado de ingresos de la Agencia Tributaria Estatal”, apuntó Zaira Navarro, secretaria general técnica del Servicio Canario de Salud, como requisitos documentales a aportar a la administración pública canaria. Teodoro Bongdiale, médico ecuatoguineano residente en Gran Canaria y portavoz de la federación de asociaciones africanas aseguró tener “muy malas impresiones” y añadió que “está diseñada para la estupidez”.
“¿Cómo alguien que no existe para la Administración va a obtener un certificado de ingresos de la administración?”, se pregunta Bongdiale. Igualmente, considera que “están cogiendo a los inmigrantes como banco de pruebas. Se realizan los cambios con ellos y, si funcionan, luego se extiende al resto de la ciudadanía”.
La orden anunciada el martes entrará en vigor, con probabilidad, antes del final de semana.
. Inicialmente, el ejecutivo canario dijo que iba a cumplir la ley a pesar de la objeción de decenas de médicos que argumentaron de forma contraria a su cumplimiento “por una cuestión de Derechos Humanos”. Meses después, parece haber reculado, aunque parcialmente, porque aunque recupera la cobertura completa para algunos de estos extranjeros, lo hace exigiendo la demostración de cobrar menos de 532 euros al mes y obligando a estar empadronado en Canarias desde hace más de un año.
En Euskadi también se expide una tarjeta que garantiza la universalidad de la sanidad para los extranjeros indocumentados y cuyo uso el Gobierno de España, tras un auto del Tribunal Constitucional favorable a la misma, ha circunscrito a este territorio
. En Andalucía, por su parte, han ido más allá y mantienen el protocolo de actuación sanitario, el mismo que antes de entrar en vigor el decreto impulsado por el Gobierno que dirige Mariano Rajoy. Otras comunidades, como Cataluña, Galicia y Castilla y León también mantienen la atención.
“Hay que recuperar la universalidad de la Sanidad”, dijo la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Brígida Mendoza. Desde el Gobierno autónomo, tras cruzar cifras de varias Administraciones, estiman que los extranjeros sin documentación son alrededor de 52.000.
Mendoza aseguró que “a aquellos que no tienen recursos económicos y que no tienen tarjeta sanitaria, y han quedado excluidos, no los podemos dejar fuera” y mantiene que la orden está destinada a personas con dificultades económicas.
Sin embargo, esta nueva regulación para los inmigrantes en Canarias tiene importantes limitaciones. La primera, que cierra los centros sanitarios a los que no puedan acreditar que ganan menos de 532 euros al mes. Sanidad considera que a partir de esa cantidad la necesidad de cobertura sanitaria gratuita no es tan perentoria.
La segunda es el tiempo que llevan residiendo en Canarias.
Para poder asistir al médico tendrán que demostrar que han estado empadronados, aunque sea en distintos municipios canarios, desde hace más de un año. Pero hay más: tampoco tendrán asistencia sanitaria aquellos que no puedan aportar una serie de documentos que todas las asociaciones de inmigrantes coinciden en destacar.
“Tienen que presentar un certificado de bienes de su país de origen, un certificado de renta de su país de origen, copia del pasaporte, un certificado de bienes de la dirección general del catastro de la comunidad autónoma y un certificado de ingresos de la Agencia Tributaria Estatal”, apuntó Zaira Navarro, secretaria general técnica del Servicio Canario de Salud, como requisitos documentales a aportar a la administración pública canaria. Teodoro Bongdiale, médico ecuatoguineano residente en Gran Canaria y portavoz de la federación de asociaciones africanas aseguró tener “muy malas impresiones” y añadió que “está diseñada para la estupidez”.
“¿Cómo alguien que no existe para la Administración va a obtener un certificado de ingresos de la administración?”, se pregunta Bongdiale. Igualmente, considera que “están cogiendo a los inmigrantes como banco de pruebas. Se realizan los cambios con ellos y, si funcionan, luego se extiende al resto de la ciudadanía”.
La orden anunciada el martes entrará en vigor, con probabilidad, antes del final de semana.
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