Manifestación contra los recortes en sanidad, en Madrid. / JUAN MEDINA (REUTERS)
Desarrollado desde la Transición y ahora acogotado: las tijeras presupuestarias, afiladas con las reformas impuestas por la UE, rebajan, dificultan o encarecen el acceso a los beneficios sociales del Estado de bienestar. Es la crisis, sí, pero también la ideología, coinciden varios expertos que ven de trasfondo la batalla entre el modelo tradicional europeo de bienestar y el neoliberal.
Es el déficit público y el ahorro obligado para contenerlo, justifica el Gobierno, más afanado en cortar la hemorragia que en estudiar sus consecuencias. Ha apostado más por reducir el gasto, según algunos expertos, que por aumentar los ingresos, lo que reduce el peso del Estado.
Para los ciudadanos, con el bolsillo estrujado e inmersos en un mar de incertidumbre y eufemismos —al recorte se le llama ahorro, a la privatización, externalización—, crecen las dificultades. Al aumento del paro y las rebajas de los sueldos se añade una mala noticia tras otra: las ambulancias dejan de ser gratis, hay que pagar más por los medicamentos, la escuela pública pierde recursos, la universidad es más cara, los ancianos mueren esperando su ayuda por dependencia...
Las malas noticias llegan desde 2009, cuando el Gobierno socialista endureció de forma gradual el acceso a las pensiones públicas. Y han arreciado desde 2010. Desplome de los ingresos fiscales —sostenedores del Estado de bienestar—, paro, recesión y obligación imperiosa de cuadrar las cuentas impuesta por la UE y los mercados financieros son sumandos que están arrastrando el modelo de prestaciones universales e igualitarias.
La sanidad, con 7.395 millones de euros menos desde 2010 ha sufrido el mayor tajo. Le sigue la educación: 6.401 millones menos —incluido el presupuesto total del año que viene—.
“Si se necesita cortar, hay que hacerlo, el problema está en por dónde se corta”, afirma uno de los grandes estudiosos a nivel global del Estado de bienestar, el danés Gosta Esping-Andersen
. Y en ese terreno España, con una situación “brutal”, suspende. “Es preocupante la falta de una estrategia de prioridades. Me da la impresión de que los recortes se hacen a ciegas, sin pensar en las consecuencias a medio plazo”. “No ha habido tiempo para reflexionar. Los objetivos de déficit marcados por la UE han obligado a tomar medidas rápidas”, admite el director general del Imserso, César Antón, experto del PP en bienestar social.
“En Escandinavia, lo último que se tocaría es la educación infantil y primaria. No se ve como un gasto, sino como una inversión. En España es al contrario: es un área con un recorte brutal que pagan los niños con dificultades en términos de igualdad de oportunidades”, puntualiza el experto nórdico, profesor de la Universidad Pompeu Fabra. Abundan los botones de muestra: el Gobierno ha frenado en seco la financiación para las nuevas escuelas infantiles y va a cancelar los planes contra el abandono escolar o las clases de refuerzo. A estos recortes se suman otros mucho más relevantes, los de las comunidades autónomas. Los tijeretazos afectan a todo el entramado: menos profesores y más alumnos, ayudas de libros o de comedor en picado, tasas universitarias encarecidas hasta en 500 euros.
“En todos los niveles educativos, la igualdad de oportunidades se está desmantelando con el apoyo a la enseñanza concertada como hilo conductor. El ministro [de Educación, José Ignacio] Wert, se ha plegado a los planteamientos de la Iglesia. Se aumentan las tasas y se liquidan los recursos en la educación básica”, asegura Juan José González Rodríguez, profesor de la UNED experto en Estado de bienestar. “Los recortes se cargan la calidad de la enseñanza pública y con esa excusa se favorecen los conciertos privados”, añade Manuel de la Rocha Vázquez, del colectivo progresista Economistas frente a la crisis. Y luego, están las distintas políticas autonómicas. En Madrid, con gobernantes liberales, existen, por ejemplo, exenciones fiscales para ir a centros privados. “Benefician a los más pudientes. Suponen unos 65 o 70 millones de euros”, añade.
Es la educación, sí, pero también es la sanidad.“Los recortes del gasto público en salud trasladan servicios al sector privado. El riesgo a medio plazo es un deterioro del servicio público y un reforzamiento del dualismo del sistema, con un éxodo de las clases pudientes a la sanidad privada”, advierte Esping-Andersen. Y una estigmatización creciente de lo público, añade González Rodríguez. “En sanidad, se introducen mecanismos de mercado para abrir paso al sector privado con el argumento de que la sanidad pública es menos eficiente, lo que no está probado. Hay que hacer mejoras en su eficiencia, pero no es necesario privatizarla”, plantea De la Rocha.
Los recortes también cercenan derechos, incrementan los pagos —los jubilados han perdido la gratuidad de los medicamentos y ha subido el copago— y se acaba con la universalidad de la atención: desde mediados de este año el derecho a la sanidad pública está vinculado a la condición de cotizante o beneficiario de la Seguridad Social. “Es bastante preocupante este recorte que afecta sobre todo a los inmigrantes no documentados. Supone un ahorro absurdo, pero tiene un impacto potencial muy fuerte. Torpedear esto es torpedear uno de los mejores elementos de protección social en España: la universalidad de un sistema sanitario eficiente, de coste limitado y calidad muy alta que incluso era modelo para Escandinavia”, añade Esping-Andersen.
A los tajos en los tres pilares clásicos del Estado de bienestar se suman los que padece el cuarto, los servicios sociales, con la ley de dependencia implantada hace apenas un lustro y a la que se han recortado al menos 1.089 millones, según el cómputo de EL PAÍS. Se ha rebajado la prestación a las familias, eliminado la cotización a la Seguridad Social de las cuidadoras familiares y la atención no cubre la demanda: 773.000 personas reciben prestación y 233.000 con derecho a ella la esperan.
“Es el gran reto de nuestro Estado de bienestar, pero es el principal pagano. Los recortes han paralizado la atención”, afirma Luis Moreno, del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Antes, tampoco fue viento en popa. “Algunas comunidades autónomas del PP hicieron de su capa un sayo y la atención a la dependencia no es lo que tenía que ser. Eso ha facilitado las cosas al Gobierno central”, asegura González Rodríguez.
Las comunidades gestionan todos los pilares salvo pensiones y desempleo y existen recortes asimétricos. A la pésima situación de sus arcas se suman los distintos planteamientos ideológicos de sus gobernantes hasta cuando son del mismo partido: el PP no es monolítico “Abarca desde el centro hasta la extrema derecha pasando por los neoliberales y los cristianodemócratas”, define Moreno.
Y aparecen extraños aliados: en el euro por receta, convergentes catalanes y populares madrileños se dan la mano, pese a las llamadas al orden a ambos desde el Gobierno central. “Las comunidades suelen tender a la emulación entre ellas, para lo bueno y lo malo”, destaca Moreno. En privatizaciones dos marcan la pauta, según los expertos: Madrid y la Comunidad Valenciana. Pero esa es, también, una vía que maneja el Gobierno central y a la que se refiere como “colaboración público-privada”.
“Queremos hacer sostenible y viable el Estado de bienestar, pero tenemos que adaptarnos a la situación económica. Eso ha obligado a hacer adaptaciones presupuestarias, a incrementar la aportación de los usuarios en función de su capacidad, a introducir medidas de eficiencia y eficacia y a buscar alternativas como la colaboración público-privada”, describe Antón. “En Sanidad esa concertación se ha hecho en todas las comunidades, y está prevista en la legislación”, puntualiza. El argumento de que lo privado abarata se inscribe en el cambio que dibuja el PP: pasar “del Estado de bienestar a la sociedad de bienestar”. El primero, garante de los derechos, responsable de los servicios, “pero no tiene que ser el proveedor único”, afirma el director general. Una melodía que suena bien en FAES, la fundación del PP que preside José María Aznar. Uno de sus colaboradores, Mauricio Rojas, exdiputado liberal sueco de origen chileno, es contundente. “El Estado de bienestar está quebrado en España, como lo estuvo en Suecia hace 20 años”. Propone la misma receta que allí: “Recortar y crear competencia a través de una mayor competencia público-privada, de forma que el más eficiente preste el servicio”. Pero echa en falta algo que sí hubo en el país nórdico, “un gran consenso social” para acometer la reforma.
El cambio de paradigma está a la vuelta de la esquina. “Vamos hacia un modelo de una mayor desigualdad, gestionado por un Estado asistencial que sobrecarga a la familia y que hace al individuo responsable último de los riesgos de su existencia”, advierte Gregorio Rodríguez Cabrero, catedrático de la Universidad de Alcalá. Está convencido de que los recortes pueden causar un deterioro “irreversible” de los servicios.
Otro catedrático experto en políticas públicas, Vicenç Navarro, de la Universidad Pompeu Fabra, también es pesimista. Plantea que con los tajos presupuestarios “se están desmantelando” los servicios del Estado de bienestar mientras crece el sector privado.
Y hay quien se beneficia de la situación: “El capital financiero” y los sectores sociales “con rentas altas”. “La privatización de la sanidad y de la educación, por ejemplo, reproduce la polarización social en España, en detrimento de la mayoría de la ciudadanía que utiliza los servicios públicos”, sostiene Navarro. “Vamos a un modelo bipolar sumamente desigual y muy ineficiente”, añade.
Como otros, Navarro niega el argumento recurrente para los recortes, eso de que “hemos vivido por encima de nuestras posibilidades”.
"Son eufemismos que enmascaran la realidad, eslóganes que forman parte del éxito ideológico neoliberal”, asegura Rodríguez Cabrero.
“No es creíble que no podemos sostener un Estado de bienestar que está claramente subfinanciado. Estamos a la cola de la Europa social”, añade Navarro. Tira de números: “España se gasta mucho menos de lo que debería y podría. El PIB per cápita ya es el 94% del promedio de los países de la UE-15, el grupo de los más ricos. En cambio, el gasto público social por habitante es solo el 72% del promedio”.
Esos argumentos no frenan las manos que mueven las tijeras.
Aunque las ONG adviertan de que se tardará 20 años en recuperar lo perdido y de la creciente brecha entre ricos y pobres.
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