Tras más de 48 horas de huelga de hambre, los 21 vecinos del núcleo
costero de Cho Vito en el municipio de Candelaria (Tenerife) fueron
desalojados de sus viviendas, afectadas por la Ley de Costas.
Ahora se enfrentan a un futuro incierto. “Nos han destrozado la vida, no tenemos donde vivir”, increpaba una vecina ante el cordón policial que impedía la entrada al centenar de personas que se concentraron para protestar por los derribos.
El poblado amaneció tomado por un amplio dispositivo policial
. Una orden judicial daba luz verde a los derribos de las viviendas
. Durante el desalojo, se registraron algunos incidentes entre los agentes y los vecinos más jóvenes. “Se han comportado como verdaderos gorilas e incluso han golpeado a un menor de 14 años por lo que la Fiscalía de Menores debería actuar”, declaró Tomás González, portavoz de los vecinos. Precisamente, la primera de las nueve viviendas en ser demolida fue la de González, quien observaba entre lágrimas e impotente cómo una retroexcavadora procedía a reducir a escombros lo que hasta entonces había sido su casa.
Gumersindo García ha propuesto a los vecinos la entrega de 12.000 euros o darles un alquiler durante dos años y preferencia para obtener una vivienda social en la localidad.
“Desde el Ayuntamiento no podemos hacer nada porque las viviendas están en dominio marítimo terrestre y hay una orden judicial que se debe de cumplir pero les hemos dado alternativas para que no se queden en la calle”, explicó el edil.
Esta alternativa ha sido rechazada por los vecinos que han abandonado la huelga de hambre y han anunciado que acamparán frente al Consistorio de Candelaria. Por su parte, el abogado de los vecinos, Eduardo Silgo ha aseverado que el desalojo ha sido “totalmente irregular” y ha interpuesto una denuncia ante la Guardia Civil, argumentando que se ha ejecutado sin una orden judicial
. Las denuncias van dirigidas contra la responsable de la Demarcación de Costas encargada de gestionar el expediente de Cho Vito y contra el jefe del operativo de la Guardia Civil.
El poblado pesquero de Cho Vito es uno de los numerosos núcleos del archipiélago amenazados por la Ley de Costas debido a que se encuentran dentro del linde que marca en dominio marítimo terrestre
. La Dirección General de Costas ordenó el derribo de parte del poblado en 2008. Sin embargo, varios recursos judiciales lograron paralizar el derribo de las últimas nueve viviendas de las 12 que componían el poblado pesquero. En este sentido, los vecinos siempre han defendido que sus casas son legales y que Costas ha cometido errores a la hora de definir el deslinde.
Un argumento que no ha sido secundado por la Audiencia nacional que rechazó el recurso presentado por los propietarios de las viviendas, una sentencia que ratificó el Tribunal Supremo en mayo de este año.
En donde antes se levantaba el poblado marinero se prevé la construcción de un paseo marítimo dentro del plan de recuperación del litoral previsto por la Demarcación de Costas de Santa Cruz de Tenerife.
Ahora se enfrentan a un futuro incierto. “Nos han destrozado la vida, no tenemos donde vivir”, increpaba una vecina ante el cordón policial que impedía la entrada al centenar de personas que se concentraron para protestar por los derribos.
El poblado amaneció tomado por un amplio dispositivo policial
. Una orden judicial daba luz verde a los derribos de las viviendas
. Durante el desalojo, se registraron algunos incidentes entre los agentes y los vecinos más jóvenes. “Se han comportado como verdaderos gorilas e incluso han golpeado a un menor de 14 años por lo que la Fiscalía de Menores debería actuar”, declaró Tomás González, portavoz de los vecinos. Precisamente, la primera de las nueve viviendas en ser demolida fue la de González, quien observaba entre lágrimas e impotente cómo una retroexcavadora procedía a reducir a escombros lo que hasta entonces había sido su casa.
Gumersindo García ha propuesto a los vecinos la entrega de 12.000 euros o darles un alquiler durante dos años y preferencia para obtener una vivienda social en la localidad.
“Desde el Ayuntamiento no podemos hacer nada porque las viviendas están en dominio marítimo terrestre y hay una orden judicial que se debe de cumplir pero les hemos dado alternativas para que no se queden en la calle”, explicó el edil.
Esta alternativa ha sido rechazada por los vecinos que han abandonado la huelga de hambre y han anunciado que acamparán frente al Consistorio de Candelaria. Por su parte, el abogado de los vecinos, Eduardo Silgo ha aseverado que el desalojo ha sido “totalmente irregular” y ha interpuesto una denuncia ante la Guardia Civil, argumentando que se ha ejecutado sin una orden judicial
. Las denuncias van dirigidas contra la responsable de la Demarcación de Costas encargada de gestionar el expediente de Cho Vito y contra el jefe del operativo de la Guardia Civil.
El poblado pesquero de Cho Vito es uno de los numerosos núcleos del archipiélago amenazados por la Ley de Costas debido a que se encuentran dentro del linde que marca en dominio marítimo terrestre
. La Dirección General de Costas ordenó el derribo de parte del poblado en 2008. Sin embargo, varios recursos judiciales lograron paralizar el derribo de las últimas nueve viviendas de las 12 que componían el poblado pesquero. En este sentido, los vecinos siempre han defendido que sus casas son legales y que Costas ha cometido errores a la hora de definir el deslinde.
Un argumento que no ha sido secundado por la Audiencia nacional que rechazó el recurso presentado por los propietarios de las viviendas, una sentencia que ratificó el Tribunal Supremo en mayo de este año.
En donde antes se levantaba el poblado marinero se prevé la construcción de un paseo marítimo dentro del plan de recuperación del litoral previsto por la Demarcación de Costas de Santa Cruz de Tenerife.
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