Quieren que al menos se les adelante la paga de junio de 2013 a enero
El Gobierno vasco anunció ayer que sí abona la extra.
Protesta de funcionarios de justicia el pasado día 23. / JUAN CARLOS CARDENAS (EFE)
Los empleados públicos no van a esperar sentados a que haya voluntad política y, tras el ejemplo del País Vasco y Extremadura, pasan a la acción: reclamarán en los tribunales la paga extra de Navidad que el Gobierno de Mariano Rajoy suprimió el pasado mes de julio,
según fuentes de CSIF. La Plataforma sindical y de asociaciones de
empleados del sector público, que integra a CSIF, UGT, CC OO y los
sectoriales, lo ha acordarlo esta mañana.
Además de la vía jurídica, el colectivo ha estudiado en una reunión un modelo de reclamación de la paga para presentar ante los Gobiernos del resto de comunidades autónomas.
"Queremos que por lo menos sigan el modelo extremeño y adelanten el pago de la extra de junio de 2013 a enero de ese mismo año", explicaba ayer a este diario Miguel Borra, presidente de CSIF.
El Gobierno vasco en funciones anunció ayer que los 70.000 funcionarios y empleados dependientes de la Administración autonómica sí van a cobrar la paga extra de Navidad.
El Ejecutivo del socialista Patxi López ha dado orden de hacer efectivo el pago, que supone un gasto de 208 millones de euros.
“Esperamos que cunda el ejemplo y que el resto de administraciones encuentren vías de financiación, a través de una buena gestión que evite duplicidades y derroches, y que cuando la economía lo permita se compense a los empleados públicos de la pérdida de derechos laborales que llevamos sufriendo desde 2010”, sostiene el sindicalista Borra. CSIF calcula que los empleados públicos han perdido desde entonces entre un 25% y un 30% de poder adquisitivo.
El Gabinete vasco dice tener una serie de informes jurídicos que le amparan para tomar esa decisión. Pero el Gobierno de Mariano Rajoy ya advirtió a José Antonio Monago, presidente extremeño (y del PP), que también anunció que recuperaría la extra, de que presentaría un recurso de inconstitucionalidad si Extremadura incumplía "la legislación básica”.
El caso extremeño —y el de Navarra, que en septiembre adoptó una medida similar— es sin embargo sensiblemente distinto al del País Vasco.
Lo que han hecho las dos comunidades es una argucia por la que adelantan la paga de junio de 2013 a enero de ese mismo año, de forma que es casi como si los funcionarios percibieran la extra de Navidad. Aunque no lo hacen.
Las dos pagas extra anuales (junio y diciembre) pasarán a cobrarlas en enero y julio. En diciembre de 2013 no percibirán nada pero sí en enero de 2014 (la adelantada de junio de 2014), y así sucesivamente hasta 2015.
Ese año, el Estado compensará la paga que les falta "con la correspondiente aportación en forma de fondo de pensiones”
. Así que en realidad no la recuperan.
Al CSIF, no le parece del todo mal esta fórmula.
"Lo que está claro es que los empleados públicos de Madrid o Andalucía sí que van a perder del todo la extra de Navidad", indica su presidente Miguel Borra.
"La iniciativa ha sido además bien acogida por el comercio y las empresas para evitar la pérdida de negocio que supondrá que los funcionarios consuman menos en las fiestas", añade. Y concluye: "Además, no va en contra de ninguna norma jurídica". El real decreto aprobado en julio sobre medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria, en el que se incluyó la eliminación de la paga, solo habla de la supresión “durante el año 2012”
. Por eso, el Gobierno de Extremadura insistió en que cumple “escrupulosamente” con la legislación vigente. Y, por eso, los funcionarios lucharán por conseguirlo.
Además de la vía jurídica, el colectivo ha estudiado en una reunión un modelo de reclamación de la paga para presentar ante los Gobiernos del resto de comunidades autónomas.
"Queremos que por lo menos sigan el modelo extremeño y adelanten el pago de la extra de junio de 2013 a enero de ese mismo año", explicaba ayer a este diario Miguel Borra, presidente de CSIF.
El Gobierno vasco en funciones anunció ayer que los 70.000 funcionarios y empleados dependientes de la Administración autonómica sí van a cobrar la paga extra de Navidad.
El Ejecutivo del socialista Patxi López ha dado orden de hacer efectivo el pago, que supone un gasto de 208 millones de euros.
“Esperamos que cunda el ejemplo y que el resto de administraciones encuentren vías de financiación, a través de una buena gestión que evite duplicidades y derroches, y que cuando la economía lo permita se compense a los empleados públicos de la pérdida de derechos laborales que llevamos sufriendo desde 2010”, sostiene el sindicalista Borra. CSIF calcula que los empleados públicos han perdido desde entonces entre un 25% y un 30% de poder adquisitivo.
El Gabinete vasco dice tener una serie de informes jurídicos que le amparan para tomar esa decisión. Pero el Gobierno de Mariano Rajoy ya advirtió a José Antonio Monago, presidente extremeño (y del PP), que también anunció que recuperaría la extra, de que presentaría un recurso de inconstitucionalidad si Extremadura incumplía "la legislación básica”.
El caso extremeño —y el de Navarra, que en septiembre adoptó una medida similar— es sin embargo sensiblemente distinto al del País Vasco.
Lo que han hecho las dos comunidades es una argucia por la que adelantan la paga de junio de 2013 a enero de ese mismo año, de forma que es casi como si los funcionarios percibieran la extra de Navidad. Aunque no lo hacen.
Las dos pagas extra anuales (junio y diciembre) pasarán a cobrarlas en enero y julio. En diciembre de 2013 no percibirán nada pero sí en enero de 2014 (la adelantada de junio de 2014), y así sucesivamente hasta 2015.
Ese año, el Estado compensará la paga que les falta "con la correspondiente aportación en forma de fondo de pensiones”
. Así que en realidad no la recuperan.
Al CSIF, no le parece del todo mal esta fórmula.
"Lo que está claro es que los empleados públicos de Madrid o Andalucía sí que van a perder del todo la extra de Navidad", indica su presidente Miguel Borra.
"La iniciativa ha sido además bien acogida por el comercio y las empresas para evitar la pérdida de negocio que supondrá que los funcionarios consuman menos en las fiestas", añade. Y concluye: "Además, no va en contra de ninguna norma jurídica". El real decreto aprobado en julio sobre medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria, en el que se incluyó la eliminación de la paga, solo habla de la supresión “durante el año 2012”
. Por eso, el Gobierno de Extremadura insistió en que cumple “escrupulosamente” con la legislación vigente. Y, por eso, los funcionarios lucharán por conseguirlo.
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