Bruselas exigirá una reducción de plantilla de 8.000 empleados a Bankia y Novagalicia
Las entidades, a cambio de la ayuda, deberán dedicarse a banca familiar en su región de origen
El rescate final será de unos 35.000 millones y llegará al Frob el próximo 15 de diciembre.
Sede de Bankia en Madrid / CARLOS ROSILL
La Comisión Europea establecerá medidas severas, amargas e implacables a cambio del dinero del rescate a la banca.
Ejecutivos de los cuatro grupos financieros nacionalizados (Bankia, Novagalicia, CatalunyaCaixa y Banco de Valencia) coinciden en que las entidades que reciban fondos europeos serán sometidas a una severa cura de adelgazamiento –empezando por la plantilla— que han pactado las autoridades españolas y los funcionarios del área de Competencia, que es la que tiene que aprobar en última instancia todo tipo de ayudas públicas en la UE. “Y ese castigo lo percibirán los accionistas, los bonistas, los preferentistas y los empleados”, según han explicado a este diario ejecutivos de estas entidades.
Bruselas tiene prácticamente listo el documento relativo a las ayudas públicas en el que se acuerda la reestructuración. Los números ya están claros.
Las estimaciones del documento que prepara Bruselas suponen un recorte de 8.000 empleos en Bankia y Novagalicia –casi 6.000 en Bankia y el resto en la entidad gallega, entre despidos directos y recortes de plantilla aparejados a la venta o cierre de filiales—, y la eliminación de cerca de 1.000 oficinas, según fuentes próximas a las negociaciones, que confirmaron ayer fuentes europeas. A esa cifra hay que sumar 1.000 despidos más en CatalunyaCaixa, aunque Bruselas puede condicionar ese tijeretazo a su venta a un competidor.
Desde 2008, 22.000 trabajadores han perdido su puesto de trabajo en las cajas, donde ahora trabajan unas 110.000 personas.
Tras esta poda, la plantilla de las antiguas cajas quedará ligeramente por encima de los 100.000 empleos.
No solo se trata de despidos. A cambio de las ayudas, Bruselas quiere una reestructuración integral, para que las entidades que reciban fondos públicos queden totalmente saneadas y a la vez no compitan en condiciones ventajosas frente a sus competidores.
Las entidades con ayudas deberán concentrar su negocio en sus regiones de procedencia y en la banca familiar, en una especie de vuelta a los orígenes. Y deberán vender buena parte del resto de negocio en poco tiempo. CatalunyaCaixa y el Banco de Valencia están en proceso de subasta, por lo que los recortes se aplicarán al comprador.
Los planes definitivos se conocerán poco antes del mediodía del próximo miércoles. Joaquín Almunia, comisario de Competencia y vicepresidente de la Comisión, hará público en Bruselas el documento definitivo con las condiciones que tienen que aplicar cada una de las cuatro entidades, así como el capital definitivo que se les inyectará.
El fondo de rescate, el FROB, recibirá el dinero de Europa el 15 de diciembre, y lo ingresará en las entidades el 30 de diciembre, a tiempo para cuadrar las cuentas de 2012.
Los exámenes de Oliver Wyman determinaron que las nacionalizadas requerían 43.600 millones (de los 59.300 millones que precisaba todo el sector).
Pero finalmente, según fuentes cercanas a estas entidades, la cifra definitiva de ayudas para las nacionalizadas estará cerca de los 35.000 millones.
Esa rebaja se debe básicamente a dos factores: por un lado, el dinero procedente de las ventas de los activos inmobiliarios tóxicos al banco malo rebaja las necesidades de capital; por otro, se aplicará una quita a las participaciones preferentes y a la deuda subordinada, que perjudica a los clientes, pero eleva el capital de las entidades.
De cajas a fundaciones
Las cajas de ahorros que controlen menos del 25% del capital de los bancos a los que traspasaron su negocio financiero, se convertirán en fundaciones.Ya no será por voluntad de las asambleas, que eran sus dueños hasta ahora, sino que la conversión será obligada y acelerada en el tiempo.
El PP ha aprobado un texto legal, publicado en el BOE la semana pasada, por el que se establece que, cinco meses después de que las cajas hayan cedido más del 75% del capital al banco que todas han creado, se convierten en fundaciones de carácter especial.
Algunas dependerán del Estado y otras de las comunidades autónomas.
El problema real y más acuciante será cómo se van a financiar estas fundaciones ya que los dividendos procedentes del banco no parecen una fuente suficiente para pagar los gastos de la obra social, a la que llegaron a dotar miles de millones en 2006 y 2007.
Este caso afecta directamente a Bankia. Rodrigo Rato, su presidente, se ha ahorrado el amargo trago de convocar y discutir el final de Caja Madrid con la asamblea, en donde están los partidos políticos, sindicatos, representantes de los impositores y otras organizaciones. Lo mismo le ha sucedido a Bancaja y a las otras cinco pequeñas cajas más que formaron el grupo. Después de una gestión que ha acabado con todo el patrimonio de las cajas, Rato se evita un trámite más que incómodo.
También será este el caso de CatalunyaCaixa, es decir, de las antiguas cajas de Catalunya, Tarrasa y Manresa, al igual que Novagalicia.
Es probable que también afecte a muchas entidades más. Algunas fuentes financieras creen que, en poco tiempo, todas salvo La Caixa, Kutxabank, Unicaja e Ibercaja, podrían ser fundaciones.
Las ventas serán siempre al mejor postor. El comprador decidirá cuántos empleados continúan en sus puestos de trabajo. Una de las filiales más rentables de las que se tendrá que deshacer Bankia será la de banca mayorista, que ahora genera importantes ingresos. Los recortes se harán tomando como punto de partida la reforma laboral, con lo que los despedidos no cobrarán mucho más de 150.000 euros por persona como media. Es decir, 300.000 euros menos que otros despedidos meses antes. Con todo, las condiciones de los despidos dependerán de cómo se negocie el ajuste dentro de cada entidad, según fuentes europeas.
Novagalicia reducirá más de 2.000 empleos sobre un total de 6.000. De ellos,
1.200 trabajan en EVO Banco y en las oficinas de la entidad fuera de Galicia. El grupo espera conseguir inversores privados para EVO. Al igual que Bankia, Novagalicia deberá concentrarse en su territorio natural: Galicia, Asturias y León.
Solo podrá hacer banca minorista y de pymes, dejará su actividad mayorista y tendrá entre tres y cuatro años para vender su cartera industrial. El Frob venderá también el Banco Gallego.
A diferencia de CatalunyaCaixa y de Banco de Valencia, Novagalicia no ha salido a subasta para dar tiempo a encontrar inversores privados, una tarea en la que se ha involucrado su presidente, José María Castellano, y que reduciría la necesidad de dinero público, según fuentes del mercado.
Además, la caja no ha sido subastada para evitar sacar a la vez al mercado a las tres nacionalizadas (Bankia requerirá al menos tres años para estar lista) y también para evitar un pacto entre los grandes del sector (Santander, La Caixa y BBVA) que rebaje su precio. Fuentes políticas apuntan una tercera razón: dar tiempo al poderoso presidente gallego, Alberto Nuñez Feijóo, para intentar mantener la entidad arraigada a Galicia.
En el caso de CatalunyaCaixa y Banco de Valencia lo más probable es que no haya petición expresa de recortes de plantilla porque están en proceso de subasta. “Europa entiende que la reducción de empleados y sucursales dependerá de quién sea el comprador”, comentan fuentes de la entidad catalana. La primera ya ha reducido su plantilla en 1.300 personas (ahora tiene 7.200) y la valenciana ha eliminado 370 empleos (se ha quedado en 1.610 trabajadores).
Los responsables sindicales de banca en UGT y CC OO, José Miguel Villa y José María Martínez, así como los ejecutivos de las entidades, se quejan de la dureza de Bruselas y de que use con las entidades españolas el mismo método que con otros bancos europeos. “La Comisión, aplicando las normas sobre ayudas de Estado, ha impuesto a los grandes bancos europeos rescatados la venta de su negocio en determinados países o de las filiales.
Es lo que sucedió con ING, que tuvo que separar su negocio de banca y de seguros y desinvertir en algunos países. En el caso de las entidades españolas con ayudas públicas el problema es que están menos diversificadas, tanto geográficamente (solo desarrollan su actividad en España) como en su negocio (casi puramente minorista). Por ello, las medidas impuestas por Bruselas parecen afectar sobre todo a su actividad de banca minorista”, apunta Francisco Uría, socio de KPMG. Aristóbulo de Juan, consultor bancario y ex director general del Banco de España, cree que “tiene sentido limitar los negocios financieros sofisticados, de forma que quede una entidad de negocio minorista, pero sin excluir negocios que van unidos, como la banca corporativa”.
La cuestión es si al final la poda es tan intensa que exista el riesgo de que el árbol se seque: la clave es devolverlas a la rentabilidad, una tarea titánica en un entorno de caída de márgenes por el efecto del descenso de los tipos de interés
. “Hay riesgo de que se conviertan en entidades muy conservadoras, focalizadas en reducir balances y dar muy poco crédito. En Reino Unido, las entidades nacionalizadas han optado por crecer poco, cerrar las divisiones de banca mayorista y de banca de inversión y por dejar atrás todo lo que no sea el negocio comercial minorista tradicional. Esto aun estando mucho más saneadas que las cuatro entidades nacionalizadas en España”, apunta Vicente Cuñat, de la London School of Economics.
Otra de las claves impuestas por Bruselas es la quita que se aplicará a los clientes de las participaciones preferentes.
A todos se les pagará con acciones, ya sean cotizadas o sin cotizar, como es el caso de Novagalicia. La fórmula de Bruselas para calcular la quita tendrá en cuenta la valoración de la entidad y el tipo de interés que ofrecen las preferentes.
Así, cuanto más elevado sea el tipo, menor será la quita porque se considera que la preferente tiene más valor. En este caso, las preferentes de Caja Madrid (Bankia) estarán menos castigadas. El valor resultante de la quita se mejorará con diez puntos porcentuales, tal y como ha sucedido en otros países, por entender que son productos destinados a clientes minoristas. En el caso de Novagalicia, además, esa cifra se incrementará con otros 20 puntos más para paliar el hecho de que se entregan acciones de una sociedad no cotizada. En el caso de las participaciones subordinadas, el descuento que se aplique dependerá del vencimiento.
Con toda esta casuística, es difícil determinar la quita que tendrán estos activos para los clientes, pero los ejecutivos de las entidades estiman que estará entre el 45% y el 60%. El caso de CatalunyaCaixa puede ser diferente si el comprador de la entidad canjea los ahorros de los clientes con más generosidad para evitar la fuga de depósitos: eso es lo que hizo BBVA tras adquirir Unnim.
De cualquier forma, la polémica está servida.
La nacionalización de las entidades la van a pagar caro sus clientes.
Y sus empleados.
Y en última instancia, los contribuyentes.
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