La administración necesita una reforma que la crisis hace ya inevitable y urgente. El vicepresidente y coordinador de Izquierda Unida, Diego Valderas, socio del PSOE en la Junta, admitió el lunes la oportunidad de una “readecuación”. Los sindicatos mayoritarios se sumaron ayer, pero con una condición innegociable: sin despidos.
El presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), José Luis Heredia, aseguró que la creación de un “grupo de expertos” para abordar la reforma de la administración ya fue planteada y bien acogida por la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo. El representante sindical criticó en este sentido a Valderas, a quien acusó de querer “apuntarse todo”.
Según Heredia, su sindicato está dispuesto a negociar y la única condición previa es que no haya despidos. Pero sí defiende el cierre de las empresas públicas que no sean viables. “Hay que sentarse y ver cuáles son necesarias, evitar duplicidades y las encomiendas de gestión”, dijo en referencia, especialmente, a entidades administrativas con las mismas competencias y a los encargos a personal laboral de trabajos que son competencia de los funcionarios.
Para el personal afectado por estos cierres propone regular el acceso a puestos de trabajo siempre que se respeten las condiciones de mérito, capacidad y libre concurrencia. “Pero sin despidos”, insiste.
El representante de Comisiones Obreras en la Administración José Blanco también se suma a la oportunidad de reformar la administración, pero advierte que, para su sindicato, las empresas públicas son instrumentos necesarios que hacen “una labor esencial” y su personal también.
Blanco expone como ejemplo el desastre de los incendios forestales en algunas comunidades donde se ha recurrido a reducir la efectividad de los servicios de prevención y lucha contra el fuego. “No podemos perder personal”, advierte.
Pero admite que se precisa una reforma siempre que sea dialogada, que se mantengan las “potestades administrativas”, en referencia a las competencias exclusivas de los funcionarios, y se eviten duplicidades.
En su opinión, el objetivo es optimizar los servicios públicos garantizando su máxima eficacia y sin “privatizar ni vender”. En este aspecto es tajante en su rechazo y afirma que es una “fórmula fácil” que tiene como resultado el encarecimiento de prestaciones básicas, como el suministro de agua o la atención sanitaria, o el deterioro de las mismas. En resumen, el sindicato Comisiones Obreras está dispuesto a negociar, pero solo si se mantiene el servicio público y el empleo.
A la negociación también se suma UGT, aunque la secretaria de Administración Autonómica de la FSP de Andalucía se muestra cauta hasta que haya una comunicación oficial de una disposición a reformar la administración. Sus premisas son también parecidas: no a los despidos, no a los recortes y sí a los servicios públicos de calidad. Y advierte que UGT nunca aceptará que los funcionarios sufran recortes porcentualmente menores a los que se apliquen los políticos. “Si a un funcionario se le descuenta un 7%, a los políticos, de 7,5% para arriba”, afirma.
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