El Gobierno del Partido Popular no se ha resistido a la tentación política de manejar el mando y ayer decretó que va a nombrar sin consenso, a menos que éste se consiga in extremis, al presidente de Radiotelevisión Española, y de ahí para abajo los cargos delicados que de esa figura dependen en el más importante medio público de este país.
Para hacerlo, el Ejecutivo de Rajoy ha extraído una medida excepcional prevista para ser ejercida una sola vez en la ley de 2006. Esa medida ya quedaba obsoleta entonces, porque se usó, pero ahora ha servido para precipitar una decisión que no ha podido esperar, eso ha dicho el Gobierno, por la situación por la que atraviesan las cuentas (los presupuestos) del Ente público.
Lo cierto es que se había dicho que el plazo expiraba en junio. Y lo han hecho expirar antes. El asunto es importante no sólo porque se trata de Radiotelevisión Española, cuya presencia pública como medio de comunicación es vital en el equilibrio informativo en este país, sino porque su arbitrio institucional había resultado modélico y acerca de alguna manera al Ente al paradigma que siempre se cita: la BBC
. Ahora el Gobierno lastrará a quien nombre con el particular designio del que proviene, que es inevitable.
Todos los gobiernos, los socialistas y los populares, han tenido la misma tentación, y la han ejercido, hasta que ha venido la Ley de la radiotelevisión pública.
Al contrario de lo que sucede con todas y cada una de las televisiones públicas autonómicas, que se dirigen a favorecer a los administradores que eligen a sus presidentes y a sus directores generales o de informativos, la Radiotelevisión del Estado, la de Prado del Rey y la del Pirulí, ha estado y está mirando hacia el interés público, procurando juegos de equilibrios que llegan hasta los límites de la paranoia, pues han de contar minutados obsesivamente porque obsesivamente son analizados por unos y por otros.
Pero ha se ha llegado a alcanzar una profesionalización activa y dialéctica que resulta reconfortante para el telespectador y satisfactoria para el profesional que considera que la radio y la televisión se llama de todos porque sirve a todos y no estrictamente al poder político.
La tentación en la que ahora cae el Gobierno tiene un porvenir muy delicado, pues marca de forma definida a la persona a la que se designa.
Las consecuencias de la decisión anunciada ayer son difíciles de digerir desde el punto de vista institucional, pues a este país le resulta muy necesario el equilibrio entre fuerzas para que ninguna sienta la tentación absoluta de manejar el mando según el viento ideológico del que viene. Socialistas, conservadores, comunistas, centristas...
Da pavor que los mismos que están empujando para que una profesional como Julia Otero no haga en TVE las excelentes entrevistas que ya hace en Onda Cero (y que ya hizo en TVE y en otras televisiones) se salgan con la suya y atraigan hacia sus exigencias maximalistas lo que debe ser una sosegada gestión del talento.
Es tiempo de consensos y de nuevos equilibrios, y este que ahora parece que se diluye afecta a la comunicación pública. Y este sector globalmente amenazado es una de las delicadas membranas de la vida española.
Para hacerlo, el Ejecutivo de Rajoy ha extraído una medida excepcional prevista para ser ejercida una sola vez en la ley de 2006. Esa medida ya quedaba obsoleta entonces, porque se usó, pero ahora ha servido para precipitar una decisión que no ha podido esperar, eso ha dicho el Gobierno, por la situación por la que atraviesan las cuentas (los presupuestos) del Ente público.
Lo cierto es que se había dicho que el plazo expiraba en junio. Y lo han hecho expirar antes. El asunto es importante no sólo porque se trata de Radiotelevisión Española, cuya presencia pública como medio de comunicación es vital en el equilibrio informativo en este país, sino porque su arbitrio institucional había resultado modélico y acerca de alguna manera al Ente al paradigma que siempre se cita: la BBC
. Ahora el Gobierno lastrará a quien nombre con el particular designio del que proviene, que es inevitable.
Todos los gobiernos, los socialistas y los populares, han tenido la misma tentación, y la han ejercido, hasta que ha venido la Ley de la radiotelevisión pública.
Al contrario de lo que sucede con todas y cada una de las televisiones públicas autonómicas, que se dirigen a favorecer a los administradores que eligen a sus presidentes y a sus directores generales o de informativos, la Radiotelevisión del Estado, la de Prado del Rey y la del Pirulí, ha estado y está mirando hacia el interés público, procurando juegos de equilibrios que llegan hasta los límites de la paranoia, pues han de contar minutados obsesivamente porque obsesivamente son analizados por unos y por otros.
Pero ha se ha llegado a alcanzar una profesionalización activa y dialéctica que resulta reconfortante para el telespectador y satisfactoria para el profesional que considera que la radio y la televisión se llama de todos porque sirve a todos y no estrictamente al poder político.
La tentación en la que ahora cae el Gobierno tiene un porvenir muy delicado, pues marca de forma definida a la persona a la que se designa.
Las consecuencias de la decisión anunciada ayer son difíciles de digerir desde el punto de vista institucional, pues a este país le resulta muy necesario el equilibrio entre fuerzas para que ninguna sienta la tentación absoluta de manejar el mando según el viento ideológico del que viene. Socialistas, conservadores, comunistas, centristas...
Da pavor que los mismos que están empujando para que una profesional como Julia Otero no haga en TVE las excelentes entrevistas que ya hace en Onda Cero (y que ya hizo en TVE y en otras televisiones) se salgan con la suya y atraigan hacia sus exigencias maximalistas lo que debe ser una sosegada gestión del talento.
Es tiempo de consensos y de nuevos equilibrios, y este que ahora parece que se diluye afecta a la comunicación pública. Y este sector globalmente amenazado es una de las delicadas membranas de la vida española.
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