No malgastarás dinero público

Multa a las comunidades manirrotas

Los responsables del Ministerio de Hacienda tienen un sueño recurrente.
 Más bien es una pesadilla. Se trata de que un día descubren que las comunidades autónomas han maquillado sus cuentas para ocultar su verdadera situación económica y cuando se descubre el pastel alguna tiene que ser rescatada.
 Es solo un sueño, pero algo parecido es lo que hizo Grecia antes de estallar la crisis de deuda soberana.
Falseó durante años la verdadera situación de sus cuentas a las instituciones europeas.
Grecia perdió su credibilidad y los mercados abrieron sus fauces para exprimir al Gobierno de Atenas
. Lo que ocurrió después es de sobra conocido: el país heleno fue intervenido y obligado a hacer más ajustes de los que ha podido digerir, una situación que le conduce a años de recesión.
Para evitar una situación similar, el Ministerio de Hacienda, que dirige Cristóbal Montoro, ha incluido en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera una serie de sanciones para las comunidades que incumplan reiteradamente los objetivos de déficit y deuda.
Fuentes del departamento que controla las arcas públicas aseguran que han podido sacar adelante la medida con el compromiso de las comunidades autónomas, porque “están muertas. Secas”.

 Para aliviar esta sequía, el Ejecutivo ha puesto sobre la mesa un paquete de medidas para aportar liquidez a los Gobiernos territoriales.
La contraprestación es un control rigurosísimo de las cuentas regionales y de los Ayuntamientos. Deberán someterse a una supervisión previa por parte del Ministerio de Hacienda.
 Sus presupuestos están sometidos a recomendaciones del Gobierno y las comunidades deberán presentar las liquidaciones presupuestarias con carácter mensual, antes era cada tres meses.
Las comunidades que se desvíen de los objetivos de déficit o de deuda deberán presentar un plan de viabilidad y tendrán un mes para corregir la situación.
 Si a los tres meses no ha puesto en marcha los mecanismos para atajar la situación, las comunidades autónomas tendrán que constituir un fondo del 0,2% del PIB nominal regional.
 Por ejemplo, si la Comunidad Valenciana, uno de los territorios con más deuda y peor déficit, fuera sancionada debería crear un depósito de unos 200 millones de euros.
 Si pasados otros tres meses, la Administración sancionada sigue sin poner remedio, el fondo se convertirá en multa que depositará en el Estado.
Si no lo hace, el Gobierno podrá retener la parte correspondiente de las transferencias que destina a la financiación autonómica. En caso extremo, Hacienda enviará una delegación que tutelará las cuentas. Lo que le ocurrió a Grecia.