TRIBUNA: SANTOS JULIÀ Políticos y profesionales

Los llaman tecnócratas, pero son en realidad profesionales cualificados, gentes que han desempeñado altos cargos en entidades financieras públicas o privadas y que, ante la magnitud de la crisis, han sido llamados a ocupar posiciones de poder político en sus respectivos Estados, alcanzando en Grecia y en Italia la presidencia del Gobierno y aquí, en España, el ministerio de Economía.
El veredicto ha sido contundente: dando la espalda a la voluntad de los ciudadanos, la tecnocracia ha sustituido a la política, o, por decirlo como nuestro tecnócrata por antonomasia, Laureano López Rodó, los profesionales de la política sustituidos por la política de los profesionales: una prueba más de la herencia franquista que contaminará hasta el fin de los tiempos a esta democracia deficitari6.

Renunciaron a lo que les es propio dejándose embaucar por la lógica de los mercados

¿De verdad han ocurrido así las cosas? ¿De verdad que por haber llamado a expertos en finanzas hemos caído en un estado de excepción económica?
Curiosamente, en España, la impresión, antes de la crisis, era más bien la contraria: que la política, o los políticos habían colonizado espacios de la sociedad civil y de la Administración civil del Estado que no les correspondían; y que desde el control de esos espacios habían politizado instituciones clave del Estado de derecho como el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, o medios de comunicación como las televisiones autonómicas, o servicios públicos, como hospitales y escuelas, por no hablar de teatros, auditorios, museos nacionales y otras sinecuras y bagatelas de nuestro peculiar spoil system.
También las finanzas.

Es pronto para olvidar que la mitad del sistema financiero español lo constituían, hasta la crisis, las Cajas de Ahorros y que sus Consejos de Administración estaban fuertemente condicionados por los políticos.
Las Cajas servían a las políticas de los Gobiernos de sus respectivas Comunidades Autónomas, sin sentirse atadas por consideraciones técnicas en cuestiones como préstamos a particulares o a partidos.
De hecho, los poderes locales y regionales consolidados en los últimos 30 años han crecido a la sombra de las Cajas, siempre dispuestas a echar el resto en envites faraónicos, desde aeropuertos a grandes urbanizaciones, por no hablar de la corrupción subyacente, que encontraba en la composición de sus Consejos de Administración su mejor caldo de cultivo. Sin la política crediticia incentivada por los políticos, la burbuja inmobiliaria no habría alcanzado ni la mitad de su insoportable volumen y quizá no lamentaríamos hoy la vandálica destrucción del litoral mediterráneo.
De manera que sería menester un poco de tranquilidad respecto a los estados de excepción de los que, al parecer, estos profesionales son los heraldos. La relación mercado / Estado es tan vieja como el Estado mismo que, desde su origen, ha alimentado sentimientos de amor y odio hacia los banqueros. Cuenta Carlo Cipolla que Felipe II se subía por las paredes cuando recibía, de los banqueros genoveses, los balances de sus deudas, en ocasiones más del 50% del importe del préstamo, concedido al 15% de interés. No le entraba en la cabeza a don Felipe "esto de los cambios e intereses", pero los banqueros eran intratables: o pagaba el interés más el riesgo añadido, o cortaban el chorro de oro. Al fin, el monarca, tras esquilmar a sus súbditos, se declaraba en bancarrota, forma habitual de renegociar su deuda.
Mucho han cambiado el Estado y la banca desde aquellos tiempos, pero algo continúa hoy como ayer: finanzas, mercados, o sea, capitalismo, más globalización, están aquí para quedarse. La cuestión no consiste en que profesionales de las finanzas ocupen posiciones reservadas a los políticos, sino en que los políticos se conduzcan, cuando de ingresos y gastos públicos se trata, como auténticos profesionales. Cuando el déficit crece, como en España, de un 34% a un 66% del PIB en tres años, lo que hay que cambiar es de política; y cuando los políticos asisten impávidos a un desbocado endeudamiento privado o lo fomentan con incentivos fiscales hasta magnitudes que superan cinco veces el PIB, lo urgente no es prescindir de los banqueros que aprovechan la ocasión para enriquecerse; lo urgente es cambiar de política, justamente para impedir que los banqueros se forren repartiendo créditos que expolian a sus desprevenidos clientes de sus ahorros y sus viviendas.
En esta crisis de nunca acabar han sido tan determinantes las políticas gubernativas y las instituciones reguladoras como las familias, las empresas y las entidades financieras del sector privado. Por eso, es inútil reclamar más política, menos mercado.
En los sistemas capitalistas, las crisis financieras siempre tienen raíces políticas; no por nada, la tríada que va de Marx a Mao pasando por Lenin daba por seguro que el derrumbe del capital arrastraría el fin del Estado. Pero como el futuro, tras ese doble derrumbe, es el presente visible en las exequias del déspota coreano, será mejor aplicar las energías a la reparación del sistema; y para eso no sobrará la contribución de profesionales, a condición, claro está, de que los políticos no renuncien a lo que le es propio dejándose embaucar por la lógica de los mercados, como ha ocurrido con nuestros socialdemócratas mientras se bañaban en las plácidas aguas del republicanismo cívico.

Santos Juliá es historiador.