Carmen Franco está al frente de sociedades domiciliadas en su propia casa
Cuatro días de visita al Pazo de Meirás al mes es el único arañazo público a su patrimonio.
La Xunta de Galicia lo cerró en agosto para el veraneo de la familia
La Xunta de Galicia lo cerró en agosto para el veraneo de la familia
Hacienda no investigó sus cuentas.
No fueron empujados al exilio, ni su fortuna fue confiscada, como le ocurrió a la familia del dominicano Leónidas Trujillo tras su asesinato en 1961
. Ni siquiera aquellos bienes que Franco había recibido como jefe del Estado y que, en puridad, deberían engrosar el patrimonio nacional fueron reclamados por los nuevos gobernantes
. A diferencia de los descendientes de Pinochet -procesados por malversación en 2007-, nadie les molestó. Tampoco cuando jugaron con la extrema derecha y encabezaban nostálgicos actos el 20-N.
Mañana se cumplirá el aniversario de la muerte de Franco sin actos de exaltación por vez primera en 36 años. Se han prohibido para que no interfieran en la jornada electoral. Habrá, sin embargo, la tradicional misa en el Valle de los Caídos en memoria del dictador, a la que, previsiblemente, asistirá su hija, Carmen Franco Polo, actual cabeza del emporio inmobiliario tejido por la que fuera primera familia española durante décadas. Precisar su patrimonio es complejo. En el guion de los ricos va escrito en letras mayúsculas la opacidad. Carmen Franco está al frente de sociedades domiciliadas en su propia casa de la calle de los Hermanos Bécquer (Madrid), que gestionan alquileres de pisos, explotan aparcamientos (Atocha 70, por ejemplo) y realizan actividades inmobiliarias y financieras, como Fiolasa, Montecopel, Sargo Consulting o Centro de Agentes Unidos del Calzado Español. Algunas nacieron en democracia, otras se arrastran de los opacos tiempos del régimen.
En los 36 años transcurridos desde la muerte del dictador, los Franco no han destacado como emprendedores o linces de los negocios. Hasta que la epidemia del ladrillo les engordó las cuentas gracias a la recalificación en 2003 de la finca Valdefuentes, cerca de Madrid, habían tenido que ir aligerándose de patrimonio para mantener su tren de vida. Lo describió gráficamente el marqués de Villaverde en 1989: "Llega un momento determinado en que una vaca se queda sin leche y hay que comerse la vaca". Noqueados seguramente con su nuevo papel en la vida, en las primeras décadas hubo sonadas pifias: a Francisco Franco lo detuvieron por furtivismo y le investigaron en Chile por estafa, Cristóbal picoteó en diversos entornos sin sentirse cómodo en ninguno (a los anales pasará su famosa frase, proferida cuando pertenecía al Ejército: "El uniforme me pone cara de gilipollas", dicho lo cual el teniente tardó dos telediarios en colgar los avíos) hasta que se casó con la modelo y presentadora Jose Toledo; y la madre del clan fue sorprendida en Barajas sacando monedas de oro e insignias para Suiza que juró en rueda de prensa que irían destinadas a un reloj. Un tribunal la exoneró de pagar la multa por contrabando de 6,8 millones de pesetas.
La vida privada de la mayor, Carmen Martínez-Bordiú, alimentó grandes morbos, teniendo en cuenta que mientras que el país optaba por la vía reformista de la Transición, ella se inclinaba por el rupturismo sin contemplaciones. Abandonó a su primer marido, Alfonso de Borbón, y a sus dos hijos para irse a vivir en París con el anticuario Jean-Marie Rossi, con quien tuvo una hija, Cynthia. Hoy, casada con el cántabro José Campos, sigue siendo la que tiene el perfil más público del clan por sus amoríos y sus exclusivas. Tal vez sea la menos esclava del pasado, ya que ha ido poniéndose la vida por montera a la vista de todos. Es el polo opuesto al grupo de hermanos que eligió la discreción como seña de identidad: Mariola, arquitecta sin ejercicio, casada con Rafael Ardid, nieto de un republicano represaliado; Mery (sin doble erre), que huyó de lo público como un hurón después de la terrible experiencia de estar casada con Jimmy Giménez-Arnau, y Arancha, casada con el abogado coruñés Claudio Quiroga. De forma sorprendente, en los últimos años ha irrumpido con brío en el mundo de la carnaza del entretenimiento Jaime, el benjamín, abogado, exmarido de la modelo Nuria March, denunciado por malos tratos por su novia Ruth Martínez, vendedor de exclusivas en programas basura, adicto a la cocaína y contumaz protagonista de trifulcas violentas.
Para Mariano Sánchez Soler, el periodista que mejor conoce el devenir de los negocios de la familia (publicó un libro, Los Franco S. A., en la editorial Oberon, que es obligada biblia para cualquiera que esté interesado en el tema), las propiedades de los Franco superaban con creces los mil millones de pesetas en 1975. En las siguientes décadas se comieron "algunos trocitos de vaca" y vendieron varios inmuebles, incluido el palacio del Canto del Pico o el chalé que Carmen Martínez-Bordiú transmitió a los embajadores de Venezuela por 150 millones de pesetas. Otra estimación de su fortuna fue ofrecida por Joan Herrera (IU-Iniciativa per Catalunya Verds) en el Congreso de los Diputados el 25 de septiembre de 2007: "Con un sueldo de humilde general, la familia atesoró más de 60.000 millones de las antiguas pesetas". Herrera había presentado una iniciativa para reclamar un inventario de las propiedades en manos de los Franco que eran patrimonio del Estado y que se estudiasen las vías jurídicas para recuperarlas. "Mucha gente que no entiende cómo la familia Franco puede tener tanta fortuna y el Estado quedarse de brazos cruzados, no entenderá que no aprobemos algo de sentido común: que auditemos lo que tienen, que intentemos recuperar lo que era del Estado y que ayudemos a la Xunta a conseguir entrar en el pazo de Meirás". No prosperó.
La petición de Herrera se había tramitado al calor de lo que estaba ocurriendo con el pazo de la escritora Emilia Pardo Bazán en Sada (A Coruña), comprado mediante colecta forzosa y regalado a Franco en 1937. Un Gobierno bipartito gallego (PSOE-BNG) lo declaró en 2008 bien de interés cultural y obligó a abrirlo al público. Aunque la familia se resistió todo lo que pudo, los tribunales finalmente ordenaron a Carmen Franco que permitiese las visitas cuatro días al mes. Hay lista de espera para pasear por estancias atiborradas de piezas de caza, donde la esencia de Franco se ha comido la de Pardo Bazán. El refuerzo de la seguridad privada en esos días recae sobre el bolsillo de la Xunta, que además permitió cerrar el pazo el pasado agosto para que la familia veranease en él sin contratiempos. Cuatro días de visita al mes al literario pazo es, pues, el único arañazo de lo público sobre el patrimonio privado de los Franco.
La confusión entre una cosa y otra fue total durante el régimen. Franco exhibía la austeridad propia de un africanista, mientras de su familia podríamos decir que no había hecho la mili. Su mujer compraba pisos en las zonas más selectas de Madrid, como el citado edificio de la calle de los Hermanos Bécquer o apartamentos en el paseo de la Castellana, con el objetivo de regalarle uno a cada nieto. El marqués de Villaverde participaba en decenas de empresas por el mero hecho de ser el yernísimo (entre otras: MKT Plasco, Waimer, Metalúrgica Santa Ana, Sanitas, Climesa, Siderúrgica del Norte...). Los españoles inundaban de regalos al general. De todo tipo. Banales y valiosos. Un día, un rebaño de ovejas; otro, el palacio del Canto del Pico, en Torrelodones.
Paremos en él. Legado por el conde de las Almenas a Franco por haber puesto a España en el camino del que nunca debería haberse apartado, fue declarado museo del Estado en 1955, en buena parte fruto de la rapiña de otros monasterios y castillos (esa es otra historia). En este edificio, donde Antonio Maura murió y el general Miaja dirigió la batalla de Brunete, se almacenaron durante años los presentes entregados a Franco. Hasta que la Transición trajo consigo el saqueo anónimo de su contenido, el desinterés de la familia y finalmente su conversión en liquidez. Carmen Franco lo vendió por 320 millones de pesetas a un empresario hotelero en 1988.
El Canto del Pico es el perfecto ejemplo del ventajismo de la familia, que aprovechó la nula separación de la esfera pública de la privada durante el régimen. El dictador derogó la ley de patrimonio de la Segunda República, que en 1931 se había incautado de bienes privados de la familia real, y dictó en su lugar una vaga norma. Según los expertos, no decía ni blanco ni negro, no establecía fronteras entre lo que debía ir a parar al bolsillo de Franco o al del Estado. Y donde no hablaba la ley, actuó la familia: los regalos al jefe del Estado de cuatro décadas han cimentado parte de la fortuna personal de los Franco. Similar trato recibieron todos los documentos del militar, que sus descendientes se llevaron consigo hasta que se depositaron en la Fundación Francisco Franco, donde durante años vetaron el acceso a los investigadores de fidelidad no acreditada. La digitalización de los fondos, pagada con una subvención del Gobierno en tiempos del PP, permitió que el Estado se hiciese con una copia que puede consultarse en el Centro Documental de la Memoria Histórica, en Salamanca, aunque sin la certeza de saber si el material ha sido expurgado respecto al original.
En su día, el dictador había temido por los suyos. Desconfió que, tras su muerte, peligrase su fortuna y se curó en salud. Jamás lo sabría, pero ató con más eficacia el destino de su familia que el de su país.
Mariano Sánchez Soler asegura que Franco legó en su testamento dos millones de pesetas (12.000 euros) a cada nieto (Carmen, Mariola, Francisco, Mery, Cristóbal, Arancha y Jaime), la cantidad resultante de sus ingresos como militar. El chocolate del loro. Lo jugoso estaba en manos de su hija, Carmen Franco Polo, y sociedades controladas por testaferros como José Luis Sanchiz, tío del yerno del dictador, el marqués de Villaverde, desde antes de 1975. Otras propiedades, como el palacio coruñés de Cornide, figuraban a nombre de su esposa desde que Pedro Barrié de la Maza, pagado con el título de conde de Fenosa, acudió a una subasta amañada para comprar el edificio y regalárselo a Carmen Polo.
Incluso su nieto Francisco Franco Martínez-Bordiú confiesa su sorpresa al descubrir la extraña maniobra legal que ejecutó el dictador para blindar la titularidad de su hija sobre la finca Valdefuentes, una explotación de 850 hectáreas entre Móstoles y Arroyomolinos, comprada en 1952 a Luis de Figueroa, conde de Romanones, mediante un intermediario (el citado Sanchiz).
La propiedad, adquirida originalmente para alojar un rebaño de ovejas que alguien donó a Franco, se convirtió, gracias a la última juerga inmobiliaria de la democracia, en el maná del clan, feliz ante la decisión del Ayuntamiento de Arroyomolinos de recalificar 3,3 millones de metros cuadrados rústicos como urbanizables para construir viviendas, un centro comercial y un polígono industrial junto al complejo Xanadú.
En vida, el dictador prohibió su desarrollo urbanístico y experimentó con cultivos, uno de sus pasatiempos predilectos por su cercanía a Madrid, incapaz de imaginar que la Transición la mudaría en plató de películas eróticas y de terror por decisión de su nieto favorito, Francisco, y que la explosión inmobiliaria de comienzos del siglo XXI la convertiría en un gigantesco pelotazo.
El futuro familiar, a la postre, quedó bien atado.
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