En todos los casos, el significado es el mismo: vergüenza ajena.
Hace una semana, el presidente estadounidense Barack Obama anunciaba públicamente la muerte del líder de Al Qaeda, Osama Bin Laden, en una operación de sus fuerzas especiales llevada a cabo en una mansión de Abbottabad (Pakistán). A pesar de lo confuso y a veces contradictorio de las informaciones proporcionadas por los norteamericanos sobre este asunto, el jefe de la CIA y el portavoz de la Casa Blanca reconocían que el objetivo de la operación era eliminar al terrorista, nunca capturarlo para juzgarlo por sus crímenes de acuerdo con las leyes. Tanto es así, que se barajó la opción de bombardear el lugar, pero se desestimó, no por las víctimas inocentes que semejante ataque indiscriminado pudiera causar o porque se trataba de territorio urbano en un país amigo, sino por la dificultad de asegurar el resultado.
Se ha llegado a decir que la pista que llevó hasta Bin Laden la proporcionó un preso de Guantánamo que había sido torturado por el método de la bañera, o ahogamientos simulados. Ya perdonarán que dude de que alguien capturado en 2001 conozca 10 años después el paradero del tipo más buscado del mundo, y que las torturas aplicadas ahora hayan sido más efectivas que las de entonces. Parece más bien que esta admisión de procedimientos que Obama había prometido desterrar es la forma que han escogido para proteger y enmascarar a la persona que les facilitó la pista.
No obstante, el fiscal general de EE UU, Eric Holder, se ha apresurado a defender la legalidad de la operación, calificando las acciones de “legales, legítimas y adecuadas”.
Las felicitaciones de los países de occidente, incluido el Gobierno español, así como del Consejo de Seguridad de la ONU, a los estadounidenses por el éxito de la misión han sido exultantes.
Sin embargo, desde el punto de vista de la legalidad y el Estado de Derecho, la muerte de Bin Laden ha sido un asesinato, una ejecución extrajudicial. Es evidente que el comando que efectuó la operación pudo haber capturado al terrorista, que estaba desarmado, para juzgarlo en Estados Unidos, pero esa opción no estaba en el programa.
Bin Laden, como líder de Al Qaeda y sus franquicias, fue el inspirador de los más graves atentados terroristas de la historia, como los de las Torres Gemelas, Madrid, Londres, Bali o las embajadas norteamericanas de Kenia y Tanzania. Un ser abyecto, responsable de miles de crímenes, pero que —no por él, sino por los estados democráticos que se rigen por las leyes— debería de haber sido conducido ante la justicia.
¿Se imaginan al presidente del Gobierno español ordenando a los Geos una operación para eliminar, por ejemplo, en Marruecos, a Daoud Ouhnane, uno de los huidos del 11-M cuyas huellas acreditan que fue uno de los que transportó las bombas a los trenes de cercanías de Madrid? ¿O al fiscal del Estado en el momento de declarar legal la operación y de reconocer que la información se obtuvo mediante torturas a un preso?
¿O algo menos grave, como el secuestro en Francia del etarra Antonio Troitiño para que acabe de cumplir condena o el de Josu Ternera para ser juzgado por el atentado de la casa cuartel de Zaragoza? Aunque en algún caso pueda exista la tentación, es evidente que en España se impone el cumplimiento de la ley.
Eso mismo que no ocurrió con la operación de Bin Laden, en la que en ningún momento se trató de hacer justicia sino de escenificar una venganza, de aplicar el derecho del amo. Porque solo los amos del mundo se pueden permitir el lujo de vengarse, de saltarse la ley a la torera, aunque sea para asesinar al mayor terrorista del milenio.
Los que creemos en las leyes y el Estado de Derecho sentimos alipori.
No hay comentarios:
Publicar un comentario