Tenía el convencimiento de haber ido aprendiendo democracia conforme dicho sistema político avanzaba en España.
Pero todo lo que sé, por ejemplo, de sistema judicial, de crimen y castigo, de delitos y faltas, lo he mamado de las series de televisión.
Unos ciudadanos, acusados de corrupción, van a parar a la trena.
Si un juez -instruya el caso o no- lo considera oportuno, emite una orden para que se les pongan micrófonos en las celdas y en las conversaciones con sus abogados, pues existe el fundado temor de que dichas charlas no se limiten al apasionante devenir de sus respectivas vidas sexuales y otras intimidades.
Al contrario, es probable que los imputados aprovechen la conversa para tratar de temas relacionados con el asunto; incluso podría suponer el mencionado magistrado que quieren planear una fuga, sea de personas o sea de capitales mal adquiridos.
Así pues, los funcionarios a quienes corresponde proceden a ejecutar la orden del juez, tras comprobar su autenticidad.
Las conversaciones y pruebas obtenidas se admiten en el juicio.
Otro supuesto, el contrario, sería que las mencionadas aportaciones no se deben admitir cuando los funcionarios se pasan de celo y ponen los micrófonos por su cuenta, sin esgrimir la orden del juez.
En caso de ocurrir, los chorizos se ven libres, el magistrado se agarra un cabreo importante y los polis que han actuado por su cuenta resultan suspendidos de empleo y sueldo.
Tantas series he visto contando algo tan razonable que creí que en la vida ocurría igual. Pues no.
Ahí tienen a Garzón, juzgado por ordenar recabar más evidencias contra los bienaventurados del Gürtel, todavía sin juzgar.
Ya que no me van a cambiar la vida, cámbienme las series.
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