El Consejo de Ministros aprueba microcréditos sin interés para que los colectivos más afectados por el estado de alarma puedan pagar el alquiler.
La reunión del Consejo de Ministros del 29 de marzo. En vídeo, la declaración del vicepresidente Iglesias. BORJA PUIG (POOL MONCLOA) / Vídeo: EPV
Manuel V. Gómez
El Gobierno ha aprobado un decreto, de
unas 80 páginas, que contiene medio centenar de medidas. Se trata de un
gran plan de rescate social para los más vulnerables, inquilinos,
autónomos y pymes.
Entre las decisiones que ha adoptado el Ejecutivo
está la creación de una prestación para las empleadas domésticas dadas
de alta en la Seguridad Social que pierden su trabajo o unas horas, otra
ayuda para los trabajadores temporales que no tienen el tiempo de
cotización suficiente y créditos para los inquilinos que les ayuden a
pagar el alquiler.
También contempla una moratoria de seis meses en la
cotización a la Seguridad Social para autónomos.
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Ya
la Gran Recesión y su larga duración dejaron en evidencia que el seguro
de desempleo español y la red de protección social pública eran
insuficientes para afrontar las consecuencias de una crisis económica
dura y prolongada.
Todavía hay heridas abiertas en forma de desigualdad,
pobreza laboral o tasa de riesgo de pobreza.
El Ejecutivo actual tenía
en su programa reforzar esa carencia. Pero apenas ha echado a andar —no
hace 100 días desde que Pedro Sánchez fue investido presidente— y le ha
atropellado una pandemia mundial sin parangón en el último siglo que va a
tener graves consecuencias socioeconómicas.
Así que se ha tratado de
parchear el sistema de protección social para aliviar el impacto de la
crisis de la Covid-19 en colectivos que, en muchos casos, todavía no se
habían recuperado de la crisis anterior.
Los primeros parches fueron para ayudar a los afectados por
despidos temporales (ERTE), unos dos millones de trabajadores. También
se dirigió a los autónomos afectados por el parón decretado con el
estado de alarma.
Este martes se ha abierto el abanico a
otros colectivos.
Entre ellos están las empleadas de hogar, a las que
varios Gobiernos les habían prometido ampliar su protección, o los
temporales más precarios, que no llegan a cotizar el tiempo suficiente
para acceder a una prestación.
Para ellos, el Consejo de Ministros
aprobó dos ayudas extraordinarias.
A la primera podrán
acceder las trabajadoras domésticas que ya estén dadas de alta en la
Seguridad Social, casi 400.000, si pierden su empleo o unas horas por
riesgo de contagio o por despido. Tendrán derecho a percibir una
prestación equivalente al 70% de su base de cotización, como adelantó EL PAÍS.
La
segunda beneficia a los temporales que no hayan llegado a cotizar 12
meses en los últimos seis años y finalicen un contrato de, al menos, dos
meses de duración después del estado de alarma. Para ellos, la ayuda
será de 430 euros y tendrá un mes de duración. Esta ayuda será
incompatible con otras rentas asistenciales de desempleo o servicios
sociales.
Ambas ayudas no tapan todos los agujeros
socioeconómicos que va a provocar el coronavirus.
De ahí que el
vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias,
afirmara en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que su
departamento, el Ministerio de Trabajo y el de Seguridad Social están
preparando un ingreso mínimo vital.
Esa ayuda iría a grupos como
trabajadores más precarios, que no están dados de alta en la Seguridad
Social —en ese caso hay 200.000 empleadas de hogar—, y otros temporales
con contratos de menos de dos meses.
Aunque el Gobierno no ha publicado la previsión de gasto de
las dos ayudas aprobadas, este no debería ser mucho si se compara con el
que supondrá la prestación extraordinaria para afectados por
expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).
Las cuantías serán
bajas en los dos casos —las bases de cotización de las empleadas de
hogar son pequeñas— y su duración corta.
No obstante, entre todas las
medidas de refuerzo de la protección contra el desempleo que se han ido
aprobando, fuentes del Gobierno especulaban ayer con que podría suponer
un coste adicional de unos 3.000 millones.
Y este desembolso habría que
sumarlo al seguro de paro ordinario, que también va a crecer mucho.
Para
hacer frente a este esfuerzo de la tesorería, un borrador del decreto
habilitaba al Servicio de Empleo Estatal a utilizar los recursos
procedentes de la cuota de formación, más de 2.300 millones en 2019, que
es un dinero recaudado solo para ese fin.
Además de las
dos nuevas ayudas, el Consejo de Ministros aprobó una moratoria para
autónomos que no pueden beneficiarse de la prestación extraordinaria de
cese de actividad y empresas.
En principio, la demora se concedería para
tres mensualidades —las que se pagan de mayo a julio— cuyo pago se
podría retrasar medio año. También abre la puerta a aplazar la cuota de
abril con un interés del 0,5%.
No obstante, el decreto aprobado deja los
requisitos de acceso en manos de una orden que desarrollará la
Seguridad Social con la supervisión del Ministerio de Economía.
La más destacada es la que atañe a la vivienda, con varias iniciativas.
Una de ellas es la concesión de microcréditos para los inquilinos en situación de vulnerabilidad (parados o afectados por ERTE con renta familiar por debajo de los 1.613,5 euros o un alquiler que supere el 35% de los ingresos).
También se suspenden por seis meses los desahucios de las
personas vulnerables sin vivienda alternativa y se prorrogan por medio
año los contratos de alquiler que caduquen en los dos meses posteriores a
la declaración del estado de alarma del 14 de marzo. Además, se amplia a
tres meses la moratoria en las hipotecas de los más damnificados
(asalariados y autónomos).
“Tomamos medidas para proteger
el derecho constitucional a la vivienda.
Ahora es más importante porque
es la trinchera para protegerse del virus”, ha explicado el
vicepresidente segundo y ministro de Asuntos Sociales, Pablo Iglesias,
quien ha apuntado que la definición de colectivos vulnerables es “muy
amplia”.
Además de ayudas, el Consejo de Ministros
también ha decretado una suspensión de la publicidad del juego digital
durante el tiempo que dure el estado de alarma para evitar que las casas
de apuestas hagan negocio con la preocupación y la ansiedad de la
gente.
Otro paquete del decreto permite demoras en las
amortizaciones de los créditos al consumo concedidos a afectados por la
crisis sanitaria.
Y, además, abre la puerta a que los trabajadores
afectados por ERTE o autónomos en cese de actividad puedan rescatar el
dinero de su plan de pensiones, si lo tuvieran.
Una inmobiliaria anuncia un alquiler el día que el Consejo de Ministros
aprueba microcréditos sin interés para colectivos vulnerables. Marta Fernández Jara (Europa Press) / ATLAS
