La sentencia del Tribunal de Cuentas, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, condena a ocho miembros del equipo de la exalcaldesa del PP por vender por debajo del precio de mercado.
Pablo León
La exalcaldesa de Madrid Ana Botella
(Partido Popular) fue “responsable directo” de que, en octubre de 2013,
el Ayuntamiento de Madrid vendiese por debajo de precio de mercado un
total de 18 promociones inmobiliarias, donde había 1.860 viviendas
públicas, a dos fondos buitre.
Ambas empresas formaban parte del conglomerado de Blackstone, el mayor casero de España.
La operación, según el dictamen de 90 páginas al que ha tenido acceso EL PAÍS, se hizo dando información privilegiada a los fondos, “sin pliegos, sin concurrencia, y sin realizar una tasación inicial”.
“El precio de venta de todos estos inmuebles fue inferior al mínimo jurídicamente exigible”, concluye la sentencia, firmada el 27 de diciembre de 2018 por la sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas y que condena, además de a Botella, a otros siete miembros de su equipo a abonar en total 25,7 millones de euros por el perjuicio realizado a la Hacienda Pública.
La resolución hace referencia a la venta de 18 promociones inmobiliarias (un total de 5.315 inmuebles, incluyendo garajes, trasteros y otros locales), que fueron vendidos por la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) en octubre de 2013 al grupo Fidere, sociedad de inversión inmobiliaria del fondo Blackstone.
El Consistorio vendió todos los inmuebles por 128.500.000, un precio que el Tribunal de Cuentas no solo considera por debajo del mercado sino que también provocó “un menoscabo injustificado en el patrimonio público” de más de 22 millones de euros, pues las viviendas, según estima el Tribunal, se podían haber vendido por un total de 151.211.518 euros.
Tras analizar los datos, el Tribunal sentencia que tanto Botella como otros siete integrantes de su equipo cuando era alcaldesa de Madrid son responsables directos del perjuicio generado.
Los condenados, además de la exalcaldesa Botella, son Fermín Oslé, exconsejero delegado del EMVS; Concepción Dancausa, exdelegada del Gobierno en Madrid; Diego Sanjuanbenito, actual viceconsejero de la Comunidad de Madrid; Pedro Corral, actual concejal municipal del PP; María Dolores Navarro Rey, concejal de Transparencia en Torrejón de Ardoz; José Enrique Núñez, que ejerce ahora de viceconsejero de Justicia en el Gobierno regional, liderado por Ángel Garrido; y Paz González, exconcejal de Urbanismo y Vivienda.
Tres de los condenados ostentan actualmente cargos públicos.
Aunque la sentencia aún se puede recurrir (el tribunal da un plazo de 15 días), todos ellos han sido condenados a pagar 22.711.518 euros (unos 2,8 millones de euros cada uno) debido a que los responsables municipales eran a la vez "integrantes de la junta de accionistas de la EMVS", al ser esta una empresa mixta. A Fermín Oslé, que ostentaba el cargo de consejero delegado de la EMVS cuando se realizó la venta, el Tribunal le condena además a abonar otros tres millones de euros.
Además del perjuicio económico por haber realizado una venta a la
baja, el Tribunal identifica otras irregularidades en la operación, como
la ausencia de pliegos y de estudios técnicos, así como que en los
concursos no se garantizó la libre participación. En definitiva,
concluye que eran procesos ideados para que hubiera un beneficiado.
Desde la EMVS confirman que la resolución es el resultado de la denuncia por el agravio financiero, pero avisan:
"Esta sentencia es solo por el delito contable, pero hay otras dos vías abiertas: la penal y la administrativa".
La vía administrativa busca la nulidad de la venta realizada ya que, en base a las pruebas aportadas, fue fraudulenta.
La sentencia es el resultado de una demanda que el Ayuntamiento presentó en 2017, después de que la Cámara de Cuentas alertara en 2016 sobre las irregularidades que habían identificado en la venta. La Cámara determinó que muchos inquilinos de estas casas tenían derecho a opción de compra, pero al venderlas en bloque se les impidió ejercerlo: “La EMSV les negó la condición de interesados".
La Cámara de Cuentas también consideró que, aunque la EMVS es una sociedad mercantil de titularidad municipal de gestión privada, dado su fin social y carácter público está sujeta a una normativa diferente a las empresas estrictamente privadas.
Por su parte, el Consistorio reclamaba un daño patrimonial, por estas operaciones, superior a los 55 millones de euros.
En esa demanda, el Ayuntamiento reclamaba la restitución en la caja municipal tras la venta realizada en octubre de 2013.
Botella recurrirá
La exalcadesa Ana Botella y los miembros de su equipo condenados por el Tribunal de Cuentas han anunciado que recurrirán la condena.
Desde el PP han indicado que el anterior equipo municipal "no intervino ni directa ni indirectamente en la operación de venta de viviendas", solo "en su calidad de Junta General de Accionistas de la citada mercantil" y que su función fue la de ratificar el plan de viabilidad aprobado por el Consejo de Administración de la EMVS.
En esa época, han recordado los populares, la EMVS, con cerca de 700 empleados, atravesaba una situación complicada debido a la crisis económica y acumulaba una deuda de más de 600 millones de euros:
"Si no cumplía lo establecido en la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local debía aprobar un plan de viabilidad o liquidarse, lo que hubiese supuesto el despido de sus trabajadores".
Ambas empresas formaban parte del conglomerado de Blackstone, el mayor casero de España.
La operación, según el dictamen de 90 páginas al que ha tenido acceso EL PAÍS, se hizo dando información privilegiada a los fondos, “sin pliegos, sin concurrencia, y sin realizar una tasación inicial”.
“El precio de venta de todos estos inmuebles fue inferior al mínimo jurídicamente exigible”, concluye la sentencia, firmada el 27 de diciembre de 2018 por la sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas y que condena, además de a Botella, a otros siete miembros de su equipo a abonar en total 25,7 millones de euros por el perjuicio realizado a la Hacienda Pública.
La resolución hace referencia a la venta de 18 promociones inmobiliarias (un total de 5.315 inmuebles, incluyendo garajes, trasteros y otros locales), que fueron vendidos por la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) en octubre de 2013 al grupo Fidere, sociedad de inversión inmobiliaria del fondo Blackstone.
El Consistorio vendió todos los inmuebles por 128.500.000, un precio que el Tribunal de Cuentas no solo considera por debajo del mercado sino que también provocó “un menoscabo injustificado en el patrimonio público” de más de 22 millones de euros, pues las viviendas, según estima el Tribunal, se podían haber vendido por un total de 151.211.518 euros.
Tras analizar los datos, el Tribunal sentencia que tanto Botella como otros siete integrantes de su equipo cuando era alcaldesa de Madrid son responsables directos del perjuicio generado.
Los condenados, además de la exalcaldesa Botella, son Fermín Oslé, exconsejero delegado del EMVS; Concepción Dancausa, exdelegada del Gobierno en Madrid; Diego Sanjuanbenito, actual viceconsejero de la Comunidad de Madrid; Pedro Corral, actual concejal municipal del PP; María Dolores Navarro Rey, concejal de Transparencia en Torrejón de Ardoz; José Enrique Núñez, que ejerce ahora de viceconsejero de Justicia en el Gobierno regional, liderado por Ángel Garrido; y Paz González, exconcejal de Urbanismo y Vivienda.
Tres de los condenados ostentan actualmente cargos públicos.
Aunque la sentencia aún se puede recurrir (el tribunal da un plazo de 15 días), todos ellos han sido condenados a pagar 22.711.518 euros (unos 2,8 millones de euros cada uno) debido a que los responsables municipales eran a la vez "integrantes de la junta de accionistas de la EMVS", al ser esta una empresa mixta. A Fermín Oslé, que ostentaba el cargo de consejero delegado de la EMVS cuando se realizó la venta, el Tribunal le condena además a abonar otros tres millones de euros.
Desde la EMVS confirman que la resolución es el resultado de la denuncia por el agravio financiero, pero avisan:
"Esta sentencia es solo por el delito contable, pero hay otras dos vías abiertas: la penal y la administrativa".
La vía administrativa busca la nulidad de la venta realizada ya que, en base a las pruebas aportadas, fue fraudulenta.
La sentencia es el resultado de una demanda que el Ayuntamiento presentó en 2017, después de que la Cámara de Cuentas alertara en 2016 sobre las irregularidades que habían identificado en la venta. La Cámara determinó que muchos inquilinos de estas casas tenían derecho a opción de compra, pero al venderlas en bloque se les impidió ejercerlo: “La EMSV les negó la condición de interesados".
La Cámara de Cuentas también consideró que, aunque la EMVS es una sociedad mercantil de titularidad municipal de gestión privada, dado su fin social y carácter público está sujeta a una normativa diferente a las empresas estrictamente privadas.
Por su parte, el Consistorio reclamaba un daño patrimonial, por estas operaciones, superior a los 55 millones de euros.
En esa demanda, el Ayuntamiento reclamaba la restitución en la caja municipal tras la venta realizada en octubre de 2013.
Botella recurrirá
La exalcadesa Ana Botella y los miembros de su equipo condenados por el Tribunal de Cuentas han anunciado que recurrirán la condena.
Desde el PP han indicado que el anterior equipo municipal "no intervino ni directa ni indirectamente en la operación de venta de viviendas", solo "en su calidad de Junta General de Accionistas de la citada mercantil" y que su función fue la de ratificar el plan de viabilidad aprobado por el Consejo de Administración de la EMVS.
En esa época, han recordado los populares, la EMVS, con cerca de 700 empleados, atravesaba una situación complicada debido a la crisis económica y acumulaba una deuda de más de 600 millones de euros:
"Si no cumplía lo establecido en la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local debía aprobar un plan de viabilidad o liquidarse, lo que hubiese supuesto el despido de sus trabajadores".
