El abogado del padre dice que la condenada conocía las consecuencias de no devolver los niños a Italia.
Javier Arroyo .
A
finales de julio, un juez de lo penal de Granada dictó sentencia
condenando a Juana Rivas a cinco años de cárcel, seis de pérdida de la
patria potestad y 30.000 euros de indemnización para su expareja,
Francesco Arcuri.
La consideraba culpable de dos delitos de sustracción
de menores. Ahora es el momento de los recursos y toca a la Audiencia
Provincial ratificar o no esa condena.
Hace unos días fue el abogado
defensor de Rivas quien presentó su escrito.
En él solicitaba la libre
absolución de su defendida o, en su defecto, que se estableciera un
único delito de sustracción, lo que podría suponer dos años de cárcel y,
en su caso, la posibilidad de no entrar en prisión.
Hoy, tanto la
defensa de Francesco Arcuri como la Fiscalía han presentado sendos
escritos insistiendo en que se mantenga la sentencia original.
El abogado de Arcuri, Enrique Zambrano, y la Fiscalía coinciden en que a
la condena impuesta por el juez Manuel Piñar en julio no cabe quitarle
ni un día.
Además, ambos insisten en que el recurso de Juana Rivas no se
mantiene en ninguno de sus puntos.
La Fiscalía, no obstante, se muestra
un poco más flexible en lo que respecta a la indemnización de 30.000
euros por dañar el honor de Francesco Arcuri y admite que “se podría
moderar la cuantía inicialmente fijada”.
La reducción la deja ya en
manos de la Fiscalía.
uana Rivas vivía en Italia con su expareja desde 2013 y hasta mayo de 2016, cuando volvió a España con sus hijos. Entonces presentó una denuncia por violencia de género contra Arcuri y durante un año y algunos meses mantuvo a sus hijos, de 4 y 11 años ahora, con ella en España. Su marido presentó una denuncia por sustracción. Los jueces ordenaron a Rivas que devolviera a los niños en varias ocasiones. En julio de 2017, ante un ultimátum judicial, Rivas desapareció durante un mes con los niños y, finalmente y por consejo de sus abogados, los entregó a final de agosto a su padre. Desde entonces los niños viven con él en Carloforte, una pequeña isla al sur de Cerdeña, en Italia.
El abogado de Arcuri insiste en que en todo momento
Juana Rivas conocía las consecuencias de llevarse a los niños con ella,
entre otras cosas, porque así se lo había advertido el propio Arcuri y
la abogada de oficio que la representaba en aquel momento.
La Fiscalía insiste en que “visto el despliegue de resoluciones judiciales claras, contundentes y debidamente notificadas"
para que entregara a los niños, así como "el despliegue de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado para garantizar su cumplimiento, cabe
preguntarse "qué es exactamente lo que doña Juana no comprendía o qué
labor profusa y compleja realizó su entorno asesor para desvirtuar esta
realidad jurídica aplastante”.
El abogado de Arcuri sostiene en su
escrito que Rivas "ha sido dueña absoluta de su destino.
Ella ha marcado
en todo momento qué es lo que quería”.
En cinco o seis meses podría haber ya una resolución
de la Audiencia Provincial, pero eso no agota el proceso, quedan
instancias como el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional,
etcétera antes de saber si, finalmente, Rivas entra en prisión.
Acto académico
La Universidad de Granada (UGR) ha celebrado este
martes una jornada sobre el caso Juana Rivas, dirigida por Francisca
Granados, directora del Centro de la Mujer de Maracena y profesora de la
Facultad de Derecho de la UGR.
En ella ha participado la vicerrectora
de Responsabilidad Social de la institución así como diversos
especialistas que han asesorado o ayudado en la defensa de Rivas como la
propia Granados o el profesor Miguel Lorente.
No lo ha hecho José
Estanislao López, quien hasta hace una semana ha llevado la defensa de
Juana Rivas.
A media mañana del martes, Enrique Zambrano, abogado de
Francesco Arcuri, ha presentado una queja formal a la rectora de la
universidad por este acto al considerar que “mancilla su prestigio…
permitiendo que varios participantes lo hagan como miembros de la
comunidad docente de la misma para seguir denostando a la Justicia, a mi
mandante y a sus hijos”.
Un portavoz de la universidad ha dicho que “no
toman partido” y que se trataba de una actividad académica “de carácter
técnico” a la que la institución se limitaba a acoger.
