El enfrentamiento del dueño de la firma cerámica con una sindicalista abre un cisma en la plantilla y deriva en el anuncio de expulsión de 49 trabajadores e incluso el cierre.
"Sepan apreciar el arrepentimiento de un mal hombre como yo que se ha
pasado toda su vida explotando y maltratando a sus empleados hasta que
los sindicatos le han hecho comprender la realidad social", espetó
sarcástico a su plantilla Segismundo García,
dueño de Sargadelos, el pasado 17 de agosto.
Acababa de convocar al personal a la vuelta del festivo de San Roque para anunciar, por sorpresa, "49 despidos" en los siguientes dos meses.
Y atribuía la decisión a "amenazas" y "presiones" de una delegada sindical de UGT, que reclamaba una subida de sueldo para los contratados tras el concurso de acreedores de 2014.
Esto era algo que, según el consejero delegado, a pesar de ir "bien", Sargadelos no podía asumir.
"Lo correcto y lo justo sería rebajar el salario de todos los empleados en tanto las empresas no superen el convenio de acreedores.
Según el legislador y los sindicatos es mejor cerrar las compañías", criticaba irónico García ante aquel perplejo auditorio.
Por eso, concluía el jefe, "he decidido prescindir de los nuevos empleados con efecto inmediato... Doce abandonarán hoy ya sus puestos. No queremos que nadie se sienta explotado”.
Ha pasado medio mes desde que en la factoría más productiva del emblemático sello cerámico gallego, la histórica planta del municipio de Cervo (Lugo), la tierra se partió en dos.
Acababa de convocar al personal a la vuelta del festivo de San Roque para anunciar, por sorpresa, "49 despidos" en los siguientes dos meses.
Y atribuía la decisión a "amenazas" y "presiones" de una delegada sindical de UGT, que reclamaba una subida de sueldo para los contratados tras el concurso de acreedores de 2014.
Esto era algo que, según el consejero delegado, a pesar de ir "bien", Sargadelos no podía asumir.
"Lo correcto y lo justo sería rebajar el salario de todos los empleados en tanto las empresas no superen el convenio de acreedores.
Según el legislador y los sindicatos es mejor cerrar las compañías", criticaba irónico García ante aquel perplejo auditorio.
Por eso, concluía el jefe, "he decidido prescindir de los nuevos empleados con efecto inmediato... Doce abandonarán hoy ya sus puestos. No queremos que nadie se sienta explotado”.
Ha pasado medio mes desde que en la factoría más productiva del emblemático sello cerámico gallego, la histórica planta del municipio de Cervo (Lugo), la tierra se partió en dos.
De momento, en un goteo que al
principio fue más rápido y ahora más lento, han caído a la brecha
abierta unos 20 trabajadores, que han recibido ya su carta de despido.
Y
de nada han valido las visitas al dueño por parte de responsables de la
Xunta de Galicia, ni el grito en el cielo puesto por formaciones como el
BNG y el PSOE, que advierten de que lo que está en juego, además del
trabajo, es el "símbolo" que Sargadelos representa para la cultura
gallega.
Según UGT,
en la lista de bajas no solo hay empleados nuevos, de aquellos que
cobraban menos y la empresa decía que no podía equipararles el salario,
sino que también se ha tenido que marchar a casa algún veterano al que
se le ha ofrecido una indemnización mucho mayor.
Pero la ley no lo permite.
Pero la ley no lo permite.
El abogado del sindicato, Pedro Blanco, asegura que está preparando estos días las demandas para impugnar esos despidos porque está "convencido" de que todos van a ser anulados.
En el epicentro de este terremoto está el enfrentamiento laboral y judicial que desde tiempos del ERE que emprendió la firma en 2010 (ahora declarado nulo por el Supremo) mantienen García, accionista mayoritario, y una trabajadora, Rogelia Mariña, que entró en la factoría en 1974, cuando solo tenía 14 años.La maestra decoradora fue presidenta del Comité de Empresa mientras lo hubo y es delegada de UGT en la actualidad.
Y su sindicato entiende que el dueño de la empresa está tratando a los empleados como "rehenes", a los que "chantajea y coacciona" para lograr borrar de la fábrica a la representante de los trabajadores, contra la que muestra "una inquina personal". Mientras tanto, Segismundo García afirma a este diario que el que se siente presionado es él, pero admite que el anuncio (y ejecución) de los despidos es también un "pulso a los sindicatos y a los jueces de lo social y a la Inspección de Trabajo".
"Algo que ya deberían haber hecho otros empresarios", apostilla, "ante la altanería, soberbia e impunidad con que actúan".
Pero al mismo tiempo se queja de que "solo este año" la empresa ha tenido que "pagar más de un millón de euros por demandas sindicales derivadas" de ese ERE, que en su opinión era "necesario para la pervivencia de la compañía".
El caso es que a la semana siguiente del anuncio de despidos que dejó perplejos a todos, empezó a circular por la planta de Cervo un escrito rubricado por parte de la plantilla en el que, con frases casi calcadas a las que había esgrimido el propietario el día 17, los firmantes expresaban su rechazo a UGT y su apoyo al consejero delegado.
"Rogelia Mariña debería dimitir de su cargo de representante sindical y repartir los 30.000 euros que consiguió por daños morales entre esos trabajadores nuevos que ella tanto quiere defender", decía el documento que, según la compañía, respaldaban más de 50 de los casi 100 trabajadores de la planta.
El párrafo se refería a otra batalla judicial, además de la del ERE, que la empleada había ganado al empresario el pasado febrero: el juzgado de lo Social número 3 de Lugo sentenciaba que su despido, tras oponerse a una ampliación de la jornada generalizada y sin remuneración, era nulo.
La juez obligaba a Sargadelos a readmitirla en su puesto, pagarle los salarios no percibidos desde diciembre de 2016 e indemnizarla con 30.000 euros.
De momento, según su sindicato, no ha cobrado nada de esto porque el fallo ha sido recurrido en el Superior, tanto por la empresa como por UGT, que reclama una indemnización de 70.000.
A esto se suma una nueva demanda, esta vez de tutela de derechos fundamentales, que el abogado de UGT acaba de interponer por los hechos de los últimos días y en la que por daños y perjuicios pide 100.000 euros para el sindicato y otros tantos para la representante de los trabajadores, de los que quiere que también se haga cargo el dueño de Sargadelos con su patrimonio personal.
En la demanda, UGT solicita también al juzgado de lo social que "paralice los despidos" de forma cautelar.