El médico fue perseguido por el PP de Madrid por las sedaciones en el Hospital Severo Ochoa de Leganés.
El doctor Luis Montes (Salamanca, 1949), presidente de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), acusado y posteriormente absuelto, en 2007, de causar la muerte mediante sedaciones terminales irregulares a 400 enfermos del Hospital Severo Ochoa
de Leganés (Madrid), ha fallecido este jueves a los 69 años, según ha
confirmado fuentes de la asociación.
La muerte se ha producido de forma inesperada cuando se desplazaba a un acto vinculado con la asociación, en la que se había volcado durante los últimos años.
Montes, cuya especialización era la de anestesista aunque en Leganés ejercía de jefe del servicio de urgencias, acabó siendo la cabeza visible de un grupo de facultativos del que también formaban parte el ginecólogo Javier Martínez Salmeán, el internista Frutos del Nogal y el otorrino Carlos Barra, entre otros.
Todos ellos coparon cargos de responsabilidad en el Severo Ochoa y el Hospital de Móstoles tras una larga trayectoria en el sur de la Comunidad de Madrid, donde lucharon por imprimir a la práctica de la medicina un marcado carácter progresista y de servicio público.
Un ejemplo es su firme oposición a intentos privatizadores de la sanidad de los Gobiernos del PP. Otro, que se remonta a los años 80, fue su apuesta porque fueran los hospitales públicos los que asumieran la realización de abortos, práctica entonces no siempre accesible para quien la necesitaba y siempre relegada a clínicas privadas.
Desde los pasillos de urgencias de Leganés, Montes decidió en sus últimos años en ejercicio poner fin a lo que, en sus propias palabras, era una de “las grandes cuentas pendientes de la sanidad pública: la muerte digna”.
“La gente sufría y agonizaba durante horas y días sin otra razón que los prejuicios y la ineptitud de muchos facultativos”, solía afirmar.
Esta actitud disgustó a algunos médicos del Severo Ochoa y a los sectores más conservadores del PP madrileño, lo que acabó provocando uno de los mayores escándalos ocurridos en la sanidad pública española durante las últimas décadas.
Tras recibir una denuncia anónima, y sin contar con informe o prueba alguna que sustentara la gravedad de las acusaciones, el entonces consejero de Sanidad de Madrid, Manuel Lamela (PP), purgó a Montes y sus aliados en el Severo Ochoa y puso en marcha una auténtica cacería de brujas contra los facultativos, a los que llegó a acusar implícitamente de decenas de muertes por sedaciones ilegales.
Lamela, en todo momento apoyado por la presidenta regional Esperanza Aguirre, hizo todo lo posible para sustentar las acusaciones.
Creó comisiones para que elaboraran informes ad hoc, juego al que se prestaron algunas de las más destacadas figuras médicas de la Comunidad de Madrid.
Y adoptó cuanta decisión administrativa fue necesaria para lograr que ni Montes, ni su equipo ni quienes salieron en su defensa volvieran a ocupar cargo de responsabilidad alguno.
Pero si Lamela logró en su embestida el apoyo de algunos de los sectores médicos más conservadores —y el silencio cómplice de la entonces presidenta del Colegio de Médicos, Juliana Fariña—, el consejero fracasó rotundamente cuando fue la justicia la que examinó el caso.
En junio de 2007, el juez instructor archivó el caso con una decisión que tenía algo de salomónica.
Por una parte, libraba a Montes y su equipo de toda responsabilidad penal, pero admitía que en cuatro sedaciones se habían producido irregularidades.
Esto dejó insatisfecho a Montes, que recurrió el caso hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid desmontó punto por punto las acusaciones de Lamela y eximió a Montes de cualquier mala práctica.
Empezó entonces otro largo proceso judicial, esta vez sin éxito para Montes y 39 de sus colaboradores, para exigir que fueran resarcidos por los daños morales y económicos sufridos.
Pero para Montes, según sus palabras, lo peor que hizo Lamela fue hacer que "la gente muera peor".
Desde 2009 el doctor era presidente federal de DMD, desde donde defendía la despenalización de la eutanasia, el acceso universal a los cuidados paliativos y a la sedación.
Montes ponía en el centro de su trabajo el derecho a la autonomía, la libertad individual y la voluntad del paciente.
La militancia de Montes se remonta a los tiempos de la oposición al franquismo, donde se volcó en el trabajo comunitario en los barrios de chabolas que abundaban en el norte del actual distrito de Tetuan.
La muerte se ha producido de forma inesperada cuando se desplazaba a un acto vinculado con la asociación, en la que se había volcado durante los últimos años.
Montes, cuya especialización era la de anestesista aunque en Leganés ejercía de jefe del servicio de urgencias, acabó siendo la cabeza visible de un grupo de facultativos del que también formaban parte el ginecólogo Javier Martínez Salmeán, el internista Frutos del Nogal y el otorrino Carlos Barra, entre otros.
Todos ellos coparon cargos de responsabilidad en el Severo Ochoa y el Hospital de Móstoles tras una larga trayectoria en el sur de la Comunidad de Madrid, donde lucharon por imprimir a la práctica de la medicina un marcado carácter progresista y de servicio público.
Un ejemplo es su firme oposición a intentos privatizadores de la sanidad de los Gobiernos del PP. Otro, que se remonta a los años 80, fue su apuesta porque fueran los hospitales públicos los que asumieran la realización de abortos, práctica entonces no siempre accesible para quien la necesitaba y siempre relegada a clínicas privadas.
Desde los pasillos de urgencias de Leganés, Montes decidió en sus últimos años en ejercicio poner fin a lo que, en sus propias palabras, era una de “las grandes cuentas pendientes de la sanidad pública: la muerte digna”.
“La gente sufría y agonizaba durante horas y días sin otra razón que los prejuicios y la ineptitud de muchos facultativos”, solía afirmar.
Esta actitud disgustó a algunos médicos del Severo Ochoa y a los sectores más conservadores del PP madrileño, lo que acabó provocando uno de los mayores escándalos ocurridos en la sanidad pública española durante las últimas décadas.
Tras recibir una denuncia anónima, y sin contar con informe o prueba alguna que sustentara la gravedad de las acusaciones, el entonces consejero de Sanidad de Madrid, Manuel Lamela (PP), purgó a Montes y sus aliados en el Severo Ochoa y puso en marcha una auténtica cacería de brujas contra los facultativos, a los que llegó a acusar implícitamente de decenas de muertes por sedaciones ilegales.
Lamela, en todo momento apoyado por la presidenta regional Esperanza Aguirre, hizo todo lo posible para sustentar las acusaciones.
Creó comisiones para que elaboraran informes ad hoc, juego al que se prestaron algunas de las más destacadas figuras médicas de la Comunidad de Madrid.
Y adoptó cuanta decisión administrativa fue necesaria para lograr que ni Montes, ni su equipo ni quienes salieron en su defensa volvieran a ocupar cargo de responsabilidad alguno.
Pero si Lamela logró en su embestida el apoyo de algunos de los sectores médicos más conservadores —y el silencio cómplice de la entonces presidenta del Colegio de Médicos, Juliana Fariña—, el consejero fracasó rotundamente cuando fue la justicia la que examinó el caso.
En junio de 2007, el juez instructor archivó el caso con una decisión que tenía algo de salomónica.
Por una parte, libraba a Montes y su equipo de toda responsabilidad penal, pero admitía que en cuatro sedaciones se habían producido irregularidades.
Esto dejó insatisfecho a Montes, que recurrió el caso hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid desmontó punto por punto las acusaciones de Lamela y eximió a Montes de cualquier mala práctica.
Empezó entonces otro largo proceso judicial, esta vez sin éxito para Montes y 39 de sus colaboradores, para exigir que fueran resarcidos por los daños morales y económicos sufridos.
Pero para Montes, según sus palabras, lo peor que hizo Lamela fue hacer que "la gente muera peor".
Desde 2009 el doctor era presidente federal de DMD, desde donde defendía la despenalización de la eutanasia, el acceso universal a los cuidados paliativos y a la sedación.
Montes ponía en el centro de su trabajo el derecho a la autonomía, la libertad individual y la voluntad del paciente.
La militancia de Montes se remonta a los tiempos de la oposición al franquismo, donde se volcó en el trabajo comunitario en los barrios de chabolas que abundaban en el norte del actual distrito de Tetuan.
