Toda la cúpula del ‘procés’ puede quedar inhabilitada antes de abril

La ley permite adoptar esta excepcional medida en los casos de terrorismo y rebelión.

  José María Irujo José Antonio Hernández 

 

Puigdemont y Junqueras, en un acto en Barcelona. ALBERT GARCÍA

Si Carles Puigdemont busca nuevas tretas para saltarse el dictamen del Tribunal Constitucional y conseguir su investidura como presidente de Cataluña, el tiempo corre en su contra.
 Puigdemont y los cuatro exconsellers que le acompañan desde hace tres meses en su fuga de la Justicia quedarán previsiblemente inhabilitados para ejercer cargos públicos a finales de marzo, según fuentes jurídicas cercanas al Tribunal Supremo. 
Y pueden ser inhabilitados porque la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite adoptar esta decisión a quienes ocupen cargos públicos y siempre que se haya dictado auto de procesamiento, el investigado se halle en prisión provisional e incurra en los delitos de terrorismo o rebelión.
Fuentes del Supremo precisan que la instrucción del juez del Supremo Pablo Llarena se aproxima ya a sus últimos coletazos, y es previsible que todos ellos sean procesados por malversación, sedición y rebelión en marzo. 
Los plazos judiciales corren en contra de los políticos, porque para entonces, si no se ha desbloqueado la situación en Cataluña, ni Puigdemont ni ningún otro líder del procés encausado podrían aspirar a una investidura ni a concurrir como candidatos a unas hipotéticas nuevas elecciones.
La atribución de este último delito es la que permite al juez, según el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, inhabilitarles casi sobre la marcha. 
No habrá que esperar al juicio ni a que la sentencia, que puede producirse a finales de este año, sea firme.
 Solo cabe inhabilitar sin sentencia firme a un cargo público en el momento en que un juez lo procesa y a la vez dicte una orden de prisión.
 Y siempre y cuando concurra al menos uno de los tres delitos siguientes: terrorismo, banda criminal o rebelión.

Puigdemont y los cuatro exconsellers que le acompañan en su fuga quedarán previsiblemente inhabilitados para ejercer cargos públicos a finales de marzo

Fuentes del Supremo precisan que la instrucción del juez del Supremo Pablo Llarena se aproxima ya a sus últimos coletazos, y es previsible que todos ellos sean procesados por malversación, sedición y rebelión en marzo. 
Los plazos judiciales corren en contra de los políticos, porque para entonces, si no se ha desbloqueado la situación en Cataluña, ni Puigdemont ni ningún otro líder del procés encausado podrían aspirar a una investidura ni a concurrir como candidatos a unas hipotéticas nuevas elecciones.
La atribución de este último delito es la que permite al juez, según el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, inhabilitarles casi sobre la marcha. 
No habrá que esperar al juicio ni a que la sentencia, que puede producirse a finales de este año, sea firme. 
Solo cabe inhabilitar sin sentencia firme a un cargo público en el momento en que un juez lo procesa y a la vez dicte una orden de prisión. 
Y siempre y cuando concurra al menos uno de los tres delitos siguientes: terrorismo, banda criminal o rebelión.
El artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece: “Firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión”.
Puigdemont está prófugo de la justicia y mantiene el acta de diputado obtenida en las elecciones del 21-D.
 El juez Llarena estudia dictar contra él y el resto de fugados (Toni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret y Clara Ponsatí; los tres últimos han renunciado al acta de diputados) una orden de detención e inmediato ingreso en prisión. 
Al decretarles prisión y procesarles, se cumplirían los requisitos para inhabilitarles o bien cortar la posibilidad de que accedan a un cargo público futuro). 
 Tras su previsible y cercana inhabilitación, Puigdemont podrá recurrir a la sección del Supremo, con tres magistrados, que resuelve los recursos contra las decisiones de Llarena. 
Pero las distintas fases judiciales se prevén rápidas porque el sumario ni siquiera tiene que salir de las paredes del propio Tribunal Supremo. 
El procesamiento en firme puede estar resueltos a finales de marzo, según las mismas fuentes.
Puigdemont, cuando pide “garantías” para volver a España, y que incluso le dejen ser investido presidente, parece ajeno al duro panorama judicial que le rodea. Lo mismo que otros miembros de la cúpula del procés cuyos partidos los sitúan sin más en puestos públicos obviando que pueden quedar inhabilitados para un puesto público en cuestión de dos meses.
 O, en el caso de los que ahora se hallan en libertad provisional, dentro de un año.
La expresidenta del Parlament Carme Forcadell renunció a repetir en este cargo, pero mantiene el acta de diputada.
 Forcadell quedó en libertad provisional tras abonar la ANC en su nombre 150.000 euros. 
Frente a su dureza para ladear la Ley durante el proceso secesionista en el marco del Parlament, funcionarios del Supremo aún recuerdan los ruegos que lanzó entre lágrimas para que el juez Llarena no ordenase su ingreso en prisión ("Soy abuela y quiero estar con mis nietas, por favor no quiero ir a prisión, acato la Constitución...", soltó, antes de abrazarse a la funcionaria que le comunicó que el juez había decidido imponerle prisión eludible bajo fianza).
 Otro miembro de la cúpula que se enfrenta a una inminente inhabilitación es Jordi Sánchez, expresidente de la ANC, cuyo nombre ha sonado entre los independentistas como sustituto del expresidente en caso de que este no logre la investidura. 
Sánchez está preso acusado de alentar las movilizaciones ciudadanas, y no ha renunciado a su acta de diputado. 
 

Inmediato ingreso en prisión

Ya han empezado a correr los dos meses máximos que establece la ley para que el Parlament elija a un presidente. 
Mientras tanto sigue vigente el artículo 155 y, pasados esos 60 días, la potestad de convocar o no elecciones estará en manos del Gobierno central.
 El Tribunal Constitucional prácticamente ha cercado la investidura de Puigdemont al impedirle ser presidente a través de una pantalla de plasma o mediante persona superpuesta o delegada.
 Y si regresa a España, antes de acudir al Parlament debe ponerse a disposición del juez Llarena, que ordenaría su ingreso en prisión de inmediato.
 Al margen de que para entonces puede estar ya inhabilitado.

Y ¿Quién es él= ¿En que emplea el tiempo libre? Es un Ladrón que nos ha robado todo.....

La causa contra la cúpula del proceso secesionista que instruye el juez Llarena afecta a 28 investigados (cinco de ellos, presos y otros siete en libertad provisional tras el pago de fianzas). Los que no estén recluidos cuando se produzca el procesamiento sí podrán mantener sus cargos hasta que haya juicio y la sentencia sea firme, lo que puede ocurrir a finales de este año si no surgen obstáculos procesales ni maniobras dilatorias de los acusados, según los citados medios.

El artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece: “Firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión”.

Los acusados que no estén recluidos  podrán mantener sus cargos hasta que haya juicio y la sentencia sea firme

Puigdemont está prófugo de la justicia y mantiene el acta de diputado obtenida en las elecciones del 21-D. El juez Llarena estudia dictar contra él y el resto de fugados (Toni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret y Clara Ponsatí; los tres últimos han renunciado al acta de diputados) una orden de detención e inmediato ingreso en prisión. Al decretarles prisión y procesarles, se cumplirían los requisitos para inhabilitarles o bien cortar la posibilidad de que accedan a un cargo público futuro).  Tras su previsible y cercana inhabilitación, Puigdemont podrá recurrir a la sección del Supremo, con tres magistrados, que resuelve los recursos contra las decisiones de Llarena. Pero las distintas fases judiciales se prevén rápidas porque el sumario ni siquiera tiene que salir de las paredes del propio Tribunal Supremo. El procesamiento en firme puede estar resueltos a finales de marzo, según las mismas fuentes.

Julio Iglesias - Me olvidé de vivir

Jose Luis Perales - Y como es él (1982)

Alimento para nostálgicos................................. Teodoro León Gross

La película ‘The Post’ desata evocaciones del periodismo, pero el del siglo XXI no debe parecerse al del XX.

Meryl Streep, en la presentación de The post. En vídeo, el tráiler de la película. DANIEL DAL ZENNARO EFE

Estos días proliferan los artículos elegíacos motivados por The Post, la película de Spielberg sobre los papeles del Pentágono. Grandes periodistas evocan esos años con cierta nostalgia proustiana: ¡ah, el tiempo perdido!
 Atribuyen al director, al modo de Wordsworth, haber rescatado la grandeza del recuerdo aunque nada pueda ya devolver “el esplendor en la hierba”.
 Y celebran su filme, que The New Yorker califica de oda al periodismo, en clave de réquiem.

 

Como suele suceder, la tentación del “cualquier tiempo pasado fue mejor” es discutible, incluso sobre el periodismo, que ciertamente atraviesa tiempos difíciles. 
Conviene leer bien la copla de Manrique, porque él escribía “cómo, a nuestro parecer, cualquier tiempo pasado fue mejor”
. La clave es ese a nuestro parecer, es decir, el espejismo de pensar que el tiempo pasado fuese mejor porque éramos jóvenes y teníamos ilusiones. 
Estos días, tras ver The Post, hay algo de esto. O mucho.
Ciertamente hay unos años brillantes para el periodismo americano, entre la cobertura de la matanza de My Lai de Hersch, los papeles del Pentágono, el Caso Watergate o lo de Jack Anderson sobre la guerra India-Pakistán.
 Era un periodismo que arrastraba la mala conciencia de la Guerra Fría y el maccarthysmo, cuando actuaron como quinta columna de la Casa Blanca, e incluso callaron la enfermedad de Eisenhower para no debilitar a EE UU. En todo caso, confundir esos “momentos estelares de la humanidad” con la realidad del periodismo es absurdo.
 Para verse en el cine, es más fácil en Primera plana, con un cinismo al borde de todos los pecados, o Ausencia de malicia, sobre los periodistas usados como transmisores de mensajes no contrastados.
 Puestos a pensar en la profesión, eso ha sido más el día a día que la épica no exenta de narcisismo de Graham y Bradlee.

Hay quien se consuela creyendo que Internet mató al periódico, y a partir de ahí todo se jodió como el Perú de Varguitas.
 Es una visión irreal.
 Philip Meyer, en The vanishing newspaper, ya analizaba la trayectoria errática de editores codiciosos que no invertían en un periodismo que pecaba, y ahí abunda el catedrático Díaz Nosty, de oficialismo.
 Los diarios —y los años de la burbuja fueron el remate— se dejaban ir haciendo mucha caja con un periodismo institucional. Las rutinas fáciles se imponían, de modo que, como ya ironizaba Walkter Karp, incluso se le llamaba periodismo de investigación al mero hecho de ir a buscar noticias con cierta dificultad.
Desde los años noventa, los sondeos del Centro Pew apuntaban una creciente pérdida de credibilidad.
 El periodismo se percibía más cercano al poder que al lector. 
De hecho era un poder (incluso el 3º más que el 4º, protestaban muchos jueces) más que un contrapoder.
 Ese poder mediático produjo grandes cosas, pero también perversiones.
 Ben Bagdikian, el buen reportero a quien gusta ver en The Post, después profesor en Berkeley, acabaría escribiendo libros como Media Monopoly o Las máquinas de información sobre los efectos del poder económico en los medios, su influencia en los contenidos, la publicidad… La norma no fue el new journalism, sino el new cinism, como apuntó Paul Starobin.
Time ha dicho sobre The Post que es “la película sobre periodismo que necesitamos ahora”. 
En definitiva es una película muy contra Trump. 
A nadie se le escapa en el guión alguna ironía sobre el presidente en boca de Meryl Streep, descalificada rencorosamente por éste. Eso pervierte las lecturas sobre este werstern urbano de buenos y malos.
 Hacer pensar el periodismo actual reflejado en aquel periodismo, como quienes evocan la Transición confundiendo los ideales hermosos con la calidad, es erróneo.
El periodismo en el siglo XXI no puede parecerse al del siglo XX. Aquellos diarios eran realmente una parte del poder, un gran poder; ahora son voces en un sistema más ancho y líquido, entre las redes, y, sí, a la búsqueda de un nuevo modelo de negocio.
 Pero, de hecho, cada vez se le oye más a grandes maestros de la profesión que “hoy se está haciendo mejor periodismo que nunca”, al margen de los consumos tipo fast food de quienes antes sencillamente no leían nada. 
Es impopular, por la precariedad, pero es así, y los medios aportan contenidos potentes a diario.
 James Badock en un remitido a The Economist abundaba: “¿Qué crisis mediática? La nueva edad de oro del periodismo”.
 Por más que los nostálgicos, tras ver The Post, acaben pareciendo un coro de plañideras en un entierro. Mal mensaje.