El paisaje hoy es desolador: Medio Gobierno en prisión y la otra mitad huido, con órdenes de detención europea solicitadas por el fiscal.
Lo anunció frívolamente Artur Mas solo ponerlo en marcha en 2012.
Ahora estamos llegando al cabo de la calle y lo que nos encontramos no puede ser más triste y doloroso, pero también más incierto.
Que nadie se asuste con las cosas que hemos visto en el último mes, porque, si seguimos así, todo puede empeorar más todavía.
El paisaje hoy es desolador.
Medio gobierno en la cárcel y la otra mitad en fuga, con órdenes de detención europea solicitadas por el fiscal.
Las instituciones de la Generalitat, tan costosamente recuperadas, Presidencia, Gobierno y Parlamento, suspendidas hasta el 21 de diciembre.
Los partidos, ocupados en organizar una campaña electoral inevitablemente condicionada por la acción de la justicia.
El vodevil rocambolesco de Puigdemont en Bruselas, como no podía ser de otra forma, está virando hacia situaciones dramáticas.
El 1-O fue tan solo el aperitivo, el rasguño de Leviatán, el monstruo marino imaginado por Hobbes como símbolo del Estado, que ha despertado con toda su fuerza en cuanto alguien ha querido romperlo y ha proclamado, incluso, su ruptura, como sucedió el viernes 27 de octubre.
Se sabía que la pasada semana se llegó a la peor de las situaciones posibles: una declaración unilateral de independencia y simultáneamente la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
Hoy se ha llegado a la peor de las consecuencias, como es el encarcelamiento de medio Gobierno y la orden de detención para la otra mitad.
Históricamente es lo que suele suceder, por cierto, con quienes intentan romper el orden legal y desgajar un Estado nuevo de uno ya existente.
El auto de la juez Lamela se deduce del comportamiento de Puigdemont para dictar la prisión incondicional: le sirve para fundamentar el riesgo de fuga, pero también la voluntad de proseguir la acción presuntamente delictiva por parte de los miembros del Gobierno catalán disuelto. Solo se escapa de la prisión incondicional el exconseller Santi Vila, que dimitió justo antes de la DUI.
Vila fue el único que respondió a las preguntas del fiscal y del juez, cosa que no hicieron los otros encausados, al igual que hicieron los Jordis en sus correspondientes interrogatorios.
El encarcelamiento de medio Gobierno de Puigdemont aconsejará a los partidos independentistas la construcción de una gran coalición republicana en favor de la libertad para los consejeros, pero no está claro que vaya a soldar las graves divisiones entre los dirigentes independentistas, acrecentadas en las horas previas a la DUI por la tensión entre Oriol Junqueras y Carles Puigdemont, resuelta al final en favor del primero, favorable a la DUI y no a las elecciones autonómicas.
La dureza del fiscal en la tipificación de los delitos –rebelión, sedición y prevaricación—y de la juez en las medidas cautelares constituye un estímulo a los acusados para que opten por una defensa política y rupturista, en la que se rechace la legitimidad del Gobierno y de la justicia española.
También es un estímulo a la radicalización del independentismo, que desde ayer impugna la democracia española y la separación de poderes y pretende volver a trasladar el conflicto a la calle, aunque desde la intervención por el artículo 155 cuente con menos medios materiales e institucionales para la movilización.
