Un Blues

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Del material conque están hechos los sueños

11 oct 2017

El imparable negocio de la belleza masculina

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Xevi Muntané
Uno de cada dos hombres en España reconoce usar un producto de tratamiento facial.
 Ellos compran menos cosméticos, pero están dispuestos a pagar más por la calidad y son más fieles a las marcas. 
Todavía se resisten a acudir a las tiendas y prefieren el anonimato de Internet.
 Poco a poco, van dando forma a un sector en expansión. 
 EN UN MINUTO se venden en cualquier rincón del mundo cuatro frascos de Aquapower, la crema más popular de Biotherm, la marca decana de la industria de la cosmética masculina.
 Establecida en España en 1985, esta filial de L’Oréal ha ido expandiendo su oferta hasta sumar más de 80 productos, adaptados a diferentes tipos de piel y problemas cutáneos. 
“Si en 1990 solo un 4% de los hombres españoles reconocía utilizar un producto de belleza facial, en 2001 ya lo hacía el 21%, y en 2015, uno de cada dos”, aseguran fuentes de la compañía.
 Entre enero y junio de 2017, solo el mercado masculino de cosmética selectiva, como se conoce a los productos de marcas de lujo, generó en España más de 10 millones de euros de beneficios. En ese mismo periodo, los hombres gastaron una media de 36,64 euros en productos para el cuidado facial, según cifras de la agencia de estudios de mercado The NPD Group.
Solo desde 2012, el lanzamiento de este tipo de artículos se disparó un 70% —de acuerdo con Biotherm—, aunque el peso de la crisis y las transformaciones sociales mantienen actualmente al sector en una suerte de estancamiento en positivo.
 “Ahora mismo la tendencia es que las marcas están consolidando el mercado sin lanzar demasiadas novedades”, explica Miguel de Santos, editor de la web especializada en belleza masculina El Hedonista.
Traje de Stella McCartney. La hidratante Age Perfecting Fluid, de Giorgio Armani Beauty, alisa las arrugas y la superficie de la piel. Xevi Muntané
 

En estas tres últimas décadas, el sector mascu­lino ha demostrado un nivel de fidelidad mucho mayor que el femenino y una querencia por los productos que concentran varios beneficios a la vez. Además, aunque el hombre compra menos cantidad, no le importa pagar más. 
“Le cuesta entrar en la cosmética, pero cuando lo hace quiere más calidad”, abunda Miguel de Santos.
 Lo mismo ocurre con los perfumes.
 Según datos de Stanpa, la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética, las mujeres compran un 26% de perfumes selectivos (la categoría más cara del mercado), y los hombres, un 31%. 
En la división de gran consumo (más asequibles), las mujeres adquieren un 71%, y los hombres, un 66%.
Sus aromas fetiche los embotellan firmas como Hugo Boss, Dior o Paco Rabanne, mientras que para el cuidado facial sus preferencias pasan por la mencionada Biotherm o la japonesa Shiseido, cuya crema más popular, la Total Revitalizer Cream —un tratamiento antiedad y antifatiga—, ronda los 50 euros por un tarro de 50 mililitros. 
En lo alto de una lista elaborada por The NPD Group, en el campo de productos de cosmética masculina despuntan también firmas clásicas como ­Clarins, Clinique o Sisley.
El principal nicho del ­grooming (el cuidado de la piel y cabello mascu­linos) lo ocupa el afeitado, aunque las ventas de esta clase de cosméticos han caído un 2,9% en España en el último año.
 Un descenso “seguramente motivado por la actual moda hipster y, con ella, el hábito para dejarse barba”, como aventura Stanpa, que ha recopilado los datos.
 Pero los expertos no tienen duda de que este continuará siendo uno de los pilares del sector.
 Ahí es donde destacan los tratamientos de marcas como Nivea Men, que introdujo el after shave sin alcohol en los años ochenta, y donde hoy han aparecido marcas nicho para el cuidado de la barba.
Eso sí, a la hora de adquirir los productos, los hombres prefieren no dar la cara que tanto se afanan en cuidar: antes que acudir a una tienda y pedir asesoramiento, optan por el anonimato de la consulta y la compra en Internet.
 “Al hombre le sigue dando corte ir a un sitio y pedir una marca de cosméticos”, reconoce De Santos. Son tímidos, pero coquetos, puntualiza. 
“Por ejemplo, antes había tantos hombres que compraban el corrector femenino de Yves Saint Laurent, que la marca decidió sacar una línea específica para ellos”.


 

Las empresas mueven también su sede fiscal por temor a la Hacienda catalana


Compañías y bancos han decidido dar un paso más tras cambiar el domicilio social y blindarse de todas las incertidumbres.

 


Sucursal del banco de Sabadell en Barcelona
Sucursal del banco de Sabadell en Barcelona
La fuga de empresas que trasladan su sede social fuera de Cataluña sigue ante el desafío independentista. 
Sin embargo, muchas compañías han decidido dar un paso más y blindarse de todas las incertidumbres, entre ellas, la posibilidad de que la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) pueda reclamarles impuestos que abonan a la Hacienda estatal. 
Para hacer frente a esa posibilidad, han decidido cambiar su domicilio fiscal.
 CaixaBank y Banco Sabadell ya lo han hecho.

Decenas de compañías catalanas han aprobado ya en sus consejos el traslado de la sede social a otra comunidad autónoma ante el contexto de inestabilidad política que atraviesa Cataluña.
 Sin embargo, algunas han decidido llevarse también el domicilio fiscal ante la posibilidad de que, si finalmente se producía una declaración de independencia —que finalmente quedó en suspenso—, la Hacienda catalana les pudiera reclamar tributos estatales como el de Sociedades. 
Eso les dejaría en una delicada situación: tendrían que abonarlo dos veces o elegir entre una Administración u otra.
Ese cambio de domicilio, no obstante, no es tan sencillo como el del traslado de sede social.
 Fuentes consultadas explican que requiere que en ese domicilio haya al menos “una dirección efectiva del negocio”. 
De momento, tanto CaixaBank como Banco Sabadell ya han trasladado tanto su domicilio social como el fiscal, según confirmaron ayer ambas entidades.
 En el caso de CaixaBank, fuentes del banco que ahora tiene sede en Valencia explicaron que se optó por ese doble cambio para buscar una “protección global” de los clientes, depositantes y accionistas.

Poco impacto económico

Varios despachos de abogados explicaron que otras empresas están siguiendo el camino de los dos grandes bancos
 Sin embargo, ese paso no se reflejará en el Registro Mercantil, puesto que debe comunicarse a la autoridad fiscal autonómica. Ahora, explican estas fuentes, están tratando de ver qué departamentos o directivos desplazan a esas sedes para que el cambio de domicilio fiscal pueda ser efectivo. 
De entrada, es probable que los consejos de administración y las juntas de accionistas se realicen en las nuevas ubicaciones.
Con las reglas de juego actuales, el impacto para las arcas autonómicas es mínimo (siempre que no haya traslado de empleados), puesto que el cambio solo afecta a algunos impuestos autonómicos como el de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.
 Otra cosa es que el Gobierno de la Generalitat declarara la independencia efectiva y reclamara impuestos estatales como el de Sociedades a empresas con sede en Barcelona. 
Según las últimas balanzas fiscales de la Generalitat, de Cataluña procede el 19,1% de la recaudación de Sociedades del conjunto de España. En total, 4.547 millones de euros.
 El traslado del domicilio fiscal busca, precisamente, blindarse ante este escenario hipotético.
 

Una nueva trampa

Los efectos retardados de la secesión no ocultan su golpe a la democracia.

 

Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, presidente y vicepresidente de la Generalitat, durante la sesión de Parlamento sobre la declaración unilateral de independencia.
El golpe al Estatut y a la Constitución madurado a principios de septiembre con las leyes de ruptura o desconexión desembocó este martes en una declaración unilateral de independencia (DUI) asumida por el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, pero con efectos retardados por “unas semanas”.
 Por más que esta declaración se haya procurado edulcorar con cláusulas restrictivas (se “asume” el presunto mandato del presunto referéndum, pero no se “proclama” abiertamente la república), suspensivas y ambiguas, una DUI es una DUI, y no otra cosa, y es fácil identificar esta maniobra como una burla más de Puigdemont al Estado de derecho.
Contra lo que sostuvo Puigdemont, no hubo mandato para la independencia en las elecciones del 27-S (sino de una minoría del 48% de los votos) ni lo hubo el pasado 1 de octubre, pues la votación del presunto referéndum fue además de ilegal, irregular, sin ninguna garantía, ni control, ni responsable fiable del recuento.
La prueba es que, contra lo que exigía el propio texto de la ley suspendida, no fue la Sindicatura electoral (la autoridad de control, destituida por el propio Govern), sino el presidente de la Generalitat quien proclamó los “resultados”.
 Mayor atentado, no ya a la legalidad, sino incluso a su apariencia, es difícilmente imaginable.
Incluso en su fórmula enmascarada, la DUI viola las normas supremas del ordenamiento. 
Porque adorna su abrogación en Cataluña. Porque desprecia el Estado de derecho y ningunea los mecanismos imprescindibles para emprender cualesquiera reforma legal. 
Porque desobedece la suspensión del Tribunal Constitucional contra todos los actos que pretendan aplicar y/o desarrollar el ilegítimo e ilegal referéndum del 1-O.
 Porque se realiza desafiando la mayoría cualificada parlamentaria necesaria incluso para cualquier cambio de la ley desde la ley.
Las sinuosas cláusulas suavizantes de la DUI podrían llevar a engaño a quien no estuviese avisado de que todo el procés viene siendo una continua sucesión de trampas y ambigüedades, tendentes a excitar a unos catalanes contra otros y a todos ellos contra el conjunto de los españoles.
Pero no será así.
 Es una DUI.
 Y lo es porque no se limita a recoger una ensoñación o aspiración genérica e inconcreta a la independencia, algo que sería rechazable, pero legítimo.
 Al contrario: en ella, el president “asume el mandato” inapelable e irreversible de crear “un Estado independiente en forma de república”.
Lo es también porque, pese a ir acompañada de loas al diálogo y la mediación, solo los concibe como instrumentos para acompañar o facilitar la secesión, en ningún caso para impedirla.
 Dicho de otra manera, los resultados de la mediación están, como ha sido siempre el caso, pretedeterminados de antemano: solo pueden conducir a la independencia, único escenario posible después del 1-O según Puigdemont, ya que el pueblo de Cataluña, cuya representación se sigue arrogando, se habría ganado tal derecho ante sí y ante el mundo.
Esa demanda de mediación es un esfuerzo inútil, porque la comunidad internacional ya se ha expresado. 
Los Gobiernos y todas las instituciones se han pronunciado ya, de forma contundente e inapelable, contra la secesión, porque, como este mismo martes dijo el presidente del Consejo Europoeo, Donald Tusk, sería perjudicial “para Cataluña y España y para toda Europa”.
También porque incurre en ilegalidades flagrantes, como los letrados del Parlament han reiterado.
 Y sobre todo porque se trata de una decisión que se presenta como irreversible, aunque aplazada.
 No es que lo sea por principio, por cuanto bastaría que sus autores se desdijesen rotundamente de la misma, sino porque plantea como condición para su retirada un desafío imposible de cumplimentar por este o cualquier otro Estado de derecho, como es la violación de la Constitución.
 Podríamos estar hablando de otra forma si Puigdemont y los suyos se hubiesen comprometido a anular todas las disposiciones de las suspendidas leyes de desconexión.
Todo sucedió en un escenario aderezado de sombríos agravantes. La convocatoria de manifestaciones rodeando al Parlament, con el pretexto de apoyarlo, resulta una evidente amenaza a los diputados disidentes.
 El hallazgo de una hoja de ruta para balizar el proceso a la independencia a través de “desestabilizar económica y políticamente” el país, es más que inquietante. 
Y la acusación de la Guardia Civil a la dirección política de los Mossos de haberse abstenido de desbaratar el referéndum del 1-O no es de menor cuantía.
La extrema gravedad de esos sucesos plasma la deslealtad del Gobierno de la Generalitat con las restantes instituciones catalanas y con el Estado del que forma parte en su conjunto.
 Es por ello que al Gobierno que preside Mariano Rajoy no le queda otro remedio que aplicar la ley con la severidad proporcional al caso, que es enorme.
No cabe sino reaccionar.
 Y por tanto, requerir al Govern que se instala en la desobediencia o la sedición a que aclare sobre qué entramado legal pretende fundamentar su autoridad; a que revierta su indisciplina y respete el ordenamiento, reconociendo como abolidas y carentes de efectos las leyes de “desconexión” y anunciando la serie de medidas a adoptar para que el respeto a la legalidad tenga efecto.



Rajoy pide a Puigdemont que confirme la declaración de independencia para aplicar el artículo 155