Jueces y magistrados de Cataluña expresan su angustia ante el acoso que sufren por aplicar la ley.
“Somos el último bastión del Estado en Cataluña, y
sin embargo estamos desnudos”.
Muchos de los 810 jueces y magistrados
llamados a hacer cumplir la Constitución ante el desafío secesionista
temen que la Generalitat —de la que dependen desde el punto de vista
logístico— intente bloquear su labor en las horas críticas del referéndum ilegal de este domingo.
“Desde los edificios que ocupamos”, explica Luis Rodríguez Vega,
presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) en
Cataluña, “hasta los bolígrafos con los que firmamos las sentencias,
todo pertenece a la Generalitat”.
“Hay una sensación de fortaleza del
Estado que es falsa, porque España se ha ido retirando y ya es casi
imperceptible en muchos lugares.
Y ahora nos toca a nosotros.
Nos
quieren dar a elegir entre la Constitución y la nueva legalidad. Es
terrible, pero no tendremos más remedio que elegir entre la traición y
el exilio”, dice.
Tristeza, pena, sorpresa, angustia… Son
sentimientos comunes a los cuatro jueces —dos mujeres y dos hombres—
consultados para este reportaje.
Solo uno —Luis Rodríguez Vega,
madrileño de nacimiento y con más de 20 años de ejercicio en Cataluña—
acepta hablar a nombre descubierto.
El resto prefiere el anonimato para
no enrarecer aún más sus relaciones profesionales y personales.
Una magistrada de Barcelona con largos años de profesión admite: “Es la peor situación profesional que he vivido,
porque los partidos, que son quienes tenían que haber resuelto
políticamente esta cuestión, nos han trasladado el problema y nos han
colocado en una situación terriblemente insoportable.
Desde el punto de
vista profesional y también personal. Imagínese, mi hija simpatiza con
la CUP”.
El juez Rodríguez Vega confía su experiencia personal: “Mi
pareja es catalán e independentista.
Llevamos juntos desde 1996 y dejó
de ir a las manifestaciones cuando le dije:
‘Para vosotros ir a la Diada
es como una fiesta, pero no sois conscientes de que la otra mitad de
Cataluña lo vive como un drama y como un desgarro.
No existimos.
Nuestras emociones no valen”.
Los jueces consultados coinciden en que la
presión ambiental les impide concentrarse en el trabajo.
Una juez
asegura que, en el caso de que el plan secesionista siga avanzando, una
gran parte de la profesión optará por marcharse. Otra magistrada va
incluso más allá: “Nos iríamos todos”. Rodríguez Vega dice que sería la
opción más coherente:
“Quieren que traicionemos nuestros valores. Yo
nunca pensé que llegaría un día en el que tendría que medir el valor de
mi compromiso.
Yo tenía 14 o 15 años cuando Franco murió, así que he
vivido en democracia.
Siempre pensé que el juramento que hacen los
jueces cuando juran o prometen la Constitución era un rito.
Pero ahora
resulta que están poniendo a prueba el valor de ese compromiso. Y yo
creo que no lo voy a defraudar”.
El presidente de la APM y el resto de los jueces
que han hablado con este periódico aseguran que aquella sociedad
catalana abierta que les cautivó se ha convertido en un lugar crispado e
intolerante. “Nunca imaginé”, explica un magistrado, “que desde la
ventana de mi despacho podría llegar a ver una manifestación de abogados
estos días gritando democracia.
Esas personas saben perfectamente que
estaban mintiendo, pero la mentira es tan grande que nadie cree que sea mentira.
El que los responsables políticos se pongan a gritar a favor de la
desobediencia delante de un tribunal es algo inaudito, algo que en
Occidente ni existe ni se puede tolerar”.
El juez Rodríguez Vega añade: “El otro día leí un
libro que decía que la realidad es de las cosas que menos tolerancia
admiten.
Estos señores resulta que no admiten la realidad, porque la
realidad es que no pueden conseguir la independencia dentro del marco
constitucional.
Tienen que modificar el marco, y como se ven impotentes
de hacerlo de forma legal han decidido salirse.
Y se han salido con unos
lemas –democracia, derecho a decidir— que han triunfado.
El Estado ha
perdido la batalla del relato.
Y es muy difícil hablar con ellos porque
siempre salen con los agravios.
La lista de agravios se va llenando y es
muy difícil vaciarla”.
Casi todos los jueces consultados admiten que la
política tuvo su momento y fracasó.
“Y ahora nosotros”, lamenta una
juez, “tenemos que actuar con el único instrumento que tenemos: la ley”.
“Y por mucho que podamos entender las inquietudes de la gente, no
tenemos demasiada capacidad de maniobra”, señala.
“La vía judicial no
resolverá nunca el conflicto, al contrario.
Pensar que con la represión
se puede resolver el problema de Cataluña es uno de los errores más
grandes que se han cometido”.
