Detenida la hermana de Diana Quer por amenazar con un palo a su madre

La joven, de 16 años, fue conducida a la comisaría de Pozuelo y prestó declaración ante la Fiscalía de Menores.

 

Diana López-Pinel, la madre de Diana María Quer, la joven desaparecida en el pueblo coruñés de A Pobra do Caramiñal. Xoán Rey EFE

 Valeria Quer, hermana pequeña de Diana Quer —la madrileña de 18 años desaparecida el pasado verano en Galicia— ha sido detenida este jueves por la tarde en Madrid por amenazar a su madre con un palo.

 La menor, de 16 años, fue arrestada en su domicilio y trasladada sobre las 16.00 a la comisaría de Policía Nacional de Pozuelo de Alarcón.

 Una vez allí pidió que se avisara a su padre de su situación. Según fuentes policiales, no prestó declaración ante los agentes. La Fiscalía de Menores se ha encargado de su exploración, término con el que denomina el interrogatorio o declaración de los menores detenidos.

 La menor ya ha sido puesta en libertad, han explicado este viernes fuentes fiscales.

 

La madre, Diana López Pinel, llamó a la policía para denunciar que su hija estaba fuera de sí y la estaba amenazando de muerte con un palo. 
Según el relato que manejan los agentes, la menor se enfadó con su madre porque entró su habitación cuando ella estaba con su novio. Cuando la patrulla policial llegó a la vivienda, situada en Pozuelo de Alarcón, encontraron la casa revuelta y varios cristales rotos.
La custodia de Valeria Quer pasó al padre de las chicas días después de la desaparición de su hermana mayor el pasado 22 de agosto en la localidad coruñesa de A Pobra do Caramiñal. 
El Juzgado de Instrucción Número 2 de Ribeira llamó a la madre a declarar en calidad de investigada y posteriormente se inhibió a favor de un juzgado de Pozuelo de Alarcón, donde está el domicilio de la familia.
Los padres de las chicas estaban separados desde hace años.
 La exposición mediática del caso Quer sacó a la luz también las constantes discusiones que había entre madre e hijas.
 Cuando el juez otorgó la custodia al padre, él evitó comentarios negativos sobre su expareja pero aseguró que su hija pequeña necesitaba tranquilidad y equilibrio. 
Valeria había publicado tras la desaparición de su hermana una singular carta en Facebook en la que le decía: "si apareces te juro que te mato, te mato a todos los besos y abrazos que no te he dado".

La eutanasia siempre queda para más adelante.................................. Emilio de Benito .................

Médicos, bioéticos y pacientes piden que se garanticen los cuidados antes de regular otras opciones.

José Antonio Arrabal en su casa en febrero. bernardo pérez.

El caso de José Antonio Arrabal, el hombre con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) que se suicidó el domingo para evitar llegar a una fase de dependencia total, “muestra un fallo” del sistema.
 La frase tiene múltiples autores: bioéticos (Jacinto Batiz, de la Organización Médica Colegial), especialistas (Rafael Mora, presidente de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos), abogados (Federico Montalvo, del Comité Español de Bioética), pacientes (Mayte Sola, presidenta de la Fundación Española para la Investigación en ELA, Fundela) y políticos (Carmen Sánchez Carazo, bioética y miembro del PSOE madrileño).

Todos, desde su punto de vista particular, opinan que hay otras prioridades antes que hablar de suicidio asistido y eutanasia.
 El más claro es el paliativista Mota. “En 26 años he asistido a muchos pacientes con ELA y me parece terrible que José Antonio no haya podido estar acompañado por profesionales que le hayan podido aliviar el sufrimiento. 
Muchos llegan deseando morir, pero con una buena atención, cuidados y control de síntomas se alivia mucho su situación”, afirma.
 Por eso, a él lo que de verdad le preocupa “son los más de 50.000 enfermos que no tienen acceso a unos cuidados paliativos en España”.
 “Cuando estos estén bien desarrollados, es posible que muy excepcionalmente haya quien no encuentre ayuda en el contexto de unos paliativos, pero eso es lo primero que hay que desarrollar”, añade.
Batiz, médico en el Hospital de San Juan de Dios, en Santurtzi (Bizkaia), coincide, pero lo que le preocupa del último caso “es que haya acceso tan fácil a comprar medicamentos por Internet”. “Todos queremos combatir el sufrimiento de las personas, pero para poder aliviar el sufrimiento no hay que eliminar a la persona”, dice. “Hay otras formas de ayudar” a aliviarlo, aunque admite que si después de desarrollar los paliativos alguien pide la eutanasia, “habrá que hacer una ley”. Pero “los medios solo sacan esta excepcionalidad y no se puede legislar solo para estos casos”, añade.
Sánchez Carazo destaca otras carencias: la de cuidados “a la dependencia y al transporte”. “Lo que hay que hacer es facilitar la vida”, afirma. 
Sola añade que, “ante una enfermedad que es una sentencia de muerte, solo la investigación, que se ha abandonado, anima a los pacientes”.
Montalvo critica el fallo en “asistencia, acogimiento y cuidado” y tampoco es partidario de regular la eutanasia. 
Afirma que su prohibición actúa más como un “valor simbólico”, ya que, a la hora de la verdad, “son tantos los atenuantes que no se ingresa en prisión” por lo que denomina “homicidios piadosos”. Por eso él cree que no hace falta “institucionalizar la práctica”.
Cecilia Borràs tiene otro punto de vista.
 Preside de la Asociación de Supervivientes Después del Suicidio. Para ella, el de Arrabal, organizado, con la familia informada, es más bien “una eutanasia en su sentido etimológico de buena muerte”. “Cumple con la regla de oro: dejar el menor peso posible en los que sobreviven”, dice.
Solo Derecho a Morir Dignamente cree que Arrabal ha puesto de manifiesto “que hay miles de personas en situación terminal que intentan quitarse la vida”. “La sociedad está perfectamente preparada para que se regule la muerte digna”, dice su presidente en Madrid, Fernando Marín.
Pero Marín, como Arrabal, ya estaban convencidos.
 El resto tiene otras prioridades: la eutanasia, puede ser, pero más adelante.

De Ramón Sampedro a la pequeña Andrea

Ramón Sampedro. En 1998, tras más de 10 años de lucha por conseguir que le quitaran la vida legalmente, el tetrapléjico ingirió una dosis letal de cianuro. 
 Por su inmovilidad total era evidente que alguien le había ayudado a conseguir y preparar el veneno.
 Ramona Maneiro, una amiga suya, fue investigada por cooperación necesaria al suicidio, que está castigada por el Código Penal. 
Salió impune porque el supuesto delito había prescrito.
Inmaculada Echevarría. El 20 de noviembre de 2006 esta mujer, que vivía en una cama conectada a un respirador, solicitó que le retiraran el aparato, consciente de que con ello iba a causar su muerte. 
Su caso llegó hasta la Junta de Andalucía, que ordenó que se cumpliera su voluntad de renunciar a un tratamiento.
 Murió el 14 de marzo de 2007.
Madeleine Z. Se quitó la vida en su casa de Alicante en 2007.
 Se trató también de un suicidio y se investigó a los voluntarios de Derecho a Morir Dignamente que la acompañaban por si la habían ayudado (si lo hubiera hecho un médico sería suicidio médicamente asistido) o habían incurrido en omisión de socorro.
Pedro Martínez y José Luis Sagüés. El primero era un joven sevillano con ELA. El segundo, un profesor de literatura alemana de Madrid con un cáncer de pulmón.
 Ambos lucharon por recibir una sedación terminal (el primero en 2011, el segundo en 2014) que sus médicos consideraban que aún no debían recibir porque su sufrimiento no lo justificaba
Andrea. El caso de la niña Andrea (2015) fue también una lucha para conseguir que le retiraran un tratamiento: la alimentación que recibía artificialmente aunque sufría una enfermedad degenerativa irreversible. 
Los padres lo lograron tras intervenir la Xunta.

 

Un mensaje contra una profesora en un grupo de WhatsApp de madres y padres acaba en juicio

La fiscalía pide una multa de 1.600 euros a una madre de Vigo por mensajes contra una profesora.

 

E. Lois / P. Cantó / H. Llanos 7 ABR 2017 - 09:14 CEST

 

Los grupos de WhatsApp formados por padres de alumnos se pueden convertir en fuente de conflicto con los profesores. 

Una madre de un niño de primaria del colegio Carrasqueira (Vigo) se ha sentado en el banquillo esta semana por los comentarios que realizó en el chat sobre una profesora de apoyo de su hijo. L. D. escribió que la maestra en cuestión había zarandeado al niño y le había mordido el bocadillo de la merienda. 

La fiscalía ha pedido para ella una multa de 1.600 euros por difamar a la docente, una sanción rebajada porque la afectada está en paro y no tiene ayudas asistenciales. 

Vaya no sabía que la difamación se penalizaba con 1.200 E al revés seguro que sería mucho más.

"La profesora se dedica a zarandearlo de malas formas, a tirarle del brazo, se burla de él, le tira las fichas del puzle al suelo, le come el bocadillo.

 Con esto os quiero decir que controléis a vuestros hijos, que les preguntéis por esa individua, y si pasa con alguno más tenemos que hacer fuerza entre todos y plantarle cara". 

 'Rompieron la magia en clase'
Ante lo ocurrido, no hubo acuerdo en el acto de conciliación, que se celebró posteriormente en el juzgado, y la profesora, considerando insuficiente la disculpa pública, la demandó. 
Así fue como la madre acabó este martes sentada en el banquillo. "Creí lo que mi hijo me contaba y no me pareció grave decírselo a otros padres", declaró ante la juez, insistiendo en que su intención no era ofender a la maestra.
La profesora, que lleva nueve años impartiendo clase en el colegio de Carrasqueira, explicó en el juicio que las difamaciones vertidas contra ella "rompieron la magia creada en clase con los niños". Admitió que jugaba con ellos "al monstruo de las galletas" en las sesiones de la merienda, "para incentivar los sentidos de los pequeños, como el tacto o el olfato", justificó. 
Pero al difundirse el mensaje de la acusada, pasó a ser el "monstruo del chorizo", relató entre sollozos.

Respecto a tirar los puzles de los niños, la maestra aseguró que es habitual trabajar con los pequeños en el suelo.

 En el juicio declararon como testigos la jefa de estudios del colegio y un inspector de Educación y ambos aseguraron que no habían recibido quejas por el comportamiento de la profesora.

La Inspeción nunca se pondrá de parte del profesorado bueno o malo.

El Estado rebaja a menos de la mitad el valor de Carmen Thyssen sobre su colección

El Ministerio de Cultura prorroga hasta el 31 de mayo, un mes más, las 429 obras, que tasa en 462 millones de euros.

 

 

La baronesa Carmen Thyssen, en junio de 2016. EFE

La colección privada de Carmen Thyssen, que la baronesa amenaza con llevarse de España desde el pasado febrero, está garantizada al menos hasta el 31 de mayo, según una orden del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte publicada este miércoles en el BOE. Esta fecha supone un mes más del plazo que se habían dado el Estado y Thyssen para acordar el futuro de los 429 cuadros, que expiraba el 30 de abril.

El valor económico de esta colección, según el ministerio, es de 462 millones de euros, según la orden del BOE.
 Es una cifra menos de la mitad de la valoración que hizo la baronesa, de "más de 1.000 millones de euros".
 De hecho, el Estado se compromete a indemnizar a la baronesa por la destrucción, pérdida, sustracción o daño de las obras por una cuantía que no podrá superar, en ningún caso, los 397 millones.
La garantía se otorgaba, hasta ahora, por años completos, pero dado el estrecho plazo para resolver el futuro de la colección se ha optado por esta solución, han explicado fuentes ministeriales.
 Los abogados del Estado y los de la baronesa negocian desde hace más de dos meses las condiciones para renovar la cesión —acordada en 2002— de los cuadros de su colección privada, distinta de la muestra de 800 obras compradas por el Estado español al barón Heinrich Thyssen-Bornemisza en 1993 por 350 millones de dólares.
Carmen Thyssen pretende, según declaro ella misma el pasado febrero, que el acuerdo sea por 20 años e incluya la "movilidad" anual de al menos 60 de sus obras para realizar exposiciones  internacionales
. "En el caso de que se produzca un préstamo temporal de piezas a terceras instituciones, las obras dejarán de estar cubiertas por la garantía del Estado desde el momento de su embalaje, volviendo a entrar en vigor la garantía cuando se elabore por parte de personal técnico cualificado el informe sobre el buen estado de conservación, una vez este se vuelva a encontrar en las sedes de la Fundación", precisa la orden.