El funcionario de la Universidad de Jaén absuelto tras nueve meses preso acusado de asfixiar a su esposa, enfermera, reclama al Estado una indemnización de 500.000 euros.
Uno de los momentos más amargos que recuerda Jesús Arteaga, de 55 años, sucedió cuando su cuñado, guardia civil, fue a visitarle a la cárcel.
Habían pasado unos días desde que el juez de violencia de género de Jaén le había decretado prisión por el asesinato de su esposa, Antonia González, de 46.
Ambos eran muy conocidos en la ciudad: él, un alto funcionario de la Universidad; y ella trabajaba como enfermera en los quirófanos del principal hospital jiennense. Quienes levantaron el cadáver, colgando la cabeza hacia el suelo a un lado de la cama, boca abajo y con una jeringuilla pinchada en un brazo y otra sobre la mesita de noche cargada con una dosis de anestesia, creyeron estar ante un suicidio.
Pero 24 días después, Jesús acabó en la cárcel.
"Felipe, mírame a los ojos, ¿tú crees que yo he podido matar a mi mujer, con lo que yo la quería...", evoca Jesús que comentó a su cuñado desde el otro lado de las rejas.
Han pasado ya más de cuatro años desde aquel 8 de octubre de 2012, fecha de la muerte de Antonia.
Fue lo que entonces se llamó el crimen de la enfermera, por el que Jesús permaneció nueve meses en prisión bajo el cargo de asesinato de su esposa.
Un jurado popular de la Audiencia de Jaén le absolvió del crimen dos años después, en mayo de 2014, y ahora Jesús reclama al Estado medio millón de los euros
"por los daños morales" que le supuso su cautiverio. El juez de violencia machista le liberó a los nueve meses al ver contradicciones y anomalías en los informes forenses oficiales.
El juez instructor y el fiscal entendieron, basándose en los primeros informes oficiales forenses, muy cuestionados en el juicio, que Jesús la había golpeado y luego asfixiado posiblemente con la almohada.
Aparentemente, tenía un móvil, una infidelidad de ella y el hartazgo de Jesús con la costumbre que había adquirido su esposa de inyectarse propofol, un anestésico leve que sacaba del hospital y que algunas veces se inoculaba “para evadirse".
La tarde o tarde/noche (la hora de la muerte fue crucial en el desarrollo de la investigación) en que murió Antonia, Jesús se marchó de casa enfadado tras notarle el habla "pastosa" (otra vez se había inyectado anestésico).
Se fue a casa de un colega de la universidad que vivía solo y tenía camas de sobra.
Al día siguiente, entrada la tarde, se dio una vuelta por la zona y le extrañó no ver luz en la ventana de casa.
“Subí preocupado a ver qué ocurría. La primera vez que entré en el dormitorio, no la vi, y es que el cuerpo estaba volcado hacia el suelo y no se veía la cabeza… Intenté reanimarla y llamé al 112”, señala Jesús a EL PAÍS.
Nunca quiso hablar con la prensa. Lo hace ahora por primera vez a requerimiento de este periódico “y para aclarar cualquier duda".
El contenido de la grabación de esa llamada impactó al jurado. Oyéndola, sentado en el banquillo de los acusados, Jesús rompió a llorar.
Entre el público, donde había numerosos amigos de él y familiares de ella, también hubo muchas lágrimas.
Se oye a Jesús sollozando y rogando “una ambulancia urgente” mientras una operadora trata de calmarlo y le da instrucciones de cómo intentar reanimarla mientras llega la ambulancia. “¡¡¡Ayy mi Antonia!!!… por favor, mande una ambulancia... Sí, ya le hecho el boca a boca, pero no respira...”.
“Déle un pellizco en el brazo a ver si se mueve”, se escucha decir a la operadora”. Jesús, hombre de tono moderado, recuerda con dolor cuando la policía de Jaén, tras ingresar en prisión, le definió ante la prensa “como una persona fría y calculadora”.
Días después del entierro, empezó su calvario.
Su cuñado guardia civil le acompañó a la comisaría porque querían preguntarle algunas cosas.
“No te preocupes, están con papeleo y sus trámites, pero no pasa nada”, le comentó.
La segunda vez que le avisaron para que acudiese a la comisaría, a finales de mes, ya no salió de allí.
El juez había recibido un informe forense de Sevilla que revelaba que la muerte era violenta, alevosa y por sofocación.
La autopsia hecha en Jaén situó la muerte 36 horas antes de ser encontrado el cuerpo.
Y se daban dos versiones: una enclavaba el fallecimiento entre las 7.10 y las 15.10 del día 8; y, en otra, entre las 15.00 y las 18.00 horas.
Jesús explicó que él se había marchado hacia las 20.00 horas del día 8, y los investigadores infirieron que estaba en casa cuando murió Antonia.
"Ella estaba bien cuando me fui, comimos juntos y luego se echó en la cama y me despedí de ella al irme".
Su abogado, Diego Ortega, contrató a expertos forenses en Málaga y Galicia que dictaminaron que la hora de la muerte pudo producirse hasta las 21.30; es decir, cuando Jesús ya se había ido.
El juez instructor decidió dejarle en libertad cuando meses después los forenses oficiales le presentaron un nuevo informe de ampliación de autopsia en el que, si bien mantenían la virulencia de la muerte, extendían la hora del óbito hasta las 21.00.
Inicialmente rechazó los informes de los forenses privados al considerarlos "no objetivos", pero modificó su postura al ver que los oficiales modificaban y ampliaban la data de la muerte.
Ortega, en el escrito que ha elevado al Ministerio de Justicia exigiendo una indemnización de medio millón de euros, al que ha tenido acceso este periódico, tacha de “penosa” la investigación forense.
“Los estudios que hicieron sobre los niveles de potasio en humor vítreo, de los fenómenos cadavéricos y de la mancha verde de la putrefacción cadavérica fueron absolutamente inaceptables (…) para precisar la hora de la muerte es necesario tomar, en el levantamiento del cadáver, la temperatura rectal del cadáver y la ambiental, y no se hizo;
ni tampoco se extrajo en ese momento el humor vítreo, y además pasó excesivo tiempo antes de que las muestras se remitiesen, sin refrigerar, a Sevilla para su análisis”.
El abogado se queja: “La errónea data de la hora determinó el ingreso en prisión y le condujo hasta el juicio.
Nunca tuve la menor duda de su inocencia. En la vista quedó claro que no había nada de estrangulamiento y que los signos de asfixia pudieron deberse a que la cabeza quedó colgando hacia el suelo; unido a que el propofol puede provocar arritmias y apnea, y esa fue muy probablemente la causa de la muerte", expone Diego Ortega.
Cuando de la voz del portavoz del jurado salió la frase “no culpable”, el público se desentendió de la solemnidad del juicio e irrumpió en aplausos y voces de júbilo.
Jesús, de 51 años, agachó la cabeza en su banquillo con las manos cruzadas, y también lloró, mientras se le acercaban amigos dándole abrazos, y también familiares de ella”.
No era para menos. El fiscal y la Junta de Andalucía, personada en el caso, le pedían 18 años de cárcel por el asesinato de su mujer.
El fiscal no recurrió el veredicto de inocencia y la sentencia es firme.
Esta pasada Navidad, como las últimas desde que murió Antonia, Jesús las ha pasado con su suegra y otros familiares en Cartagena (Murcia).
Sigue muy unido a su familia política. El matrimonio no tuvo hijos.
"Me sentí muy impotente en la cárcel. Pasé del dolor por la muerte de mi mujer al sufrimiento", indica.
"Se dijeron muchas mentiras; lo de la infidelidad lo habíamos superado [estuvieron en un psicólogo]. Nos llevábamos bien e incluso teníamos planeado un viaje. No me gustaba lo del propofol, pero nos queríamos…”.
"Irregular investigación forense"
El Ministerio de Justicia ha enviado la reclamación del medio millón
de euros por daños morales que demanda Jesús Arteaga al Consejo del
Poder Judicial y al Consejo de Estado, para que informen.
El órgano de gobierno de los jueces acaba de dictaminar que entre sus cometidos no está el valorar los errores judiciales, lo que solo puede hacer un órgano judicial superior, el Tribunal Supremo en este caso.
Y que lo denunciado por Jesús entra en el terreno del error judicial y, por tanto, se sale de lo que se considera un funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, que sí está entre sus competencias.
Respecto a las “irregularidades” que describe el letrado sobre la actuación del Instituto de Medicina Legal (IML) de Jaén, el Consejo señala:
“Se trata de valoraciones técnicas, de la adecuación o no de la técnica forense que este órgano constitucional de gobierno del Poder Judicial no puede valorar.
El reclamante”, añade el Consejo, “imputa a esta investigación médico legal su imputación y prisión.
Sin embargo, ha de decirse que dichas decisiones fueron adoptadas por un órgano judicial a la vista de los datos e información obrantes en la causa, y que este Consejo no puede valorar las decisiones judiciales, cuyo acierto, o no, solo es oponible mediante los recursos oportunos o, en su caso, mediante la articulación del procedimiento del error judicial”.
En los nueves meses que estuvo Jesús preso, su abogado aportó informes de expertos forenses que refutaban a los oficiales, pero el juez los rechazó inicialmente alegando que eran de parte y “no objetivos”. Cambió de opinión cuando vio que los forenses oficiales ampliaban la hora de la muerte. Los forenses de Jesús destaparon que no se podía determinar con precisión la hora de la muerte porque no se había tomado “la temperatura rectal y ambiental del cadáver”, entre otras anomalías.
“Hubo un excesivo tiempo de estancia de las muestras en las dependencias del IML de Jaén y remisión de ellas sin refrigerar al Instituto Nacional de Toxicología de Sevilla, seis días después de recogidas".
El Consejo de Estado aún no se ha pronunciado sobre si procede la indemnización.
Ninguno de los informes es vinculante. La última palabra la tiene el Ministerio de Justicia.
El órgano de gobierno de los jueces acaba de dictaminar que entre sus cometidos no está el valorar los errores judiciales, lo que solo puede hacer un órgano judicial superior, el Tribunal Supremo en este caso.
Y que lo denunciado por Jesús entra en el terreno del error judicial y, por tanto, se sale de lo que se considera un funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, que sí está entre sus competencias.
Respecto a las “irregularidades” que describe el letrado sobre la actuación del Instituto de Medicina Legal (IML) de Jaén, el Consejo señala:
“Se trata de valoraciones técnicas, de la adecuación o no de la técnica forense que este órgano constitucional de gobierno del Poder Judicial no puede valorar.
El reclamante”, añade el Consejo, “imputa a esta investigación médico legal su imputación y prisión.
Sin embargo, ha de decirse que dichas decisiones fueron adoptadas por un órgano judicial a la vista de los datos e información obrantes en la causa, y que este Consejo no puede valorar las decisiones judiciales, cuyo acierto, o no, solo es oponible mediante los recursos oportunos o, en su caso, mediante la articulación del procedimiento del error judicial”.
En los nueves meses que estuvo Jesús preso, su abogado aportó informes de expertos forenses que refutaban a los oficiales, pero el juez los rechazó inicialmente alegando que eran de parte y “no objetivos”. Cambió de opinión cuando vio que los forenses oficiales ampliaban la hora de la muerte. Los forenses de Jesús destaparon que no se podía determinar con precisión la hora de la muerte porque no se había tomado “la temperatura rectal y ambiental del cadáver”, entre otras anomalías.
“Hubo un excesivo tiempo de estancia de las muestras en las dependencias del IML de Jaén y remisión de ellas sin refrigerar al Instituto Nacional de Toxicología de Sevilla, seis días después de recogidas".
El Consejo de Estado aún no se ha pronunciado sobre si procede la indemnización.
Ninguno de los informes es vinculante. La última palabra la tiene el Ministerio de Justicia.
