El extesorero del PP, el empresario y la exministra de Sanidad, señalados por la fiscalía.
Las mordidas del extesorero
Enriquecimiento ilegal y tráfico de influencias
Luis Bárcenas llegó a tener en
dos bancos suizos unos ahorros de casi 50 millones de euros.
La investigación ha acreditado a través de distintas comisiones
rogatorias a Suiza que el extesorero del PP ingresó durante más de 15
años hasta 10 millones en efectivo en los bancos Dresdner y Lombard
Odier de Suiza.
Este dinero lo invirtió en acciones de empresas
españolas cuyo valor se triplicó entre 2000 y 2007.
La Fiscalía Anticorrupción sostiene en su escrito de acusación, en el
que pide 42,5 años de cárcel para Bárcenas, que desde “al menos el año
2000”, el extesorero del PP “desarrolló otras actividades dirigidas a
enriquecerse de modo ilícito mediante el cobro de comisiones derivadas
de distintas labores de intermediación en el ámbito de la contratación
pública y mediante la apropiación de fondos del PP, cuya administración
tenía encomendada como gerente nacional”.
“Se sirvió del ascendiente que tenía sobre algunos responsables
públicos del PP para favorecer las adjudicaciones públicas a
determinadas empresas a las que cobraba la correspondiente comisión y
que sólo han podido ser identificadas parcialmente”.
La fiscalía cita el
cobro de comisiones ilegales por las obras de dos carreteras en Burgos y
León; y un centro de tratamiento de residuos en Salamanca, además de
otras comisiones cobradas a la empresa Ros Roca por supuestos favores.
Con el dinero que obtenía de sus labores de intermediación y su
gestión de la caja b del PP, Bárcenas montó un “entramado financiero
constituido en entidades bancarias suizas a través del cual invirtió el
dinero conseguido de manera ilícita en distintos valores y productos
financieros”.
Anticorrupción destaca que Bárcenas intentó dar
una apariencia lícita a sus ingresos
al reflejarlos “en las correspondientes declaraciones tributarias como
ganancias patrimoniales derivadas de operaciones de compraventa de obras
de arte, pretexto que utilizó igualmente para ocultar otras rentas de
su cónyuge así como para solicitar un crédito que sólo tenía por
finalidad enmascarar la procedencia de sus fondos”.
La fiscalía recuerda que Bárcenas presentó en 2012, acogiéndose a la
amnistía fiscal del Gobierno, declaraciones tributarias especiales
inveraces e incompletas a nombre de dos de sus sociedades, omitiendo
toda referencia a su verdadero titular y consignando sólo parcialmente
los fondos generados de manera ilícita.
La implicación del PP y Ana Mato
Pago de mordidas para mítines y viajes
El Partido Popular y la ex ministra de Sanidad, Ana Mato,
son partícipes a título lucrativo de los delitos cometidos por ex dirigentes de la formación
de los que se aprovecharon a través de mítines de la formación
conservadora pagados con mordidas de la red Gürtel o de viajes y fiestas
familiares de Mato financiados por el mismo sistema.
Correa ideó con distintos miembros de los ayuntamientos de
Majadahonda y Pozuelo, ambos gobernados por el PP, un plan cuyo objeto
era la apropiación de fondos de las entidades públicas de esos
municipios y la recaudación de comisiones a cuenta de la concesión de
contratos en cuya tramitación intervenían los alcaldes de estas
localidades, según el relato del fiscal. Estos fondos y comisiones se
destinaron en parte a su entrega a cargos del PP en esos ayuntamientos y
en parte a sufragar mítines electorales de la formación conservadora.
A través de la contabilidad paralela de la red Gürtel, la
investigación judicial acreditó la existencia de cuentas especiales para
el pago de las comisiones ilegales destinadas a sobornar a los alcaldes
del PP, a abonar actos electorales de esa formación política, y a
regalar viajes a
la exministra de Sanidad, Ana Mato, entonces casada con Jesús Sepúlveda, que fue alcalde de Pozuelo de Alarcón, municipio donde la red Gürtel recibió múltiples contratos amañados.
La Fiscalía Anticorrupción asume en su relato las conclusiones del
juez Pablo Ruz, que consideró tanto al PP como a Ana Mato responsables a
título lucrativo de los delitos cometidos por los dirigentes
municipales en sus tratos con la red que dirigía Francisco Correa.
Mientras al Partido Popular le solicita 245.490 euros por los actos
electorales ocultados al Tribunal de Cuentas y sufragados por la red
corrupta como pago por los contratos adjudicados en Majadahonda y
Pozuelo de Alarcón, a la ex ministra de Sanidad le pide 28.467 euros,
coste de los billetes de avión, alojamiento en hoteles, y fiestas
familiares de las que disfrutó durante su matrimonio con Jesús
Sepúlveda, para el que la Fiscalía Anticorrupción pide 11,7 años de
cárcel y una multa de 1,84 millones de euros.
El líder de la trama de corrupción
Aguirre, testigo de los negocios de Correa
Francisco Correa Sánchez inició su aventura empresarial con una pequeña agencia de viajes que
se especializó en los desplazamientos de los dirigentes del PP.
Ese primer contacto con el partido que aspiraba a gobernar España le
llevó a establecer relaciones con innumerables dirigentes conservadores y
a convertirse en el empresario que organizaba en exclusiva los actos
del PP.
En ese negocio conoció a alcaldes y consejeros autonómicos en
toda España, a los que vendió su producto y con los que intermedió para
favorecer adjudicaciones de suelo a otros empresarios amigos.
Donde tuvo más éxito fue en la Comunidad de Madrid durante el mandato
de Esperanza Aguirre. Logró cientos de contratos públicos, la inmensa
mayoría amañados, para organizar los actos de publicidad institucional
que varias veces por semana presidía Aguirre
.
Uno de sus principales colaboradores, el consejero Alberto López Viejo,
se encargaba de contratar a las empresas de Correa a cambio de una
comisión ilegal del 10% del dinero facturado a la Comunidad de Madrid.
La Fiscalía Anticorrupción pide 125 años de cárcel para Correa; y 46
años para el exconsejero Alberto López Viejo.
En el escrito de acusación, la fiscalía propone que se cite en el
juicio oral como testigos a decenas de funcionarios de la Comunidad de
Madrid que gestionaron los expedientes de los contratos adjudicados a la
red Gürtel.
También solicita la presencia en el juicio como testigo de la ex
presidenta regional Esperanza Aguirre, que durante cuatro años se subió
cientos de veces a escenarios montados por la red Gürtel por los que su
consejero de Deportes cobraba importantes cantidades de dinero que,
según la investigación, ocultó en un banco suizo.
Aguirre ya ha mostrado su disposición a comparecer en ese juicio
oral; también tuvo que declarar —lo hizo por escrito— durante la
instrucción del juez Pablo Ruz.
Aunque su Gobierno fue, con diferencia,
el que más contratos adjudicó a la red corrupta, Aguirre aseguró que
nunca tuvo la más mínima sospecha que detrás de los actos
institucionales en los que ella participaba y que siempre organizaban
las mismas personas pudieran esconderse prácticas corruptas.