La suma de salarios del matrimonio (186.000 euros) no alcanzaba para cubrir los cuatro pagos trimestrales de la hipoteca del palacete barcelonés (208.000 euros)
La investigación del caso Nóos
ha convertido la vida del matrimonio Urdangarin-Borbón en una gran urna
de cristal donde cada uno de los gastos e ingresos de la pareja ha
quedado al descubierto.
Los negocios ilegales de Iñaki Urdangarin, esposo de la infanta Cristina, estuvieron ocultos al escrutinio público durante años y afloraron por un hallazgo casual de la Fiscalía de Baleares en 2011. Tirando de aquel hilo —una carpeta que guardaba unos pocos folios de un convenio público con el Instituto Nóos— surgió el escándalo de corrupción que puso bajo sospecha a la Monarquía y está a punto de sentar en el banquillo de los acusados a la hija del rey Juan Carlos y a su marido.
La instrucción judicial del caso Nóos derivó en una investigación a fondo de las finanzas de los duques de Palma: el sumario se llenó con el detalle documentado de los movimientos de sus cuentas corrientes, los apuntes de los gastos de sus tarjetas de crédito, los balances de su empresa particular, los contratos a su personal doméstico, el coste de la reforma de su casa...
Sus declaraciones de la renta durante 10 años se hicieron públicas.
El matrimonio llegó a ingresar, en el mejor de sus ejercicios (2009), casi un millón de euros entre la nómina fija de la Infanta en La Caixa más su asignación de la Casa del Rey, y los ingresos de su marido en Telefónica.
La historia de perdición de la pareja arranca en 2004, cuando los duques de Palma deciden cambiar de domicilio
. Casados el 4 de octubre de 1997 en la catedral de Santa Eulalia de Barcelona, se instalaron en una vivienda de la Avenida de Pedralbes valorada en 414.000 euros donde vivieron durante siete años, en los que nacieron tres de sus cuatro hijos.
Fue entonces, en 2004, cuando decidieron comprarse el palacete de Pedralbes, un complejo de 1.000 metros cuadrados edificables y 2.200 de parcela con tres plantas, siete habitaciones y diez baños. Pagaron 5,8 millones de euros por la propiedad a los que tuvieron que sumar otros tres millones para obras de reforma.
La Caixa, entidad en la que trabaja la infanta Cristina, les concedió un crédito de cinco millones a devolver en 30 años con un interés del Euribor más 0,5 puntos.
Cada trimestre, el matrimonio tenía que pagar una letra de 52.000 euros.
Urdangarin declaró ese año unos ingresos de 36.000 euros y su mujer algo más de 150.000 por su trabajo en La Caixa. La suma de ambos salarios (186.000 euros) no alcanzaba a pagar los cuatro pagos trimestrales de la hipoteca (208.000 euros)
. El rey Juan Carlos ayudó a su hija aquel año con un préstamo a devolver de 1,2 millones de euros.
Para entonces, Urdangarin había puesto en marcha un plan empresarial con Diego Torres basado en la organización de eventos para Administraciones públicas o empresas privadas a través del Instituto Nóos, entidad sin ánimo de lucro.
La imagen del yerno del rey Juan Carlos permitiría abrir muchas puertas para hacer realidad el negocio
. Sus primeros clientes aquel año fueron la Comunidad Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia, instituciones que acordaron pagar casi un millón de euros a Nóos por organizar un evento de promoción del turismo a través del deporte.
Del millón facturado, apenas gastaron un 20% en la organización del acto.
El resto se desvió a empresas privadas que previamente habían creado el duque de Palma y Diego Torres
. Una de ellas, Aizoon, era propiedad de Urdangarin y su esposa, la infanta Cristina, a partes iguales. Esa sociedad, sin apenas actividad en 2003, declaró 261.356 euros de beneficio un año después, suficiente para costear el pago de la hipoteca del palacete
. El negocio de Urdangarin creció en 2005 y 2006 con nuevos contratos de la Comunidad Valenciana y Baleares (cinco millones).
Pero la curiosidad de la oposición socialista en el Parlamento balear por conocer detalles de esos contratos a dedo alertó a la Casa del Rey de los peligrosos negocios del yerno.
Urdangarin tuvo que abandonar aquel proyecto empresarial y encontró, o le buscaron, nuevas fuentes de ingresos en consejos de administración de empresas españolas y extranjeras ajenas a su experiencia profesional —inmobiliarias, tabacaleras, cementeras, industrias de bebidas gaseosas, de armamento...— que le suministraban cuantiosas ganancias.
El marido de la Infanta decidió pagar menos impuestos por esos ingresos extraordinarios y facturó sus servicios de asesoramiento a través de su empresa familiar Aizoon para ahorrarse el pago del IRPF.
La Agencia Tributaria, algunos años después, descubrió esta treta ilegal. Urdangarin carga desde entonces con una imputación por delito fiscal que el juez del caso Nóos extiende a su esposa, la infanta Cristina.
En 2009, Urdangarin encontró un empleo con nómina fija en Telefónica a razón de 350.000 euros al año que cobró entre 2009 y 2012.
Cuando el juez le imputó, Urdangarin perdió el trabajo (marzo de 2013), y la Infanta, su asignación de la Casa del Rey.
La hipoteca sigue viva (3,6 millones), los duques han puesto a la venta el palacete, por 8,9 millones, y Urdangarin está en paro.
“Al no tener ingresos actualmente, como es público y notorio, me veo con la imposibilidad de hacer frente a la póliza de crédito
. No he podido pagar las dos últimas cuotas trimestrales”, confesó al juez.
Los negocios ilegales de Iñaki Urdangarin, esposo de la infanta Cristina, estuvieron ocultos al escrutinio público durante años y afloraron por un hallazgo casual de la Fiscalía de Baleares en 2011. Tirando de aquel hilo —una carpeta que guardaba unos pocos folios de un convenio público con el Instituto Nóos— surgió el escándalo de corrupción que puso bajo sospecha a la Monarquía y está a punto de sentar en el banquillo de los acusados a la hija del rey Juan Carlos y a su marido.
La instrucción judicial del caso Nóos derivó en una investigación a fondo de las finanzas de los duques de Palma: el sumario se llenó con el detalle documentado de los movimientos de sus cuentas corrientes, los apuntes de los gastos de sus tarjetas de crédito, los balances de su empresa particular, los contratos a su personal doméstico, el coste de la reforma de su casa...
Sus declaraciones de la renta durante 10 años se hicieron públicas.
El matrimonio llegó a ingresar, en el mejor de sus ejercicios (2009), casi un millón de euros entre la nómina fija de la Infanta en La Caixa más su asignación de la Casa del Rey, y los ingresos de su marido en Telefónica.
La historia de perdición de la pareja arranca en 2004, cuando los duques de Palma deciden cambiar de domicilio
. Casados el 4 de octubre de 1997 en la catedral de Santa Eulalia de Barcelona, se instalaron en una vivienda de la Avenida de Pedralbes valorada en 414.000 euros donde vivieron durante siete años, en los que nacieron tres de sus cuatro hijos.
Fue entonces, en 2004, cuando decidieron comprarse el palacete de Pedralbes, un complejo de 1.000 metros cuadrados edificables y 2.200 de parcela con tres plantas, siete habitaciones y diez baños. Pagaron 5,8 millones de euros por la propiedad a los que tuvieron que sumar otros tres millones para obras de reforma.
La Caixa, entidad en la que trabaja la infanta Cristina, les concedió un crédito de cinco millones a devolver en 30 años con un interés del Euribor más 0,5 puntos.
Cada trimestre, el matrimonio tenía que pagar una letra de 52.000 euros.
Urdangarin declaró ese año unos ingresos de 36.000 euros y su mujer algo más de 150.000 por su trabajo en La Caixa. La suma de ambos salarios (186.000 euros) no alcanzaba a pagar los cuatro pagos trimestrales de la hipoteca (208.000 euros)
. El rey Juan Carlos ayudó a su hija aquel año con un préstamo a devolver de 1,2 millones de euros.
Para entonces, Urdangarin había puesto en marcha un plan empresarial con Diego Torres basado en la organización de eventos para Administraciones públicas o empresas privadas a través del Instituto Nóos, entidad sin ánimo de lucro.
La imagen del yerno del rey Juan Carlos permitiría abrir muchas puertas para hacer realidad el negocio
. Sus primeros clientes aquel año fueron la Comunidad Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia, instituciones que acordaron pagar casi un millón de euros a Nóos por organizar un evento de promoción del turismo a través del deporte.
Del millón facturado, apenas gastaron un 20% en la organización del acto.
El resto se desvió a empresas privadas que previamente habían creado el duque de Palma y Diego Torres
. Una de ellas, Aizoon, era propiedad de Urdangarin y su esposa, la infanta Cristina, a partes iguales. Esa sociedad, sin apenas actividad en 2003, declaró 261.356 euros de beneficio un año después, suficiente para costear el pago de la hipoteca del palacete
. El negocio de Urdangarin creció en 2005 y 2006 con nuevos contratos de la Comunidad Valenciana y Baleares (cinco millones).
Pero la curiosidad de la oposición socialista en el Parlamento balear por conocer detalles de esos contratos a dedo alertó a la Casa del Rey de los peligrosos negocios del yerno.
Urdangarin tuvo que abandonar aquel proyecto empresarial y encontró, o le buscaron, nuevas fuentes de ingresos en consejos de administración de empresas españolas y extranjeras ajenas a su experiencia profesional —inmobiliarias, tabacaleras, cementeras, industrias de bebidas gaseosas, de armamento...— que le suministraban cuantiosas ganancias.
El marido de la Infanta decidió pagar menos impuestos por esos ingresos extraordinarios y facturó sus servicios de asesoramiento a través de su empresa familiar Aizoon para ahorrarse el pago del IRPF.
La Agencia Tributaria, algunos años después, descubrió esta treta ilegal. Urdangarin carga desde entonces con una imputación por delito fiscal que el juez del caso Nóos extiende a su esposa, la infanta Cristina.
En 2009, Urdangarin encontró un empleo con nómina fija en Telefónica a razón de 350.000 euros al año que cobró entre 2009 y 2012.
Cuando el juez le imputó, Urdangarin perdió el trabajo (marzo de 2013), y la Infanta, su asignación de la Casa del Rey.
La hipoteca sigue viva (3,6 millones), los duques han puesto a la venta el palacete, por 8,9 millones, y Urdangarin está en paro.
“Al no tener ingresos actualmente, como es público y notorio, me veo con la imposibilidad de hacer frente a la póliza de crédito
. No he podido pagar las dos últimas cuotas trimestrales”, confesó al juez.