El ordenador del extesorero guardaba varios años de su caja b y los gastos de una campaña electoral que probarían el engaño al Tribunal de Cuentas.
El Partido Popular ordenó en abril pasado destruir el disco duro de uno de los portátiles que utilizó Luis Bárcenas durante su etapa de gerente (1990-2008) y tesorero del partido (2009), y entregó a la Audiencia Nacional el otro ordenador de su exdirectivo sin el disco duro.
Cuando dispuso la eliminación de esa información almacenada en los discos duros, el PP ya sabía de las andanzas de su extesorero y, sobre todo, conocía que Bárcenas, el hombre que controló sus cuentas durante 20 años, había ocultado una fortuna en bancos suizos que llegó a sumar, en el momento de mayor crecimiento de la bolsa, hasta 48 millones de euros.
El juez Pablo Ruz, que ordenó al PP la entrega de los ordenadores, pretendía verificar si, como le había confesado previamente Bárcenas, en ellos había información relevante sobre la caja b de la formación conservadora y la supuesta financiación ilegal para campañas electorales.
Sería otra prueba más que añadir a las que ya ha acumulado Ruz para acreditar la doble contabilidad del PP y el pago de dinero oculto al fisco a diversos dirigentes.
En los papeles de Bárcenas que EL PAÍS publicó el pasado 31 de enero, y que el extesorero ha reconocido como auténticos en su última declaración judicial, hay al menos 55 apuntes que suman casi dos millones de euros que el juez considera ya acreditados.
Esas anotaciones prueban algunas donaciones ilegales que el PP recibió entre 2002 y 2007, así como los pagos que hizo sin declararlos a Hacienda.
La instrucción judicial no ha conseguido ahora información directa sobre lo que ocultaban los dos ordenadores que usó Bárcenas durante 20 años debido al borrado de los discos duros ejecutado por el PP.
Desde hace cinco meses, el juez Pablo Ruz investiga al PP por supuesta financiación ilegal y acumula indicios para atribuir un delito contable a los tesoreros de esta formación política castigado con entre cinco y siete meses de cárcel.
En su última confesión, Bárcenas no solo contó que en esos ordenadores guardaba información contable sobre las irregularidades cometidas durante 20 años y algunas anotaciones sobre sus cuentas suizas, sino que entregó una memoria digital en la que supuestamente había descargado la información guardada en uno de los dos ordenadores que utilizó.
Esa información fue descargada del pendrive en la Audiencia Nacional e impresa en un dossier de 40 páginas facilitado a las partes personadas en el caso al que ha tenido acceso EL PAÍS. La información contenida en esas páginas revelaría algunas de las irregularidades que investiga el juez Pablo Ruz.
Gómez de Liaño subrayó que ese ordenador que fue inhabilitado contenía información “relativa a agendas, visitas, nombres y circunstancias”, de los visitantes que pasaron por Génova 13. El partido aseguró al juez que, agarrándose a la Ley de Protección de Datos, había destruido el registro de entradas y salidas que el magistrado requirió a la formación conservadora. Sin embargo, Bárcenas, según su abogado, guardó en ese dispositivo parte de esa información de la que no tendría copia.
Preguntado por si el extesorero y miembros de su familia son los únicos que figuran como titulares del dinero bloqueado en Suiza, el abogado dijo: “No lo sé, si hay más no lo sé. Su explicación \[de Bárcenas\] es que no hay más titulares”. E insistió en que lo relevante es que “avance la investigación judicial”.
Por un lado, Bárcenas guardó en el ordenador una exhaustiva
recopilación de presupuestos de ingresos y gastos relacionados con la
campaña de las elecciones generales de 1993. En esa contabilidad,
desglosada por provincias y por distintos conceptos vinculados a las
actividades de una campaña electoral, figuran unos gastos totales de 2.091 millones de pesetas.
Sin embargo, el PP remitió al Tribunal de Cuentas un estadillo de
gastos que sumaba apenas 1.579 millones de pesetas. Los auditores
públicos dieron su visto bueno a esas cuentas sin poner reparo alguno.
Por otro lado, el ordenador Toshiba, según la información que descargó el extesorero del mismo, también contenía la contabilidad que el propio Bárcenas llevaba de una supuesta caja b del PP que incluía los años 1993, 1994, 1995 y 1996. Se trataría supuestamente de la parte de la caja b que Bárcenas no controló a través del cuaderno manuscrito cuya autoría también ha reconocido y que abarca los años 1990 a 1993 y 1997 a 2009.
En ese estadillo se incluían ingresos de donativos ilegales junto con pagos de sobresueldos a dirigentes de la cúpula del PP, fundamentalmente Francisco Álvarez Cascos, y otros gastos. Bárcenas anotó en el margen derecho de esa contabilidad algunas indicaciones sobre la persona o personas que ordenaban hacer esos pagos.
Entre los supuestos ordenantes de los pagos figuraba la siguiente anotación “Por indicación J.M.”. Bárcenas no supo precisar en su declaración ante el juez si esas siglas pertenecían a quien entonces era líder del partido, José María Aznar.
Pero de momento el juez Ruz se tiene que conformar con la palabra de Bárcenas y con el pendrive que puso a disposición de la Audiencia Nacional, dado que en los ordenadores no hay ni rastro de los discos duros utilizados por Bárcenas.
El Partido Popular señaló el pasado jueves, a través de un escrito remitido a la Audiencia Nacional, que Bárcenas no pudo almacenar la información contenida en su ordenador Toshiba en un pendrive dado que ese modelo de portátil carecía de puerto USB con el que poder descargar los archivos.
De esa manera, el PP pretende cuestionar la veracidad de la información que su ex tesorero ha puesto a disposición de la investigación judicial para acreditar la financiación ilegal del PP y las infracciones fiscales cometidas por los dirigentes que cobraron diversas cantidades de dinero sin declarar esos ingresos a Hacienda.
El abogado de Bárcenas sostiene por su parte que la información contenida en los dos ordenadores que utilizó el ex tesorero y destruida por el PP es de “extraordinaria importancia” para la investigación abierta en la Audiencia Nacional.
El PP se ha escudado en la Ley de Protección de Datos para justificar la destrucción de los discos duros. Esa Ley tan sólo avala la eliminación de información personal. Por lo que ha confesado Bárcenas, los archivos de sus ordenadores contenían información del partido para el que trabajaba.
Cuando dispuso la eliminación de esa información almacenada en los discos duros, el PP ya sabía de las andanzas de su extesorero y, sobre todo, conocía que Bárcenas, el hombre que controló sus cuentas durante 20 años, había ocultado una fortuna en bancos suizos que llegó a sumar, en el momento de mayor crecimiento de la bolsa, hasta 48 millones de euros.
El juez Pablo Ruz, que ordenó al PP la entrega de los ordenadores, pretendía verificar si, como le había confesado previamente Bárcenas, en ellos había información relevante sobre la caja b de la formación conservadora y la supuesta financiación ilegal para campañas electorales.
Sería otra prueba más que añadir a las que ya ha acumulado Ruz para acreditar la doble contabilidad del PP y el pago de dinero oculto al fisco a diversos dirigentes.
En los papeles de Bárcenas que EL PAÍS publicó el pasado 31 de enero, y que el extesorero ha reconocido como auténticos en su última declaración judicial, hay al menos 55 apuntes que suman casi dos millones de euros que el juez considera ya acreditados.
Esas anotaciones prueban algunas donaciones ilegales que el PP recibió entre 2002 y 2007, así como los pagos que hizo sin declararlos a Hacienda.
La instrucción judicial no ha conseguido ahora información directa sobre lo que ocultaban los dos ordenadores que usó Bárcenas durante 20 años debido al borrado de los discos duros ejecutado por el PP.
Destrucción de pruebas
La actuación de los populares ha desencadenado un nuevo escándalo en la investigación del caso Bárcenas por la supuesta destrucción de pruebas para investigar las irregularidades cometidas por la formación conservadora durante sus últimos 20 años de vida. Las acusaciones particulares han pedido al juez que investigue si el PP cometió delito al destruir o eliminar los discos duros de los portátiles que usó su extesorero.Desde hace cinco meses, el juez Pablo Ruz investiga al PP por supuesta financiación ilegal y acumula indicios para atribuir un delito contable a los tesoreros de esta formación política castigado con entre cinco y siete meses de cárcel.
En su última confesión, Bárcenas no solo contó que en esos ordenadores guardaba información contable sobre las irregularidades cometidas durante 20 años y algunas anotaciones sobre sus cuentas suizas, sino que entregó una memoria digital en la que supuestamente había descargado la información guardada en uno de los dos ordenadores que utilizó.
Esa información fue descargada del pendrive en la Audiencia Nacional e impresa en un dossier de 40 páginas facilitado a las partes personadas en el caso al que ha tenido acceso EL PAÍS. La información contenida en esas páginas revelaría algunas de las irregularidades que investiga el juez Pablo Ruz.
"Guardaba imágenes de visitas"
El abogado de Luis Bárcenas, Javier Gómez de Liaño, aseguró ayer por la noche, en una entrevista en La Sexta TV,que el segundo ordenador de Luis Bárcenas cuyo contenido destruyó el Partido Popular tenía “imágenes de personas que visitaban el PP”, dejando caer que se trataría de donantes que aparecen en los papeles del extesorero.Gómez de Liaño subrayó que ese ordenador que fue inhabilitado contenía información “relativa a agendas, visitas, nombres y circunstancias”, de los visitantes que pasaron por Génova 13. El partido aseguró al juez que, agarrándose a la Ley de Protección de Datos, había destruido el registro de entradas y salidas que el magistrado requirió a la formación conservadora. Sin embargo, Bárcenas, según su abogado, guardó en ese dispositivo parte de esa información de la que no tendría copia.
Preguntado por si el extesorero y miembros de su familia son los únicos que figuran como titulares del dinero bloqueado en Suiza, el abogado dijo: “No lo sé, si hay más no lo sé. Su explicación \[de Bárcenas\] es que no hay más titulares”. E insistió en que lo relevante es que “avance la investigación judicial”.
Por otro lado, el ordenador Toshiba, según la información que descargó el extesorero del mismo, también contenía la contabilidad que el propio Bárcenas llevaba de una supuesta caja b del PP que incluía los años 1993, 1994, 1995 y 1996. Se trataría supuestamente de la parte de la caja b que Bárcenas no controló a través del cuaderno manuscrito cuya autoría también ha reconocido y que abarca los años 1990 a 1993 y 1997 a 2009.
En ese estadillo se incluían ingresos de donativos ilegales junto con pagos de sobresueldos a dirigentes de la cúpula del PP, fundamentalmente Francisco Álvarez Cascos, y otros gastos. Bárcenas anotó en el margen derecho de esa contabilidad algunas indicaciones sobre la persona o personas que ordenaban hacer esos pagos.
Entre los supuestos ordenantes de los pagos figuraba la siguiente anotación “Por indicación J.M.”. Bárcenas no supo precisar en su declaración ante el juez si esas siglas pertenecían a quien entonces era líder del partido, José María Aznar.
Prueba prefabricada
Si el juez pudiera comprobar la fecha de elaboración de esos documentos y coincidiera con las señaladas por Bárcenas (1993 a 1997) sería muy difícil sostener, como hace el PP, la teoría de que el extesorero prefabricó una prueba falsa 16 años antes de ser imputado por corrupción.Pero de momento el juez Ruz se tiene que conformar con la palabra de Bárcenas y con el pendrive que puso a disposición de la Audiencia Nacional, dado que en los ordenadores no hay ni rastro de los discos duros utilizados por Bárcenas.
El Partido Popular señaló el pasado jueves, a través de un escrito remitido a la Audiencia Nacional, que Bárcenas no pudo almacenar la información contenida en su ordenador Toshiba en un pendrive dado que ese modelo de portátil carecía de puerto USB con el que poder descargar los archivos.
De esa manera, el PP pretende cuestionar la veracidad de la información que su ex tesorero ha puesto a disposición de la investigación judicial para acreditar la financiación ilegal del PP y las infracciones fiscales cometidas por los dirigentes que cobraron diversas cantidades de dinero sin declarar esos ingresos a Hacienda.
El abogado de Bárcenas sostiene por su parte que la información contenida en los dos ordenadores que utilizó el ex tesorero y destruida por el PP es de “extraordinaria importancia” para la investigación abierta en la Audiencia Nacional.
El PP se ha escudado en la Ley de Protección de Datos para justificar la destrucción de los discos duros. Esa Ley tan sólo avala la eliminación de información personal. Por lo que ha confesado Bárcenas, los archivos de sus ordenadores contenían información del partido para el que trabajaba.
