La zona donde tres capataces dispararon contra 150 jornaleros, expone la creciente xenofobia y explotación de sin papeles.
En los campos de Nea Manolada el aire huele a fresas.
En primavera, brotan como rubíes y al recogerlas tiñen los dedos de un color púrpura que cuando se seca, mezclado a la tierra, parece sangre
. Es el oro rojo de esta zona de Grecia que exporta la mayor parte de la producción al norte de Europa
. Un modelo productivo que, en 2011, cuando la crisis ya azotaba al país, el entonces primer ministro Yorgos Papandreu celebró como un éxito merecedor de ser imitado.
Muchos recordaron aquel discurso cuando el 17 de abril saltó la noticia de que, en una de las explotaciones, tres capataces habían disparado contra 150 jornaleros, en su mayoría bangladesíes, que protestaban porque llevaban meses sin cobrar.
El suceso dejó 35 heridos y es el más grave de una serie de abusos que se esconden detrás de este milagro económico.
La ola de indignación que se desató tras el tiroteo se convirtió en un boicoteo que durante unas semanas hizo temer por la campaña de recogida.
Dos meses después, casi todos los 150 inmigrantes han vuelto a trabajar en los campos. Los invernaderos van a toda marcha, salvo los del empresario para el que trabajaban los tres autores del ataque, detenido junto a ellos.
Nur Islam tiene 26 años
. Durante horas se queda agachado para recoger los frutos, seleccionarlos según el tamaño y colocarlos en contenedores alineados en las típicas cajas de madera. Cinco kilos por caja, 20 cajas cada día.
“Aquí no tenemos trabajo. Esto da muy poco dinero y no puedo mandar nada en Bangladesh”, dice Nur. 22 euros por entre siete y ocho horas de trabajo es lo que le han prometido a estos inmigrantes
. A tres euros la hora. Para la mayoría, sin contrato y sin permiso de residencia, la única garantía de cobrar es la palabra dada.
Más que el dinero, lo que ahora preocupa a estos trabajadores es tener un documento que les permita sustraerse a los muchos chantajes que su condición de ilegales conlleva.
Sin documentación, la única ley es la del miedo.
“Es una jungla donde se viola cualquier tipo de norma. Nosotros estamos intentando proteger a las personas más vulnerables”, comenta Vassilis Kerasiotis, abogado del Consejo griego para los Refugiados (CGR), la ONG que se está encargando de su asistencia legal. El Gobierno ha concedido a los 35 heridos un permiso de estancia hasta que acabe el juicio
. El CGR quiere que lo obtengan los 150 presentes en el tiroteo y que se reconozca la matriz racista del delito, como parte de la violencia contra los inmigrantes que se ha recrudecido en estos años.
Los jornaleros que intentaron rebelarse siguen en el campamento en las tierras del empresario detenido. Viven amontonados en unas chabolas hechas de cartones, viejas mantas y lonas de plástico donde duermen hasta 25 personas.
En el interior, han dispuestos sus lechos, pegados los unos a los otros.
La única separación la marca el color de las sábanas. Apenas sale el sol, empieza a hacer un calor pegajoso en el que las moscas revolotean a sus anchas.
Uno de los heridos en el tiroteo enseña la pierna derecha llena de pequeños bultos. Son los puntos por donde entraron los perdigones. La mayoría se los han sacado, pero no todos. Los cartuchos que los capataces usaron eran del tipo que se utiliza en la caza de aves pequeñas.
“El problema es que este sujeto no ha pagado a la gente”, dice el dueño del único quiosco de este pueblo de 2.000 vecinos registrados y miles de inmigrantes (según Amnistía Internacional, al menos 5.000 trabajan en la zona).
Al quiosquero le parece una vergüenza que el Gobierno no dé papeles a estos trabajadores.
“Él [el empresario detenido] llegó hace cuatro años y quería encontrar la forma de no pagar
. Antes el sistema en Manolada funcionaba”, cuenta. No menciona el escándalo que se montó en 2008 cuando algunos periodistas, luego objeto de amenazas, empezaron a describir las condiciones de trabajo en la región.
Ni el caso, denunciado el año pasado, de un ciudadano egipcio que tras recibir una paliza fue arrastrado un kilómetro por un coche.
Tras el tiroteo, el ministro de Orden Público, Nikos Dendias, admitió que el Estado no siempre había estado presente en la región y prometió mano dura y reformas
. Mientras tanto, Nea Manolada ha vuelto a la normalidad. En el establecimiento de apuestas algunos inmigrantes juegan al Kino, un boleto parecido a la Primitiva.
“A veces algunos han ganado 50 euros”, explica uno de ellos
. A los demás, sumidos en la miseria de sus pobres refugios, no les ha tocado ninguna lotería.
En primavera, brotan como rubíes y al recogerlas tiñen los dedos de un color púrpura que cuando se seca, mezclado a la tierra, parece sangre
. Es el oro rojo de esta zona de Grecia que exporta la mayor parte de la producción al norte de Europa
. Un modelo productivo que, en 2011, cuando la crisis ya azotaba al país, el entonces primer ministro Yorgos Papandreu celebró como un éxito merecedor de ser imitado.
Muchos recordaron aquel discurso cuando el 17 de abril saltó la noticia de que, en una de las explotaciones, tres capataces habían disparado contra 150 jornaleros, en su mayoría bangladesíes, que protestaban porque llevaban meses sin cobrar.
El suceso dejó 35 heridos y es el más grave de una serie de abusos que se esconden detrás de este milagro económico.
La ola de indignación que se desató tras el tiroteo se convirtió en un boicoteo que durante unas semanas hizo temer por la campaña de recogida.
Dos meses después, casi todos los 150 inmigrantes han vuelto a trabajar en los campos. Los invernaderos van a toda marcha, salvo los del empresario para el que trabajaban los tres autores del ataque, detenido junto a ellos.
Nur Islam tiene 26 años
. Durante horas se queda agachado para recoger los frutos, seleccionarlos según el tamaño y colocarlos en contenedores alineados en las típicas cajas de madera. Cinco kilos por caja, 20 cajas cada día.
“Aquí no tenemos trabajo. Esto da muy poco dinero y no puedo mandar nada en Bangladesh”, dice Nur. 22 euros por entre siete y ocho horas de trabajo es lo que le han prometido a estos inmigrantes
. A tres euros la hora. Para la mayoría, sin contrato y sin permiso de residencia, la única garantía de cobrar es la palabra dada.
Más que el dinero, lo que ahora preocupa a estos trabajadores es tener un documento que les permita sustraerse a los muchos chantajes que su condición de ilegales conlleva.
Sin documentación, la única ley es la del miedo.
“Es una jungla donde se viola cualquier tipo de norma. Nosotros estamos intentando proteger a las personas más vulnerables”, comenta Vassilis Kerasiotis, abogado del Consejo griego para los Refugiados (CGR), la ONG que se está encargando de su asistencia legal. El Gobierno ha concedido a los 35 heridos un permiso de estancia hasta que acabe el juicio
. El CGR quiere que lo obtengan los 150 presentes en el tiroteo y que se reconozca la matriz racista del delito, como parte de la violencia contra los inmigrantes que se ha recrudecido en estos años.
Los jornaleros que intentaron rebelarse siguen en el campamento en las tierras del empresario detenido. Viven amontonados en unas chabolas hechas de cartones, viejas mantas y lonas de plástico donde duermen hasta 25 personas.
En el interior, han dispuestos sus lechos, pegados los unos a los otros.
La única separación la marca el color de las sábanas. Apenas sale el sol, empieza a hacer un calor pegajoso en el que las moscas revolotean a sus anchas.
Uno de los heridos en el tiroteo enseña la pierna derecha llena de pequeños bultos. Son los puntos por donde entraron los perdigones. La mayoría se los han sacado, pero no todos. Los cartuchos que los capataces usaron eran del tipo que se utiliza en la caza de aves pequeñas.
“El problema es que este sujeto no ha pagado a la gente”, dice el dueño del único quiosco de este pueblo de 2.000 vecinos registrados y miles de inmigrantes (según Amnistía Internacional, al menos 5.000 trabajan en la zona).
Al quiosquero le parece una vergüenza que el Gobierno no dé papeles a estos trabajadores.
“Él [el empresario detenido] llegó hace cuatro años y quería encontrar la forma de no pagar
. Antes el sistema en Manolada funcionaba”, cuenta. No menciona el escándalo que se montó en 2008 cuando algunos periodistas, luego objeto de amenazas, empezaron a describir las condiciones de trabajo en la región.
Ni el caso, denunciado el año pasado, de un ciudadano egipcio que tras recibir una paliza fue arrastrado un kilómetro por un coche.
Tras el tiroteo, el ministro de Orden Público, Nikos Dendias, admitió que el Estado no siempre había estado presente en la región y prometió mano dura y reformas
. Mientras tanto, Nea Manolada ha vuelto a la normalidad. En el establecimiento de apuestas algunos inmigrantes juegan al Kino, un boleto parecido a la Primitiva.
“A veces algunos han ganado 50 euros”, explica uno de ellos
. A los demás, sumidos en la miseria de sus pobres refugios, no les ha tocado ninguna lotería.
