22 abr 2013

El Supremo anula el primer despido colectivo de la reforma laboral

No entregar la documentación sobre la situación financiera de la empresa y mostrarse inflexible en la negociación de una regulación de empleo le ha costado a Talleres López Gallego la anulación definitiva del ERE que puso en marcha el pasado 21 de febrero de 2012
. El Tribunal Supremo ha confirmado la anulación del despido colectivo que esta empresa puso en marcha 11 días después de que se aprobara la reforma laboral y que ya había sido tumbado por el Tribunal Superior de Madrid.
Esta sentencia del Supremo es la primera que falla el alto tribunal sobre una regulación de empleo tras la reforma laboral aprobada el año pasado.
Según queda acreditado en la sentencia del Tribunal Superior de Madrid, confirmada ahora, 11 días después de la reforma laboral Talleres López Gallego puso en marcha un despido colectivo que afectaba a 28 personas en el que no cumplió con las exigencias de documentación y negociación que exige el reglamento de regulaciones de empleo vigente entonces.
Talleres López Gallego adujo causas económicas para poner en marcha el despido colectivo
. Esta vía requiere que la empresa pruebe su situación y, según la sentencia, no aportó la documentación necesaria para eso. "La empresa no entregó las cuentas de los dos últimos ejercicios completos", explica la sentencia confirmada. "No se informó sobre la venta de bienes de la empresa", prosigue.
Otro argumento que empleó el Tribunal Superior de Madrid, ratificado ahora, fue que la empresa no mejoró durante el periodo de negociación la oferta inicial a los afectados (20 días de indemnización por año trabajado, el mínimo legal).
"Tal postura no constituye una negociación, proceso caracterizado por su dinámica de concesiones o de construcción de soluciones y opciones consensuadas.
Quien se acerca a una mesa de consultas de un expediente de regulación de empleo con una única posiblidad sobre la mesa, la suya, no negocia [...], y tal comportamiento no constituye una negociación de buena fe", continúa.
La sentencia del Supremo confirma la linea marcada por los diferentes tribunales superiores de justicia autonómicos y la Audiencia Nacional.
La reforma laboral facilitó los despidos colectivos al anular la autorización administrativa y definir como causa económica la caída de facturación durante tres trimestres consecutivos.
No obstante, al llevar adelante un expediente de regulación de empleo la empresa tiene que demostrar documentalmente la causa alegada y negociar "de buena fe".
Cuando estas dos premisas no se cumplen, los tribunales vienen anulando los despidos colectivos.

21 abr 2013

Es una rabia que asciende.................

IRA ACUMULADA

Es una rabia que asciende

desde un lugar muy hondo

y no para de crecer

por tantos millones de personas

desterrados en mitad de un desierto

donde no se vislumbra oasis alguno.

Ustedes hacen sus números,

exponen datos, clavan puñaladas

y todo sube mientras los salarios bajan...

Y así cada día, nosotros más pobres,

todo convertido en Miseria matizada

por un conjunto de cifras mezquinas

dignas de un pensamiento ciego

especializado en el peor de los latrocinios

y que alimenta sin cesar los privilegios

que el capital y el sistema

son capaces de ofrecer a unos pocos

a costa del sufrimiento de los demás.

Lo que tienen enfrente

son millones de desahuciados,

da igual quién conserve su piso y quién no,

todos hemos perdido mucho

y por el camino que vamos

terminaremos por arruinarnos del todo.

La gente aprenderá a abandonar

la carne y el pescado,

a alargar la leche y el jabón con agua,

a morirse esperando

una cita que se supone inaplazable

con un quirófano vacío.

Aprenderá a trampear la luz

de la escalera para alumbrarse,

a morderse las uñas,

a navegar por noches de tormenta

llenas de sogas y ventanas.

Aprenderá a quitarle los bichos

a los garbanzos y la esperanza,

a verlos a ustedes salir en la tele

desnudando desvergüenzas

con declaraciones llenas de absurdos,

inventando una jerga grotesca

para renovar impasibles sus mentiras,

insultando a los que exigen derechos,

y exigiendo para sí mismos

todo aquello que les niegan a los demás.

Pero quizás aprenda también la gente

que rebelión aún sigue siendo

una palabra con mucho contenido,

así que les recomiendo cuidado,

cualquier día de estos puede asomar

su faz rojiza detrás de cualquier esquina.

Y que entonces el diablo les coja confesados

con tanta ira como hemos acumulado.

Del Blog Escrito con Sentido

por Paco Gor

La depresión del Excel

En esta era de la información, los errores matemáticos pueden llevar al desastre
. La Mars Orbiter de la NASA se estrelló porque los ingenieros olvidaron hacer la conversión a unidades del sistema métrico; el plan de la ballena de Londres de JPMorgan Chase salió mal en parte porque quienes hicieron los modelos dividieron por una suma en lugar de por una media.
De modo que, ¿fue un error de codificación de Excel lo que destruyó las economías del mundo occidental? Esta es la historia hasta la fecha: a principios de 2010, dos economistas de Harvard, Carmen Reinhart y Kenneth Rogoff, divulgaron un artículo, Growth in a time of debt (Crecimiento en una época de endeudamiento), que pretendía identificar un umbral crítico, un punto de inflexión, para la deuda pública. Una vez que la deuda supera el 90% del producto interior bruto, afirmaban, el crecimiento económico cae en picado.
Reinhart y Rogoff tenían credibilidad gracias a un libro anterior admirado por todo el mundo sobre la historia de las crisis financieras, y el momento escogido era perfecto.
El artículo se publicó justo después de que Grecia entrase en crisis y apelaba directamente al deseo de muchos funcionarios de virar del estímulo a la austeridad.
En consecuencia, el artículo se hizo famoso inmediatamente; seguramente era, y es, el análisis económico más influyente de los últimos años.
El hecho es que Reinhart y Rogoff alcanzaron rápidamente un estatus casi sagrado entre los autoproclamados guardianes de la responsabilidad fiscal; la afirmación sobre el punto de inflexión se trató no como una hipótesis controvertida, sino como un hecho incuestionable.
Por ejemplo, un editorial de The Washington Post de principios de este año advertía contra una posible bajada de la guardia en el frente del déficit porque estamos “peligrosamente cerca de la marca del 90% que los economistas consideran una amenaza para el crecimiento económico sostenible”.
Fíjense en la expresión: “los economistas”, no “algunos economistas”, y no digamos ya “algunos economistas, a los que contradicen enérgicamente otros con credenciales igual de buenas”, que es la realidad.

La elevada deuda de Japón es consecuencia de la crisis, no su causa

Porque lo cierto es que el texto de Reinhart y Rogoff se enfrentó a críticas considerables desde el principio y la controversia aumentó con el tiempo.
Nada más publicarse el artículo, muchos economistas señalaron que una correlación negativa entre la deuda y el comportamiento económico no significaba necesariamente que la deuda elevada fuese la causa de un crecimiento lento.
Podría ocurrir perfectamente lo contrario, y que el mal comportamiento económico condujese a una deuda elevada.
De hecho, este es evidentemente el caso de Japón, que se endeudó enormemente después de que su crecimiento se hundiese a principio de los noventa.
Con el tiempo, surgió otro problema: otros investigadores, usando datos de deuda y crecimiento aparentemente comparables, no fueron capaces de replicar los resultados de Reinhart y Rogoff.
Lo habitual era que encontrasen cierta correlación entre la deuda elevada y el crecimiento lento (pero nada que se pareciese a un punto de inflexión en el 90% ni, de hecho, en ningún nivel concreto de deuda).
Finalmente, Reinhart y Rogoff permitieron que unos investigadores de la Universidad de Massachusetts analizasen la hoja de cálculo original; y el misterio de los resultados irreproducibles se resolvió.
En primer lugar, habían omitido algunos datos; en segundo lugar, emplearon unos procedimientos estadísticos poco habituales y muy cuestionables; y finalmente, sí, cometieron un error de codificación de Excel.

Si corregimos estos errores y rarezas, obtenemos lo que otros investigadores han descubierto: cierta correlación entre la deuda elevada y el crecimiento lento, sin nada que indique cuál de ellos causa qué, pero sin rastro alguno de ese umbral del 90%.
En respuesta a esto, Reinhart y Rogoff han admitido el error de codificación, han defendido sus demás decisiones y han afirmado que nunca aseguraron que la deuda provoque necesariamente un crecimiento más lento.
Esto es un tanto insincero porque repetidamente dieron a entender esa idea aunque evitasen formularla expresamente.
Pero, en cualquier caso, lo que realmente importa no es lo que quisieron decir, sino el modo en que se ha interpretado su trabajo: los entusiastas de la austeridad anunciaron a bombo y platillo que ese supuesto punto de inflexión del 90% era un hecho probado y un motivo para recortar drásticamente el gasto público incluso con un paro elevadísimo.

Este fiasco debe situarse en el contexto más amplio de la obsesión por la austeridad

Por eso debemos situar el fiasco de Reinhart y Rogoff en el contexto más amplio de la obsesión por la austeridad: el evidentemente intenso deseo de los legisladores, políticos y expertos de todo el mundo occidental de dar la espalda a los parados y, en cambio, usar la crisis económica como excusa para reducir drásticamente los programas sociales.
Lo que pone de manifiesto el asunto de Reinhart y Rogoff es la medida en que se nos ha vendido la austeridad con pretextos falsos. Durante tres años, el giro hacia la austeridad se nos ha presentado no como una opción sino como una necesidad. Las investigaciones económicas, insisten los defensores de la austeridad, han demostrado que suceden cosas terribles una vez que la deuda supera el 90% del PIB. Pero las investigaciones económicas no han demostrado tal cosa; un par de economistas hicieron esa afirmación, mientras que muchos otros no estuvieron de acuerdo. Los responsables políticos abandonaron a los parados y tomaron el camino de la austeridad porque quisieron, no porque tuviesen que hacerlo.
¿Servirá de algo que se haya hecho caer a Reinhart y Rogoff de su pedestal? Me gustaría pensar que sí. Pero preveo que los sospechosos habituales simplemente encontrarán algún otro análisis económico cuestionable que canonizar, y la depresión no terminará nunca.

Paul Krugman es profesor de Economía de Princeton y premio Nobel 2008.

Traducción de News Clips.

Vamos como los Cangrejos.....

Ley del aborto: a un paso de la vuelta atrás

La línea dura del PP gana posiciones en una de las reformas más controvertidas

Gallardón aparca la opción menos restrictiva, que hasta ahora barajó.

Durante más de un año, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha tenido sobre su mesa dos opciones para la reforma de la ley del aborto. Una, la más restrictiva, suponía derogar el sistema actual de plazos —que considera el aborto un derecho de la mujer en las primeras 14 semanas de embarazo— y sustituirlo por un sistema de supuestos despenalizados como el que rigió hasta 2010, pero más duro que aquel; la otra, exactamente igual que la primera en sus mimbres —el sistema de supuestos—, contenía un matiz de fondo que la hacía completamente distinta: dejaba la decisión final, fuera cual fuera el supuesto, en manos de la mujer. Esa segunda opción es la que Ruiz-Gallardón nunca defendió abiertamente en público pero siempre contempló y fue desarrollando en privado, según sostenía su entorno y según fue publicado varias veces en distintos medios y jamás desmentido por él. Ahora, esa opción está a punto de quedar definitivamente enterrada.
A día de hoy, y aunque la decisión aún no ha sido tomada por quien puede tomarla —el presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy—, todas las señales y todas las fuentes del Ejecutivo consultadas apuntan a que Ruiz-Gallardón, si alguna vez tuvo intención de llevar esa segunda opción hasta el final, ha renunciado a hacerlo. La ley del aborto que prepara el ministro de Justicia y a la que él pondrá nombre en los libros de historia sería, así, la más restrictiva de la democracia.
"La última palabra no está dicha", insisten fuentes del ministerio. Pero el entorno de Gallardón, que hasta hace apenas tres semanas seguía defendiendo en privado la posibilidad de aprobar una ley que, aun volviendo al sistema de supuestos y endureciendo las condiciones, respetase en última instancia la decisión de la mujer —porque se reconocerían derechos al feto pero primarían los de la madre—, ya no lo hace.

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Ese as en la manga que lo cambiaba todo, el de dejar en manos de la mujer la decisión final, no se menciona ya en las conversaciones. Mientras, el ministro ha retomado sus declaraciones públicas anunciando una ley muy dura. Y todo ese aparente cambio de rumbo ha coincidido, además, con la reunión de Rajoy con el Papa y las palabras del presidente de la Conferencia Episcopal, Antonio María Rouco Varela, metiendo prisa al Gobierno con la ley del aborto. Fuentes de Justicia aseguran, sin embargo, que esos dos hechos no han influido en nada; también sostienen que la ley será fruto de una decisión "colegiada" y que el ministro nunca ha ido por libre ni ha llegado a defender "una opción por encima de la otra".
Si se confirma que la línea más dura se ha impuesto, la nueva ley del aborto supondrá una vuelta a 1985 o más atrás. Se tratará de un sistema acotado de supuestos (es decir, abortar es delito salvo en los supuestos que se fijan), como el de la ley que aprobó el Gobierno de Felipe González, pero con menos supuestos, ya que Gallardón ha adelantado que eliminaría el de malformación fetal. Además, hay un asunto clave que podría ser modificado: qué médico o médicos asumen la responsabilidad de autorizar el aborto.
Con la ley de 1985 —en los casos de riesgo para la madre o malformación fetal, que requerían la firma del médico— , ese papel lo ejercían generalmente los propios profesionales de la clínica en la que luego se realizaba el aborto: casi siempre el psiquiatra del centro, porque el daño psicológico era el supuesto alegado en la gran mayoría de los casos. También ocurre así con la ley actual, que declara el aborto como un derecho hasta la semana 14 (la mujer no tiene que alegar motivos en ese plazo) pero que después también requiere el informe médico para acreditar posibles daños a la madre o al feto: esa acreditación la firman, de nuevo, los profesionales de las clínicas (porque el 97% de las interrupciones del embarazo se realizan en centros privados). La reforma del PP podría traspasar esa potestad a médicos especialistas de la red pública, quitándoselo a las clínicas. Eso es, al menos, lo que propusieron los populares en sus enmiendas a la ley de plazos de 2010.

1985-2013: de la despenalización al derecho

La primera ley del aborto en democracia la sacó adelante el PSOE, siendo ministro de Justicia Fernando Ledesma. Aunque fue inicialmente aprobada en 1983, tuvo que ser corregida en parte tras la sentencia del Tribunal Constitucional de 1985 (el PP la había recurrido) y entró en vigor ese año.
Establecía que el aborto era delito salvo en tres supuestos: violación (alegable en las primeras 12 semanas); malformación del feto (hasta la semana 22) y riesgo grave para la salud física o psíquica de la mujer (en cualquier momento). Los dos últimos supuestos requerían un informe médico.
El sistema de supuestos de 1985 (que el PP no tocó durante sus años de Gobierno) fue sustituido por uno de plazos con la ley de 2010, siendo ministra de Igualdad la socialista Bibiana Aído.
La ley establece que el aborto es un derecho de la mujer en las primeras 14 semanas (en ese plazo, no tiene que alegar ningún motivo); después permite abortar, hasta la semana 22 y previo informe médico, por “grave riesgo para la vida o la salud de la madre o el feto”; a partir de entonces, solo si el feto sufre “enfermedad extremadamente grave o incurable” o anomalías “incompatibles con la vida”.
El actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón (PP), ha dado algunas pistas de cómo será su ley: “Volveremos a una ley de supuestos”, aseguró. Solo ha citado dos: violación y “peligro cierto” para la salud física o psíquica de la madre. Y ha añadido que esos supuestos “no deben ser pretextos”: “Se deberán acreditar”. "No entiendo que se desproteja al concebido [con el aborto] por el hecho de que tenga alguna minusvalía o malformación”. Desaparecerá la posibilidad de que [las menores] aborten sin permiso de sus padres”, ha asegurado.

La Asociación de Clínicas Autorizadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), que agrupa a cerca de la mitad de las existentes, augura que esa fórmula estrecharía mucho las posibilidades de abortar. "Si se deja en manos de las comunidades autónomas la creación de comités médicos en los hospitales para autorizar todos los abortos, la elección de esos profesionales podría estar marcada por criterios políticos", señala Francisca García, vicepresidenta de ACAI, que hace hincapié en que la mayoría de las comunidades están gobernadas por el PP. La asociación no cree que la situación actual, en la que es un médico de la clínica, la mayoría de las veces, el que autoriza el aborto (aunque este es practicado por otro médico), peque de lo contrario: que los médicos sean más permisivos. "En las clínicas no solo se practican abortos, también se llevan embarazos y partos, planificación familiar...
Nuestro interés no es que las mujeres aborten", argumentan desde ACAI.
En todo caso, esa puede ser una de las claves de la nueva ley: hasta qué punto quedará la mujer en manos de un médico u otro, porque el aborto como derecho en las primeras 14 semanas —que es cuando se produce más del 90% de los abortos, con esta ley y con la anterior—, se suprimirá y el médico volverá a jugar ese papel fundamental. La otra cuestión clave es la más que probable eliminación del supuesto de malformación fetal. Representa un porcentaje ínfimo de las interrupciones voluntarias del embarazo (un 3%, unos 3.500 abortos al año), pero suelen ser casos especialmente dolorosos para las mujeres. Gallardón considera que es necesario eliminar ese supuesto porque genera "discriminación".
"No entiendo que se desproteja al concebido, permitiendo el aborto, por el hecho de que tenga algún tipo de minusvalía o de malformación. Es éticamente inconcebible", dijo el pasado verano. Este periódico publicó entonces una encuesta según la cual el 80% de los ciudadanos (y el 65% de votantes del PP) eran contrarios a suprimir ese supuesto.
En toda Europa, solo Malta e Irlanda prohíben el aborto por malformación fetal.
Gallardón nunca ha llegado a aclarar a qué grado de "minusvalías" o "malformaciones" se refiere: si a todas o solo a algunas; ni quién y con qué criterio asumiría hacer esa distinción en cada caso.
España, con 118.359 abortos en el año 2011, tiene una tasa de 12,4 por cada 1.000 mujeres fértiles (similar o menor a la de países de su entorno)
. La ley de plazos que rige desde 2010 es equivalente a la de la mayoría de los países europeos.
Según una encuesta de Metroscopia, en España sigue siendo la opción más apoyada (véase gráfico en esta página).
El ministro Ruiz-Gallardón la sustituirá por otra que, previsiblemente, devolverá la cuestión, de una sola zancada, a los años ochenta.
Pues no No los dejaremos...pasan cosas oigo escalofriantes opiniones ...No Diguem NO Nosaltres no son de ese mon