Suiza rechazó informar al juez al considerar “robados” los datos del francoitaliano.
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, en una imagen de 2011. / ULY MARTÍN
La colaboración de las autoridades suizas ha sido esencial para el salto cualitativo que el caso Gürtel ha dado en las últimas semanas
. El descubrimiento de los 22 millones de euros que el extesorero y exsenador del PP Luis Bárcenas acumuló en ese país no hubiera sido posible sin la respuesta a la petición de información enviada a Berna por los sucesivos instructores de esa investigación
. Pero la cooperación del Gobierno helvético respecto a otros imputados en la mayor trama de corrupción que afecta al PP y que ahora investiga el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz no ha sido siempre atendida debidamente.
En octubre de 2011, Suiza se negó a facilitar información al anterior instructor de la causa en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, respecto al exalcalde de Boadilla, Arturo González Panero (PP), El Albondiguilla, que, según la investigación, habría defraudado a Hacienda 361.825 euros gracias a una cuenta abierta por su esposa en la sucursal del HSBC en Ginebra. ¿La razón? Suiza acusó a España de haber obtenido esa información de manera ilícita a través de la lista elaborada por Francia con los datos facilitados por el exempleado de ese banco Hervé Falciani, detenido en Barcelona el pasado 1 de julio y cuya extradición a ese país debe decidir la Audiencia Nacional en los próximos meses. Berna considera que Falciani robó esos datos al HSBC.
El juez Ruz, sin embargo, defiende la validez de los datos facilitados por Falciani, reclamado por Suiza por revelación de secretos y vulneración del secreto bancario, un delito este último que no existe en España.
El magistrado español ha enviado al Gobierno de ese país una ampliación de la comisión rogatoria mandada por Pedreira en la que recuerda que las pruebas contra González Panero obtenidas gracias a la lista Falciani e incorporadas al sumario del caso Gürtel no tienen origen ilícito.
Los argumentos contenidos en el escrito de Ruz recogen, además, la posición del Gobierno y de la Fiscalía Anticorrupción sobre la actuación del informático francoitaliano, puesto en libertad en diciembre por la Audiencia Nacional, y destilan la oposición de ambos organismos a que sea entregado a ese país.
En su escrito, Ruz incluye la información facilitada por la Agencia Tributaria que, en un informe enviado al juzgado el pasado junio, aseguró que esa lista de presuntos evasores se obtuvo a través de Francia en virtud del tratado con ese país para evitar la doble imposición y prevenir la evasión y el fraude fiscal.
Y que fue Hacienda, a través de su director de Inspección Financiera y Tributaria el que solicitó la lista a París el 12 de febrero de 2010. Tres meses largos después, el 24 de mayo, ese mismo cargo recibió la lista Falciani en su despacho en formato CD-ROM. “Por tanto, la información que maneja la Agencia Tributaria española ha sido lícitamente obtenida por la misma, al haber sido suministrada por otra Administración tributaria extranjera (en concreto por la Administración francesa), con arreglo a un Convenio Internacional”, concluye Hacienda.
En cuanto al “robo” de la lista de supuestos defraudadores fiscales —Falciani descargó esos datos mientras trabajó como informático en la sede del HSBC de Ginebra entre 2006 y 2009— del que Suiza acusa al francoitaliano, la Agencia Tributaria recuerda que la justicia francesa (el Tribunal de Apelación de París) concluyó que las autoridades fiscales francesas obtuvieron autorización judicial para la entrada en el domicilio de Falciani en Castellar, en las cercanías de Niza, y que fue en ese registro en el que se obtuvo esa información, nada menos que las identidades y los balances de las cuentas de 130.000 presuntos evasores.
Hacienda y el juez Ruz citan como precedente el caso de los tenedores de cuentas en Liechtenstein, cuyas identidades se conocieron gracias a que el Gobierno alemán compró un DVD a un exempleado del banco LGT, propiedad de la Casa Real del principado centroeuropeo.
Alemania envió esa información a España y, gracias a ella, Hacienda, la Fiscalía Anticorrupción y el juez Santiago Pedraz investigaron a unos 200 presuntos evasores, entre ellos el padre del presidente catalán Artur Mas (que tuvo que regularizar una deuda fiscal de 823.262 euros) o el cantante Alejandro Sanz, entre otros.
Los presuntos defraudadores, a los que se imputaba un delito fiscal, aseguraron que la información que se utilizó contra ellos se había obtenido ilícitamente y vulneraba su derecho a la intimidad, pero la sección cuarta de la Audiencia Nacional dio la razón a Anticorrupción y concluyó que ese argumento “no era más que un asidero para presentar el secreto bancario como una barrera infranqueable para la investigación judicial, absolutamente ineficaz como cobertura jurídica para la comisión de un delito”
. El documento recuerda, además, que el secreto bancario fue derogado en España en 1977.
Pero además, Hacienda llega a afirmar, basándose en un escrito de Anticorrupción del caso Liechtenstein, que ni el delator que vendió el DVD a Alemania en esa causa, ni Falciani en el caso del HSBC habrían cometido un delito de revelación de secretos al sacar de sus bancos toda esa información
. El empleado del LGT en Vaduz, mantuvo la fiscalía en 2008, “tenía acceso libre cada día, sin necesidad de quebrantar barrera alguna” a la información que transmitió al Gobierno de Berlín.
“Él mismo la puso voluntariamente en conocimiento de las autoridades encargadas de la persecución de ese tipo de delitos sin haber sufrido inducción ni provocación de las mismas”.
“Que la entidad financiera tilde al denunciante de ‘empleado infiel’ por haber quebrantado un deber de reserva (que tenía entre otras finalidades la de garantizar a sus clientes la opacidad de sus inversiones y el encubrimiento de sus delitos) no supone en ningún caso delito de descubrimiento y revelación de secretos”, prosigue el escrito de Ruz, citando a Anticorrupción.
El documento recuerda que, según el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, “los que por razón de sus cargos, profesiones u oficios tuvieran noticia de algún delito público, estarán obligados a denunciarlo inmediatamente”.
Así, Falciani, como el empleado del banco LGT delator de las cuentas de evasores en Liechtenstein, cumplió con su deber, lo que le eximiría del delito de descubrimiento y revelación de secretos, ya que “el secreto penalmente protegido no puede en absoluto amparar la presunta comisión de un delito”.
La negativa de Berna a facilitar información a la Audiencia Nacional sobre las cuentas en el HSBC del exalcalde González Panero y su esposa acusaba a España, además, de “faltar a la buena fe” al recurrir a la lista Falciani. Sin embargo, los argumentos de la Agencia Tributaria trasladados a Suiza por el juez Ruz consideran que esa acusación “carece de base jurídica”.
“La actuación judicial francesa que obtiene en un registro en Francia determinada documentación bancaria que delataría la comisión de una serie de presuntos delitos fiscales”, mantiene el escrito, “su posterior entrega por los órganos judiciales a la autoridad fiscal francesa y la puesta a disposición por esta a la Administración española serían correctas con arreglo a nuestro ordenamiento y jurisprudencia”.
Si Falciani “tenía acceso libre a los datos [del HSBC] sin barreras que se lo impidiesen” y las autoridades francesas “hallaron lícitamente tal información en su poder y la transmitieron a las españolas, no habría objeción que hacer por las autoridades suizas frente a las españolas, sin perjuicio de las actuaciones internas que el Estado suizo y sus empresas ejerzan en su país” contra el exempleado del banco concluye la petición de Ruz a Suiza.
La información obtenida por Falciani mientras trabajó para el HSBC de Ginebra se compone de datos personales (nombre, apellidos, edad, profesión, nacionalidad, dirección, teléfono, relaciones familiares...) de unos 130.000 clientes de esa entidad, muchos de los cuales podrían ser acusados de fraude fiscal. También incluye “saldos de cuentas, apuntes bancarios y notas e informes de visitas que describen parte importante, si no la casi totalidad, de las actividades económicas que el HSBC de Ginebra ha mantenido con sus clientes durante al menos los 10 últimos años”, relata la solicitud de extradición enviada por Suiza a la Audiencia Nacional. Berna sostiene que, antes de colaborar con Francia, el informático trató de vender esos datos en Líbano valiéndose de una identidad falsa, aunque admite que solo tiene “sospechas” de ello.
En septiembre de 2011, Hacienda aseguró que gracias a la lista Falciani, se había conseguido realizar “la mayor regularización de la historia del fisco”, con al menos 659 defraudadores descubiertos.
Entre ellos, González Panero y su esposa.
. El descubrimiento de los 22 millones de euros que el extesorero y exsenador del PP Luis Bárcenas acumuló en ese país no hubiera sido posible sin la respuesta a la petición de información enviada a Berna por los sucesivos instructores de esa investigación
. Pero la cooperación del Gobierno helvético respecto a otros imputados en la mayor trama de corrupción que afecta al PP y que ahora investiga el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz no ha sido siempre atendida debidamente.
En octubre de 2011, Suiza se negó a facilitar información al anterior instructor de la causa en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, respecto al exalcalde de Boadilla, Arturo González Panero (PP), El Albondiguilla, que, según la investigación, habría defraudado a Hacienda 361.825 euros gracias a una cuenta abierta por su esposa en la sucursal del HSBC en Ginebra. ¿La razón? Suiza acusó a España de haber obtenido esa información de manera ilícita a través de la lista elaborada por Francia con los datos facilitados por el exempleado de ese banco Hervé Falciani, detenido en Barcelona el pasado 1 de julio y cuya extradición a ese país debe decidir la Audiencia Nacional en los próximos meses. Berna considera que Falciani robó esos datos al HSBC.
El juez Ruz, sin embargo, defiende la validez de los datos facilitados por Falciani, reclamado por Suiza por revelación de secretos y vulneración del secreto bancario, un delito este último que no existe en España.
El magistrado español ha enviado al Gobierno de ese país una ampliación de la comisión rogatoria mandada por Pedreira en la que recuerda que las pruebas contra González Panero obtenidas gracias a la lista Falciani e incorporadas al sumario del caso Gürtel no tienen origen ilícito.
Los argumentos contenidos en el escrito de Ruz recogen, además, la posición del Gobierno y de la Fiscalía Anticorrupción sobre la actuación del informático francoitaliano, puesto en libertad en diciembre por la Audiencia Nacional, y destilan la oposición de ambos organismos a que sea entregado a ese país.
En su escrito, Ruz incluye la información facilitada por la Agencia Tributaria que, en un informe enviado al juzgado el pasado junio, aseguró que esa lista de presuntos evasores se obtuvo a través de Francia en virtud del tratado con ese país para evitar la doble imposición y prevenir la evasión y el fraude fiscal.
Y que fue Hacienda, a través de su director de Inspección Financiera y Tributaria el que solicitó la lista a París el 12 de febrero de 2010. Tres meses largos después, el 24 de mayo, ese mismo cargo recibió la lista Falciani en su despacho en formato CD-ROM. “Por tanto, la información que maneja la Agencia Tributaria española ha sido lícitamente obtenida por la misma, al haber sido suministrada por otra Administración tributaria extranjera (en concreto por la Administración francesa), con arreglo a un Convenio Internacional”, concluye Hacienda.
En cuanto al “robo” de la lista de supuestos defraudadores fiscales —Falciani descargó esos datos mientras trabajó como informático en la sede del HSBC de Ginebra entre 2006 y 2009— del que Suiza acusa al francoitaliano, la Agencia Tributaria recuerda que la justicia francesa (el Tribunal de Apelación de París) concluyó que las autoridades fiscales francesas obtuvieron autorización judicial para la entrada en el domicilio de Falciani en Castellar, en las cercanías de Niza, y que fue en ese registro en el que se obtuvo esa información, nada menos que las identidades y los balances de las cuentas de 130.000 presuntos evasores.
Hacienda y el juez Ruz citan como precedente el caso de los tenedores de cuentas en Liechtenstein, cuyas identidades se conocieron gracias a que el Gobierno alemán compró un DVD a un exempleado del banco LGT, propiedad de la Casa Real del principado centroeuropeo.
Alemania envió esa información a España y, gracias a ella, Hacienda, la Fiscalía Anticorrupción y el juez Santiago Pedraz investigaron a unos 200 presuntos evasores, entre ellos el padre del presidente catalán Artur Mas (que tuvo que regularizar una deuda fiscal de 823.262 euros) o el cantante Alejandro Sanz, entre otros.
Los presuntos defraudadores, a los que se imputaba un delito fiscal, aseguraron que la información que se utilizó contra ellos se había obtenido ilícitamente y vulneraba su derecho a la intimidad, pero la sección cuarta de la Audiencia Nacional dio la razón a Anticorrupción y concluyó que ese argumento “no era más que un asidero para presentar el secreto bancario como una barrera infranqueable para la investigación judicial, absolutamente ineficaz como cobertura jurídica para la comisión de un delito”
. El documento recuerda, además, que el secreto bancario fue derogado en España en 1977.
Pero además, Hacienda llega a afirmar, basándose en un escrito de Anticorrupción del caso Liechtenstein, que ni el delator que vendió el DVD a Alemania en esa causa, ni Falciani en el caso del HSBC habrían cometido un delito de revelación de secretos al sacar de sus bancos toda esa información
. El empleado del LGT en Vaduz, mantuvo la fiscalía en 2008, “tenía acceso libre cada día, sin necesidad de quebrantar barrera alguna” a la información que transmitió al Gobierno de Berlín.
“Él mismo la puso voluntariamente en conocimiento de las autoridades encargadas de la persecución de ese tipo de delitos sin haber sufrido inducción ni provocación de las mismas”.
“Que la entidad financiera tilde al denunciante de ‘empleado infiel’ por haber quebrantado un deber de reserva (que tenía entre otras finalidades la de garantizar a sus clientes la opacidad de sus inversiones y el encubrimiento de sus delitos) no supone en ningún caso delito de descubrimiento y revelación de secretos”, prosigue el escrito de Ruz, citando a Anticorrupción.
El documento recuerda que, según el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, “los que por razón de sus cargos, profesiones u oficios tuvieran noticia de algún delito público, estarán obligados a denunciarlo inmediatamente”.
Así, Falciani, como el empleado del banco LGT delator de las cuentas de evasores en Liechtenstein, cumplió con su deber, lo que le eximiría del delito de descubrimiento y revelación de secretos, ya que “el secreto penalmente protegido no puede en absoluto amparar la presunta comisión de un delito”.
La negativa de Berna a facilitar información a la Audiencia Nacional sobre las cuentas en el HSBC del exalcalde González Panero y su esposa acusaba a España, además, de “faltar a la buena fe” al recurrir a la lista Falciani. Sin embargo, los argumentos de la Agencia Tributaria trasladados a Suiza por el juez Ruz consideran que esa acusación “carece de base jurídica”.
“La actuación judicial francesa que obtiene en un registro en Francia determinada documentación bancaria que delataría la comisión de una serie de presuntos delitos fiscales”, mantiene el escrito, “su posterior entrega por los órganos judiciales a la autoridad fiscal francesa y la puesta a disposición por esta a la Administración española serían correctas con arreglo a nuestro ordenamiento y jurisprudencia”.
Si Falciani “tenía acceso libre a los datos [del HSBC] sin barreras que se lo impidiesen” y las autoridades francesas “hallaron lícitamente tal información en su poder y la transmitieron a las españolas, no habría objeción que hacer por las autoridades suizas frente a las españolas, sin perjuicio de las actuaciones internas que el Estado suizo y sus empresas ejerzan en su país” contra el exempleado del banco concluye la petición de Ruz a Suiza.
La información obtenida por Falciani mientras trabajó para el HSBC de Ginebra se compone de datos personales (nombre, apellidos, edad, profesión, nacionalidad, dirección, teléfono, relaciones familiares...) de unos 130.000 clientes de esa entidad, muchos de los cuales podrían ser acusados de fraude fiscal. También incluye “saldos de cuentas, apuntes bancarios y notas e informes de visitas que describen parte importante, si no la casi totalidad, de las actividades económicas que el HSBC de Ginebra ha mantenido con sus clientes durante al menos los 10 últimos años”, relata la solicitud de extradición enviada por Suiza a la Audiencia Nacional. Berna sostiene que, antes de colaborar con Francia, el informático trató de vender esos datos en Líbano valiéndose de una identidad falsa, aunque admite que solo tiene “sospechas” de ello.
En septiembre de 2011, Hacienda aseguró que gracias a la lista Falciani, se había conseguido realizar “la mayor regularización de la historia del fisco”, con al menos 659 defraudadores descubiertos.
Entre ellos, González Panero y su esposa.
